Por la Conciencia
Roger Heli Díaz Guillén.
El pasado 10 de abril de 2024 se homenajeó al General Emiliano Zapata Salazar en el 105 aniversario de su asesinato, congregándose en Chinameca Morelos más de 10 mil hombres y mujeres del campo mexicano para suscribir ACUERDO NACIONAL PARA UNA REPÚBLICA RURAL JUSTA Y SOBERANA, militantes de 30 organizaciones campesinas, indígenas y afro mexicanas, quienes firmaron el Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana donde destacó la presencia de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades que es una expresión organizativa plural que parte del empoderamiento de los pueblos campesinos, indígenas y afro mexicanos organizados en más de treinta y dos mil ejidos y comunidades en el territorio nacional. El evento representó la necesidad de la convergencia de intereses de todos los actores del mundo rural agrario del territorio nacional, refrendando la continuidad de la transformación iniciada en el 2018 como un segundo piso para el rescate del campo y la soberanía alimentaria.
Destacaron las organizaciones ante la presencia de Claudia Sheinbaum Pardo que acudió para recibir los planteamientos y firmar el acuerdo nacional que tiene como objeto una república rural mexicana justa y soberana; que el “acto simboliza un compromiso para continuar honrando su legado (Emiliano Zapata) y sus principios en favor de los derechos de las y los campesinos y de los pueblos indígenas y afro mexicanos de nuestro país. El convenio citado contiene once puntos de acuerdo de los que sobre cinco destacaremos su contexto y trascendencia en la vida pública, iniciando con lo expuesto en la cláusula o punto de acuerdo tercero referente a la soberanía alimentaria basada en el impulso productivo de los millones de hectáreas de la propiedad social, destacando textualmente lo siguiente.
TERCERO. “Reconocemos que la Soberanía Alimentaria de la Nación ha sido y seguirá siendo el eje rector de la política para el campo. Para ello es necesario impulsar la producción nacional para avanzar a mayores niveles de autosuficiencia en los principales alimentos de la población, empleando tecnologías que aseguren la salud y la nutrición. Respaldamos con fuerza y convicción el compromiso de que México seguirá siendo autosuficiente en maíz blanco y que se mantendrá la prohibición de siembra de maíz transgénico en el territorio nacional”.
Este punto de acuerdo es el tema medular del campo mexicano a partir del ordenamiento de la tierra ejidal y comunal en México que llevó 30 años, existiendo hoy condiciones de certeza y seguridad jurídica de los sujetos de derecho agrario (ejido, comunidad, ejidatario, comunero, avecindado, posesionario, sucesor de ejidatario o comunero) indígenas para atender la parte productiva de la tierra; sin descartar o dejar de reconocer que todavía existen conflictos en el medio rural relacionados por la tierra que viven grupos campesinos e indígenas, tal es el hecho que la SEDATU mantiene el programa conocido como COSOMER para atender estos temas.
Reactivar la producción en el campo es una alternativa y necesidad expresada por las organizaciones que ven en la recientemente promulgada Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible una esperanza para atender y fortalecer el “sistema agroalimentario y nutricional del país, avanzando en garantizar el derecho humano a la alimentación”, considerándose en el nuevo gobierno un Sistema Intersecretarial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad” que la ley antes citada considera, como se precisa en el undécimo punto del acuerdo que ocupa; siendo relevante destacar que este sistema intersecretarial deberá partir de los derechos colectivos individuales y colectivos en materia agraria y derechos indígenas, formulándose para tal efecto el punto de acuerdo cuarto que las organizaciones respaldan las iniciativas de reforma presentadas el pasado cinco de febrero de 2024 al Congreso de la Unión relacionadas con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas; prohibición de siembra de maíz transgénico, e impulso a la agroecología.
El impulso a programas de bienestar social al campo es un acuerdo, el quinto, donde la candidata con mayor posibilidad de triunfar para ser la primera mujer presidenta de México se comprometió a que “Se continuarán los Programas del Bienestar referidos al campo (Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes para el Bienestar y Bienpesca), con los perfeccionamientos que permitan profundizar sus efectos transformadores de la vida rural, de la producción campesina, de transición agroecológica y de erradicación de la extrema pobreza”. Siendo sustantivo destacar la apertura política para aceptar trabajar en los “ perfeccionamientos” del andamiaje estructural y normativo, así como en los alcances de estos programas y creación de alternativos, observando de forma continua los “efectos transformadores de la vida rural” que impactan en la producción y racional explotación de tierras y recursos, identificando la necesidad de recuperar y/o mejorar la relación productiva con la tierra a través de la agroecología, fortaleciendo la capacidad operativa de atención institucional y mejora de programas por el bienestar social.
Concluimos destacando el contenido del punto décimo del acuerdo nacional que ocupa, que acta el compromiso del “fortalecimiento de la propiedad social, que cubre la mitad del territorio nacional. Para ello, se van a modernizar– y fortalecer- las instituciones y dependencias del sector agrario (Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal); promoveremos la solución justa e integral a los conflictos agrarios añejos y recientes para asegurar la paz y la gobernabilidad en el campo; pondremos fin al rezago agrario mediante la acción coordinada de las instituciones del sector y las representaciones de los núcleos agrarios; delimitaremos los territorios donde se localizan recursos naturales, arqueológicos e históricos, así como las áreas naturales protegidas y tierras de alto rendimiento agropecuario, y; respaldaremos con las políticas públicas ya mencionadas a ejidos y comunidades como actores del desarrollo económico, social, ambiental y cultural”
Este acuerdo es el parteaguas del agrarismo mexicano porque identifica la urgente modernización institucional agraria cuya función este dirigida al desarrollo agrario integral, inclusivo y sostenible basado en la soberanía alimentaria a partir de la atención integral del campo, tierra y territorios; los derechos individuales y colectivos; controversias por la tierra y rezago agrario; la organización y la gestión. Atiende el ordenamiento, norma comunitaria e incorpora los patrimonios cultural y natural al desarrollo, destacándose como acuerdo histórico el compromiso que en las políticas públicas vinculadas al campo se reconocerá a los ejidos y comunidades, pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas como actores y sujetos de derecho público del desarrollo económico, social, ambiental y cultural; que significa transitar de la vida de participación como ciudadanos a una intervención social comunitaria en la vida pública de México.
