Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
Chiapas enfrenta uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. El estado se ha convertido en un campo de batalla donde los cárteles del narcotráfico disputan cada centímetro del territorio para controlar el trasiego de drogas, el tráfico de personas, el narcomenudeo y la extorsión. En este contexto, la llegada de Eduardo Ramírez Aguilar como gobernador, en sustitución de Rutilio Escandón, representa una nueva esperanza para los chiapanecos.
Durante su toma de protesta, Ramírez Aguilar hizo un llamado a la paz y la tranquilidad, objetivos que son, por sí solos, urgentes de alcanzar en el corto plazo. Como parte de su plan, el mandatario estatal dio un plazo de 100 días al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Aparicio Avendaño, y al Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para presentar resultados concretos. En caso contrario, ambos funcionarios serán removidos de sus cargos, dejando claro que están bajo constante evaluación.
La estrategia de seguridad del nuevo gobernador, denominada Pakal, será implementada en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Omar García Harfuch, así como con las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y la Guardia Nacional. Este enfoque integral busca recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos, quienes merecen vivir en paz.
Ramírez Aguilar también ha subrayado la importancia de combatir la corrupción en las corporaciones policiacas y judiciales, así como fortalecer los programas sociales y educativos para atacar las raíces de la violencia. La seguridad de Chiapas, como él lo expresó, no es negociable, y su mensaje deja claro que no habrá espacio para la impunidad ni para la inacción.
Chiapas merece un futuro distinto, y el éxito de esta nueva administración dependerá no solo de la efectividad de sus estrategias, sino también del respaldo y la confianza de su gente.
México ¿país de tránsito a productor de fentanilo? En varias ocasiones, el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México no se producía fentanilo, sino que únicamente se troquelaban ilegalmente pastillas con insumos provenientes de Asia. Incluso llegó a sostener que México no era el principal país que introducía esta droga a Estados Unidos, señalando que, a través de rutas más directas, llegaba a Canadá y al propio EU. Sin embargo, durante el penúltimo año de su administración, tras el control de las aduanas por parte del Ejército mexicano, se han decomisado varios cargamentos de fentanilo.
Hoy, la realidad contradice de manera contundente a López Obrador. México sí produce fentanilo, y las evidencias son claras: el mayor decomiso registrado en el país fue realizado por las Fuerzas Armadas en Sinaloa. En esa operación del Ejército, la Marina y GN, se incautaron más de 1,600 kilogramos de la droga, equivalentes a más de 20 millones de dosis que habrían inundado el mercado estadounidense. Este decomiso, valuado en aproximadamente 8 mil millones de pesos, representa un duro golpe financiero para el cártel responsable de su producción.
El impacto de esta operación también marca un cambio significativo en la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien parece distanciarse de la política de “abrazos, no balazos”. En su lugar, la nueva administración busca implementar una estrategia basada en inteligencia y acciones precisas contra el crimen organizado. Este decomiso histórico pone de relieve la existencia de grandes laboratorios de fentanilo en el país, como lo señala un reportaje del New York Times, que revela también que los cárteles reclutan a estudiantes de química de diversas universidades para “cocinar” fentanilo y así reducir la dependencia de insumos importados desde China.
Si esta información es precisa, resulta alarmante por las implicaciones que conlleva: no solo los cárteles estarían captando jóvenes con conocimientos especializados en química, sino también en otras áreas clave para sus operaciones. En este contexto, Claudia Sheinbaum cuestionó la veracidad del reportaje, comparando las afirmaciones con la trama de la serie de televisión Breaking Bad.
Sin embargo, la magnitud de este decomiso abre una interrogante ¿Existía información que el gobierno de López Obrador no reveló? En todo caso, el cambio de la narrativa sobre el fentanilo podría estar influida por las presiones de Donald Trump y sus amenazas de imponer altos aranceles, de excluir a México del T-MEC e incluso intervenir militarmente en el país para desarticular a los cárteles. La evidencia acumulada apunta a una evolución preocupante: México ha pasado de ser un territorio de tránsito a un centro de producción de fentanilo a gran escala.
Pero estas presiones no solo han afectado a México. Canadá también tomó medidas, desmantelando el laboratorio de fentanilo más grande registrado en Norteamérica. Esto refuerza la idea de que el combate al narcotráfico requiere de una acción coordinada entre los países de la región.
Sinaloa es un estado fallido, sin embargo, el gobernador Rocha Moya se niega a aceptarlo y su renuncia está muy lejana por el respaldo de la 4T. En tres meses hay ya más de 500 homicidios dolosos y el número crece junto con acciones propias del narcoterrorismo, como los coches bomba y los drones con explosivos, que son una cruda realidad.
En medio de esta crisis, la presencia de Omar García Harfuch, titular de la SSC, ha sido anunciada como una permanencia indefinida. ¿Era necesario que Rocha Moya lo dijera públicamente? ¿O a quién va dirigida esa información? Este tipo de declaraciones comprometen las acciones operativas de las fuerzas de seguridad. Los secretarios de la Defensa, Gral. Ricardo Trevilla, de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales y la GN, trabajan coordinadamente con García Harfuch, y tienen la instrucción presidencial de no abandonar Sinaloa hasta que disminuya la violencia, sin embargo, en un estado donde el crimen organizado desafía abiertamente a las instituciones, cualquier imprudencia o mensaje es altamente peligroso para todos.
De Imaginaria. El Ejército mexicano redobló esfuerzos para interceptar las armas provenientes de EU. Cuatro de cada 10 ingresan por Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.
