Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
El hackeo al Ejército Mexicano por el autodenominado grupo Guacamaya, obliga inevitablemente al gobierno de Andrés Manuel, a repensar el presupuesto del próximo año para reforzar la protección de información sensible que guardan no solo las Fuerzas Armadas, sino todas las instituciones del país y a tomar en serio la implementación de una estrategia nacional de ciberseguridad.
Para nadie es desconocido que México es uno de los países más atacados por los ciberdelincuentes, no solo en toda Latinoamérica, sino a nivel mundial, tan solo, al mes de agosto se tenían registrados más de 97 mil millones de intentos, la tercera parte de los que se efectuaron en todo 2021, cuando se detectaron 156 mil millones de casos.
Actualmente, el robo de información gubernamental y la extorsión por el rescate de la misma, es uno de los delitos que deja enormes ganancias. Se calcula que, a nivel mundial, los delincuentes obtendrían a finales del 2022, la estratosférica cantidad de más de seis trillones de dólares y para el 2025 alcanzaría los 15 trillones de dólares.
La ciberseguridad no es privativa de México, se trata de un problema mundial. Varios gobiernos han sido vulnerados, incluido el más poderoso, Estados Unidos. Hay que recordar el caso de Julián Assange, que a través de WikiLeaks vulneró la información secreta estadounidense y filtró alrededor de 750 mil documentos y vídeos que pusieron en jaque a la administración Obama, la mayor parte relacionados con las guerras de Afganistán e Irak.
Otro fue el caso del hackeo a la cuenta de Hillary Clinton, durante la campaña presidencial en 2016. El ataque informático afectó un programa de análisis de datos del Comité Nacional del Partido Demócrata poniendo en evidencia miles de correos y chats confidenciales que afectaron seriamente las aspiraciones de la candidata demócrata y a su partido, lo que benefició Trump.
Hoy México enfrenta un problema serio, nuestro Ejército fue atacado por un grupo internacional y como mexicanos tenemos la obligación de defenderlo y apoyarlo decididamente, porque si bien éste ya trabaja para reforzar sus sistemas de seguridad, con mecanismos de alta tecnología, los ciberdelincuentes van siempre un paso adelante y logran acceder con rutas más complejas y sofisticadas y lo que está en juego es nuestra seguridad nacional.
No sabemos con certeza la repercusión que tendrá en un futuro inmediato la revelación de más de 4 millones de archivos robados. Minimizar este problema puede ser catastrófico para todos, de ahí que se hace necesario diseñar también una estrategia integral que atienda de manera precisa y preventiva estos ataques.
La Sedena realiza trabajos de inteligencia en contra del crimen organizado, lo cual está legalmente permitido por la ley y por sus reglamentos. Es de tontos pensar que, a diferencia de otros Ejércitos en el mundo, el nuestro desatienda las áreas de seguridad nacional, no contar con estos servicios sería un suicidio.
El Senado autorizó la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028. Era por demás ilógico pensar que en dos años podría dejar toda la responsabilidad a la GN, sobre todo, cuando están inutilizadas las policías estatales y municipales.
Información hackeada resalta que el Ejército rechazó medicamentos genéricos del Insabi, si lo hizo fue porque no reunían la calidad mínima y determinó que primero está la salud de sus derechohabientes.
La nueva masacre en Totolapa, Gro. y el asesinato de la diputada local de Morelos, Gabriela Marín, obliga a preguntar ¿Habrá algún cambio en la estrategia contra la delincuencia organizada o seguirán los abrazos?
De imaginaria: En Jiquipilas, Chiapas, la población vivió horas de terror. Grupos armados se enfrentaron de manera ininterrumpida, con armas de grueso calibre, por más de 16 horas. El Ejército Mexicano y el gobierno del estado ya tomaron cartas en el asunto.
Siempre dijimos en este espacio que Chiapas era asediado por varios cárteles del narcotráfico, ahora se confirma. Un reporte del Ejército Mexicano, rebelado por el Grupo Guacamaya, detalla que en todo el territorio chiapaneco existen al menos seis rutas para el tráfico de drogas, principalmente cocaína, la cual es introducida desde Guatemala mediante el tráfico hormiga.
