Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
El pasado 22 de noviembre se implementó la Operación Enjambre en el Estado de México, la cual contó con el apoyo del gobierno de Claudia Sheinbaum a través del gabinete de seguridad. Los resultados ya han sido altamente difundidos y no sería nada extraño que dicho operativo tienda a ser la nueva cara de una estrategia de seguridad que busque marcar distancia con el fallido “abrazos, no balazos”, de López Obrador, que no solo resultó ser ineficaz, sino que dejó un saldo de más de 200 mil muertes dolosas y miles de desaparecidos, una herida abierta en el tejido social del país.
La Operación Enjambre, aplicada inicialmente en varios municipios del Edoméx, ha generado expectativas contradictorias. Por un lado, sugiere que el gobierno está dispuesto a imponer la fuerza del Estado con inteligencia para desarticular las redes criminales, comenzando por desmantelar las protecciones policiales de autoridades municipales. Sin embargo, los resultados del operativo también exponen la gravedad de la infiltración del crimen organizado. De las 14 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios municipales, solo se logró detener a siete; seis lograron huir tras recibir alertas, y uno más, el director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, optó por quitarse la vida al ser notificado de su inminente captura.
El despliegue de la operación incluyó a 1,500 elementos de la Defensa Nacional, la Marina, la GN, la SS del Edoméx y la FGR, con trabajos de inteligencia coordinados. Este esfuerzo representa un primer paso en el intento de desarticular las complejas redes de complicidad entre autoridades y delincuencia organizada. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora, aunque alentadores, no son suficientes para echar las campanas al vuelo. La corrupción y la colusión van más allá de los gobiernos municipales: abarcan a funcionarios estatales, gobernadores y legisladores, como se ha denunciado repetidamente.
Ejemplos sobran: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido señalado por el propio Ismael “Mayo” Zambada, y varios diputados y senadores han sido vinculados con financiamiento ilícito proveniente del narcotráfico.
Si bien Enjambre promete ser un punto de partida, su éxito dependerá de la voluntad de perseguir no solo a los “charales”, sino también a los “peces gordos”.
En este contexto, Omar García Harfuch parece contar con el respaldo incondicional no solo de la presidenta, sino de actores clave como el secretario de la Defensa y los titulares de Marina, GN, CNI y la FGR. Este apoyo es fundamental para enfrentar la violencia desatada por los cárteles y avanzar hacia una pacificación real del país. No obstante, el gobierno de Sheinbaum también enfrenta la presión externa, particularmente de Donald Trump, quien ha amenazado con medidas unilaterales extremas para contener el flujo de ilegales y combatir a los cárteles mexicanos.
La posibilidad de una “invasión suave”, es decir, el despliegue encubierto de fuerzas especiales de EU para eliminar a los cabecillas del narcotráfico, si bien estará siempre latente, puede ser altamente improbable, como ha enfatizado Marcelo Ebrard, porque aceptar tal acción, sería una violación a la soberanía nacional y una línea que Sheinbaum no está dispuesta a cruzar.
La crisis del narcotráfico, que ha cobrado cientos de miles de vidas en México y EU, obliga a ambos países a buscar soluciones coordinadas, pero no con amenazas de invasión ni del cierre de las fronteras. AMLO y Ebrard lo hicieron con miles de soldados, y el costo para su gobierno fue enorme, Sheinbaum debe ser más inteligente.
Si la Operación Enjambre aspira a ser algo más que un despliegue mediático, deberá demostrar resultados contundentes, no para satisfacer a EU sino a los mexicanos. Hay estados como Tabasco, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán, donde no bajan los índices de violencia, las masacres ni la corrupción. La legitimidad de esta nueva estrategia dependerá de otras acciones para golpear a los cárteles: en sus finanzas y alianzas políticas.
De Imaginaria. El Gral. Ricardo Trevilla, dijo que no existe ningún riesgo ni amenaza en contra de la seguridad de AMLO y que la designación de personal militar es para todos los expresidentes. También aclaró que el cuartel, cercano al rancho del exmandatario, ya estaba ahí y lleva muchos años.
