Alto Mando

Miguel Ángel Godínez García

El 112 aniversario del Ejército mexicano fue el escenario perfecto para que la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmara su compromiso con la defensa de la soberanía, un mensaje que adquiere, sin duda, especial relevancia ante las crecientes tensiones con Estados Unidos.

Sin embargo, mientras resaltaba el papel del Ejército, la FAM y la GN como pilares del Estado y garantes de la soberanía, en Washington, Donald Trump daba otro paso provocador: designar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Entre ellos, el de Sinaloa, el del Golfo, el CJNG y la Nueva Familia Michoacana.

Esta decisión, de acuerdo con la Ley Patriota de 2001, obliga a la administración de Trump a abrir investigaciones formales contra quienes, en ambos lados de la frontera, faciliten actividades delictivas vinculadas al terrorismo y en este entramado, no solo los cárteles mexicanos estarían bajo la lupa: también las armerías, los bancos y hasta las remesas en EU, cuyo flujo sin control ha sido aprovechado para el lavado de dinero.

La gran pregunta es: ¿Donald Trump realmente actuará contra quienes lo ayudaron a llegar a la presidencia? Porque si las armerías son declaradas cómplices de los cárteles, el hecho de que los bancos estadounidenses resultaran implicados, las consecuencias serían aún más devastadoras, sobre todo para Wall Street.

Ante esa decisión, el gobierno de Sheinbaum ha mostrado capacidad de respuesta. En un operativo histórico, el 18 y 19 de febrero, las FA desmantelaron 20 narcolaboratorios en Sinaloa, asegurando 5,000 litros de metanfetamina líquida con valor de mil 400 millones de pesos. Es un gran golpe, pero plantea interrogantes: ¿Estuvo relacionado con los sobrevuelos de drones y aviones espías de EU? La presidenta insiste en que estas actividades forman parte de una estrategia de colaboración bilateral, no de intervención.

No obstante, la realidad apunta a una creciente presión de EU. La CIA ha intensificado los vuelos secretos de drones sobre territorio mexicano, buscando laboratorios de fentanilo, según informes de CNN y The New York Times. Este programa encubierto, iniciado en la era Biden, pero acelerado por Trump, sugiere que EU está haciendo lo que el gobierno de AMLO evitó durante seis años: confrontar abiertamente al narcotráfico, ¿pero a costa de ceder soberanía?

Un poco de luz sería la videollamada entre el general Gregory M. Guillot, del Comando Norte, y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, quienes sellaron una declaración conjunta de entendimiento que contempla patrullajes coordinados y un intercambio inmediato de información, así como la promesa de respetar la soberanía de cada nación.

Sin embargo, dicha cooperación y entendimiento podrían verse opacados por intereses multimillonarios. Elon Musk, cercano a Trump, ha sugerido abiertamente el uso de drones desarrollados con alta tecnología; atacar con ellos a los cárteles mexicanos es un argumento perfecto del magnate para probar su industria de defensa y vigilancia para luego venderla.

México está en un momento crítico: o asume sus propias decisiones en la lucha contra el narcotráfico o se arriesga a convertirse en el campo de pruebas de una estrategia de seguridad decidida desde Washington. Sheinbaum tiene el reto de mantener la soberanía, pero no solo en el discurso, no puede permitir que el país siga siendo el patio trasero de EU, ahora, en el marco de un nuevo tablero geopolítico de Donald Trump.

Iván Archivaldo Guzmán, hijo de El Chapo, buscado en México y EU por tráfico de fentanilo, escapó por un túnel en Tierra Blanca, mientras militares capturaron a su círculo cercano: José Ángel Canobbio (El Güerito), Kevin Alonso Gil (El 200). De haber sido detenido, habría sido un logro para el gobierno de Sheinbaum y para Omar García Harfuch, en su gira por EU para reuniones de seguridad. Lo importante ahora es que esto no se perciba como otro «culiacanazo», cuando Ovidio Guzmán fue liberado por órdenes de López Obrador, como él mismo admitió poco después.

De Imaginaria: La Cámara de Diputados reformó la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para otorgarle ascensos a los médicos especialistas militares, sin duda una justa medida para evitar que abandonen las FA.

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