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Alto Mando

Miguel Ángel Godínez García

Pese al sinsabor que dejó al Ejército Mexicano el informe de la Comisión del Caso Ayotzinapa, en el que, sin presentar pruebas, responsabiliza al 27 batallón de Infantería de participar y ser omiso en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas, en su IV Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador da vuelta a la hoja y lo ve como una institución sólida, de principios, leal a la nación, confiable y eficaz.

En el Informe presidencial que entregó al Congreso de la Unión, se hace evidente que el Ejército Mexicano es una pieza muy importante en su proyecto de transformación del país y tiene depositada toda su confianza.

No son casualidades las nuevas y diversas tareas que el mandatario le ha conferido al Ejército Mexicano, las cuales, si bien constitucionalmente no están establecidas, tampoco caen en la ilegalidad.

El presidente ha dicho una y mil veces que el pueblo manda y que confía en él, y ha mencionado también que el soldado es pueblo con uniforme, de ahí que, más allá de funciones como la salvaguarda de la seguridad interior y exterior que sí está establecido en la Carta Magna, ha convertido al Ejército Mexicano en su brazo derecho y lo ha fortalecido.

Hoy, las atribuciones del Ejército no tienen precedentes, lo mismo efectúa tareas de apoyo a la población civil en casos de desastre, a través del Plan DN-III-E, que combatir al narcotráfico; apoya en tareas de seguridad pública y su presencia está en prácticamente todos los estados del país.

De igual forma tiene bajo su responsabilidad, junto con la Marina, vigilar los 117 puertos y 49 aduanas, las que, por cierto, tendrán una inversión superior a los 80 mil millones de pesos para ejecutarse en 2022 y 2023, además de emplearse en la construcción de megaobras, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, las miles de sucursales del Banco del Bienestar y por si no bastara, controla la distribución y aplicación de vacunas.

En pocas palabras, el Ejército Mexicano soporta gran parte de la estrategia del presidente y en éste descansa la esperanza de que sus obras trasciendan más allá de su sexenio.

Hoy se discutirá en la Cámara de Diputados la iniciativa del presidente, que busca incorporar la Guardia Nacional al Ejército. La aprobación está garantizada por la mayoría de legisladores oficialistas, sin embargo, será la Suprema Corte la que tenga la última palabra porque es un hecho, también, que la oposición presentará una controversia constitucional. El presidente justificó que su único afán es dé que, se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo, para que no se corrompa como sucedió con la antigua policía federal. “El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo sino cuidar con la vigilancia de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”.

Como que queda el reclamo de la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Ícela Rodríguez a EU en la ONU, donde dijo que aun cuando México no fábrica armas, ni consume drogas sintéticas, sí pone los muertos. Habría que recordarle a la funcionaria que tampoco la dependencia que encabeza ha hecho gran cosa para evitar esos muertos.

En este espacio dije que sería interesante hacer una encuesta para conocer qué porcentaje de la población apoya una mayor presencia del Ejército en las calles y si estaba de acuerdo con que la Guardia Nacional fuera administrada por éste. Una encuesta especializada arrojó que el 80 por ciento de los mexicanos respalda, en mayor y menor grado, que aumente la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

 De Imaginaria.

El presidente López Obrador irá a Zacatecas el próximo 9 de septiembre, lo que puso en alerta a las Fuerzas Armadas, pues no cesan los enfrentamientos ni los bloqueos carreteros en esa entidad que ya es considerada un campo de guerra de los grupos criminales.

Un acierto de la Fiscal Ernestina Godoy haber nombrado a Laura Borbolla, subprocuradora de procesos, una especialista en Derechos Humanos, seguridad, justica y Derecho penal.

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