Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
Lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, es un reflejo brutal de la barbarie que impera en México. El colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” halló crematorios clandestinos y evidencia de que el lugar funcionó como un campo de exterminio y entrenamiento criminal. La masacre de Teuchitlán es el testimonio de la impunidad que ha permitido que los cárteles se conviertan en monstruos desalmados, en bestias sanguinarias que han traspasado todas las fronteras de lo humano.
No, no son terroristas. Son organizaciones criminales plagadas de demonios sin entrañas. Matan por placer, destazan a sus víctimas vivas y hasta se comen sus corazones. Y en este infierno de violencia y descomposición, el Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las más cruentas expresiones de esa brutalidad.
Y si algo faltaba para completar las escenas sacadas de un cuento de terror, está el actuar de las autoridades. No sólo han sido cómplices, sino cobardes. La evidencia apunta a que tanto el gobierno de Jalisco, encabezado entonces por Enrique Alfaro, como el gobierno federal, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, tenían pleno conocimiento de lo que ocurría en esa finca y decidieron callar. Prefirieron evitar un escándalo mediático que afectara sus imágenes públicas antes que enfrentar las atrocidades de los grupos criminales.
Desde agosto de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional alertó a ambos gobiernos sobre lo que estaba pasando en Teuchitlán. Elementos de la Guardia Nacional reportaron a la Defensa, la localización del rancho, que se presumía, era un centro de adiestramiento, también una presunta fosa clandestina con restos humanos y prendas pertenecientes a las víctimas. La información fue entregada a inteligencia militar de la Sedena. En esa ocasión se detuvo a diez presuntos plagiarios y se rescataron a dos personas secuestradas. Sin embargo, la orden del comandante supremo fue: no hacer nada. Semanas después del operativo, las redes sociales comenzaron a denunciar que el sitio era mucho peor de lo que había encontrado la GN: restos humanos, hornos y rastros inequívocos de un centro de exterminio.
Ahí, en ese rancho, los criminales presuntamente al CJNG se deshacían de sus víctimas, de hombres y mujeres secuestrados, de reclutas y migrantes que se negaban a un entrenamiento criminal.
Ante el horror, la Fiscalía General de la República guardó silencio por varios años. Hoy, Alejandro Gertz Manero aceptó que lo del rancho Izaguirre es “un tema francamente conocido” y ha prometido atraer el expediente, pero no porque reconozca que es parte de su obligación, sino por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La duda que surge es si se va a simular la investigación para parar un escándalo que ya trascendió nuestras fronteras o se va a seguir protegiendo a quienes permitieron que este infierno floreciera en México. La realidad es que las víctimas y sus familias seguirán esperando justicia, mientras la impunidad sigue devorándolo todo.
Las imágenes satelitales de Google Earth confirmaron que este crematorio clandestino operaba desde al menos 2012 o 2013, por lo que habría más gobiernos y funcionarios implicados.
Lo peor es que este no es un caso aislado. En agosto de 2010, fueron encontrados los cuerpos de 72 migrantes en un rancho de San Fernando, en Tamaulipas, un año después, la Marina descubrió otros 193 cuerpos. En 2014, en La Barca, Jalisco, se hallaron en varias fosas 75 cuerpos. Mientras que en Yautepec, Morelos, apenas se halló un centro de tortura y cuerpos calcinados, un estado en donde el número de desaparecidos supera los dos mil, y qué decir de Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Edomex, Sonora y otros estados.
Ya están tomando acciones los secretarios de la Defensa, Gral. Ricardo Trevilla, de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales, de SPC, Omar García Harfuch y el Comandante de la GN, Hernán Cortés Hernández, seguramente tendremos información pronto.
De Imaginaria. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la coordinación entre el Ejército, Marina y GN, que evitó el ingreso a EU de más de una tonelada de fentanilo y un millón 640 mil pastillas de la misma sustancia. Pese al esfuerzo, Trump impuso aranceles a productos mexicanos que no están dentro del T-MEC.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, presentó su informe sobre los primeros 100 días de su administración, un periodo que ha denominado “100 días de paz”. En su mensaje, destacó su firme compromiso con la seguridad del estado, señalando que la lucha contra el crimen organizado seguirá siendo una prioridad absoluta.
Ramírez subrayó que su gabinete de seguridad trabaja sin descanso para enfrentar el grave problema de la violencia en la región y aseguró que no bajará la guardia en la protección de los chiapanecos. Su administración, dijo, continuará reforzando estrategias para devolver la tranquilidad a la ciudadanía y garantizar el bienestar del estado.
