Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
Adán Augusto López Hernández dice que no sabía nada. Que durante su paso como gobernador de Tabasco jamás sospechó que su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, tuviera vínculos con el crimen organizado. Asegura que no se enteró, que jamás se lo imaginó. Pero ¿cómo es posible? No estamos hablando de un funcionario menor. Se trata del hombre de su mayor confianza, su colaborador más cercano, su amigo de toda la vida.
Hernán Bermúdez —a quien la inteligencia militar y civil desde hace más de dos décadas identifica como El Comandante H, jefe de una organización criminal conocida como La Barredora— no sólo operaba en Tabasco, sino que, según documentos hackeados por Guacamaya Leaks, tenía conexiones con una red de robo de combustible a Pemex y con el propio exgobernador de Morena, al que se le asigna en informes clasificados la clave de “El Tío”.
En los archivos de la Defensa sobre el Caso Olmeca, se menciona una red de robo y tráfico de combustible entre Tabasco y Veracruz, vinculada a La Barredora, con ramificaciones institucionales y la complicidad de altos funcionarios estatales, incluido el ex gobernador. El robo involucraba la extracción de hasta 150 mil litros diarios y el traslado en pipas a Veracruz y Monterrey, con precios desde 3 pesos por litro.
El CNI y la UIF fallaron, pero de lo que estoy cierto es que inteligencia militar no. El Ejército tenía informes con evidencias sobre Hernán Bermúdez, incluso, en los reportes se menciona a El Tío, como superior del Comandante H, quien autorizaba la protección, designación de mandos policiales y estructuras criminales dentro del gobierno de Tabasco.
Los reportes militares del 18 de agosto de 2022, mencionan las líneas directas que había entre líderes de La Barredora y “El Tío”, a quien en ocasiones lo identificaban con nombre y apellido. Hace unos días, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla Trejo, confirmó la existencia de la documentación filtrada en la que se menciona los vínculos de Bermúdez Requena con el crimen organizado y explicó que era únicamente una información “bruta”, sin análisis formal, por lo que no se compartió ni se alertó en su momento al entonces presidente AMLO o al propio Adán Augusto, aunque éstos ya sabían.
Desde el inicio de su sexenio, la información sobre Hernán Bermúdez estaba en manos del ex presidente y del ex gobernador. Incluso, en abril de 2002, integrantes del Grupo de Control de Drogas de Tabasco, presentaron ante un Ministerio Público de Villahermosa, la solicitud para investigar a Hernán Bermúdez, así como a los dueños de una revista local de Tabasco y a Juan Arellano Jaimes, operador del Cártel de Sinaloa en Chiapas, por posibles vínculos con el crimen organizado.
La pregunta ya no es sólo qué sabía Adán Augusto como gobernador, sino qué hizo cuando lo supo siendo secretario de Gobernación, era el encargado de la política y seguridad interna y tuvo acceso directo a los informes de inteligencia. No hay justificación. Por más que no se mueva, Adán se hunde.
Lo más revelador es que esta bomba no la detonó la oposición. El escándalo emergió desde las entrañas de Morena. El gobernador de Tabasco, Javier May, lanzó la primera piedra. Y en política nada es casual. Tampoco lo es la operación mediática para desgastar al senador Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas. En este nuevo reacomodo del poder, parece ser que los símbolos del lopezobradorismo comienzan a estorbar y marcan el inicio de una ruptura. El mensaje está claro: ya no hay espacio para proteger al pasado.
Chiapas entra a nueva era en materia de seguridad. Durante muchos años, Chiapas fue testigo de una paulatina descomposición en materia de seguridad, fenómeno que se agravó durante el sexenio del tristemente recordado Rutilio Escandón. En contraste, el actual gobierno de Eduardo Ramírez ha planteado una visión renovada, impulsando una transformación profunda que apuesta por la tecnología de punta y nuevas estrategias policiales.
Como parte de esta modernización, se ha creado la Guardia de Seguridad de Chiapas y el grupo de reacción inmediata Pakal. Bajo esta nueva estrategia, el estado ha sido equipado con herramientas tácticas avanzadas: drones artillados, aviones no tripulados, patrullas híbridas BYD Shark, un helicóptero Black Hawk blindado, unidades móviles con comunicación satelital, lanchas interceptoras e incluso un perro robótico.
La fuerte inversión en tecnología evidencia un esfuerzo por profesionalizar y modernizar las fuerzas de seguridad, algo históricamente necesario en la región. Eduardo Ramírez sabe que la efectividad de estas medidas dependerá no solo del equipamiento, sino de la implementación de mejores estrategias, la transparencia en su operación y el acompañamiento con políticas sociales que atiendan las causas estructurales de la violencia e inseguridad.
En esta misma línea, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, presidido por Ángel Torres, se ha sumado a la estrategia del gobernador Ramírez, reforzando la presencia policial y fortaleciendo la proximidad con la ciudadanía. Como el alcalde más votado del estado, Torres busca cumplir sus compromisos de campaña con acciones concretas que abonen a la paz y al bienestar de la capital chiapaneca.
