Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
En un país con más de 125 mil personas desaparecidas, el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, es una herida abierta. Esta semana, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, negó categóricamente que en ese predio hubiera hornos crematorios utilizados por el crimen organizado. Aseguró que no hay pruebas concluyentes que lo acrediten. Sin embargo, sí admitió que el lugar fue un centro de reclutamiento y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como si eso bastara para explicar la presencia de fragmentos óseos, zanjas y vestigios de fogatas que colectivos de búsqueda han venido documentando desde enero.
La declaración del fiscal —como ha ocurrido en otros casos sensibles— no busca esclarecer, sino cerrar el caso bajo sus propios términos. Líderes de colectivos como Guerreros Buscadores y Madres Buscadoras de Sonora, lo han dicho sin rodeos: “Le están mintiendo Presidenta y vamos a presentar las evidencia de lo que se halló en ese lugar”. Gertz quiere imponer una “verdad histórica” para impedir que Teuchitlán se convierta en el Ayotzinapa de la 4T. Y razón no les falta. El patrón institucional es conocido: negar, retrasar, confundir, hasta que el caso se diluya entre otros tantos pendientes nacionales.
Amnistía Internacional y la propia ONU, han exigido que se escuche a las familias, se incluyan peritajes independientes y se investigue a funcionarios por omisiones. Es una exigencia básica en un país donde hay fosas clandestinas en más de la mitad de las entidades federativas y donde los niveles de impunidad alcanzan el 95%.
El 8 de mayo se celebrará la última mesa de trabajo entre Gobernación y colectivos de búsqueda como parte de una etapa de propuestas para la reforma de políticas públicas. Pero el proceso arranca ya con un déficit de credibilidad: la titular de la CNDH, Rosario Piedra, estará ausente y la Fiscalía General sigue negando realidades que ya han sido documentadas por organizaciones civiles y hasta por informes de inteligencia militar desde 2020.
¿Qué pasará con este caso? Lo más probable es que quede enterrado en una narrativa oficial, como ya ocurrió con Nochixtlán, San Fernando o incluso Ayotzinapa. El discurso de la “escena contaminada” y la falta de pruebas es una estrategia probada del Estado para cerrar expedientes incómodos, especialmente cuando involucran posibles vínculos entre fuerzas de seguridad, autoridades locales y crimen organizado.
Si Gertz Manero y el propio Omar García Harfuch ya reconocen la existencia de actividades criminales en ese sitio, el siguiente paso lógico sería aceptar la magnitud de lo ocurrido y permitir investigaciones independientes, no escudarse en tecnicismos para negar que haya sido un campo de exterminio. No basta con admitir que ahí se entrenaban sicarios; hay restos humanos, hay ropa, hay fuego, y hay familias esperando justicia.
No es exagerado afirmar que el caso Teuchitlán se perfila como una de las pruebas más serias para la nueva administración federal. Si Claudia Sheinbaum opta por el silencio y la simulación, corre el riesgo de mantener en su sexenio la sombra de una nueva tragedia nacional. Si opta por enfrentar la verdad y exigir cuentas a todos los niveles, podrá distinguirse del pasado que tanto ha criticado.
Lo que está en juego no es sólo el legado de terror en un rancho en Jalisco, sino la posibilidad de que las víctimas de todo el país, algún día, puedan tener justicia.
* Dice el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch que siete estados concentran el 50% de los homicidios en México y que se está trabajando intensamente para devolver la paz, pero estados como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco o Guerrero llevan años bajo disputa criminal sin que las estrategias de contención logren estabilizarlas. Lo peor es que solo son visibles las acciones del Ejército, Marina y GN, no hay referencia para fortalecer policías locales, la justicia civil o evitar que lleguen gobiernos ligados al narcotráfico.
De Imaginaria. Por fin se va del SNM, Roberto Garduño Yáñez, deja tras de sí, una estela de corrupción y muerte. Durante su gestión murieron cientos de migrantes, entre ellas, 49 en un incendio en una instancia de la dependencia en Cd. Juárez. Aun así, dice que se va “con el alma llena de orgullo” y con una “misión cumplida”.
