Alto Mando
Miguel Ángel Godínez
El capitán de Fragata, Raúl Enrique Sánchez Labrada y los marinos Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo y Eliseo Sánchez Patrón, sentenciados por la presunta desaparición de Armando Humberto del Bosque Villarreal, el 3 de agosto de 2013, en Colombia, Nuevo León, se niegan a ejercer su derecho de libertad anticipada por buena conducta.
Se dicen inocentes de las imputaciones y afirman que aceptar ese beneficio es reconocer su culpabilidad.
Diez años han pasado presos estos marinos, eran cinco, pero uno de ellos murió en prisión, de un paro cardiaco como consecuencia de su desesperación y angustia.
3 mil 650 días tratando de demostrar su inocencia, de señalar que el proceso que se les siguió siempre estuvo plagado de irregularidades y lleno de mentiras; que fue más la presión ejercida por organismos de derechos humanos y medios de comunicación, que la aplicación de la justicia, la que los llevó a la prisión militar.
Aquel 3 de agosto, la presunta víctima, Armando Humberto del Bosque, de 33 años, acudió a la comandancia de policía de Colombia, N.L, para interponer una denuncia en contra de dos vecinos, a quienes acusaba de allanamiento de morada, robo y amenazas de muerte.
Los policías municipales se negaron a prestar apoyo al quejoso y le dijeron que en su lugar solicitarían el apoyo de la Marina.
De acuerdo con las versiones de los marinos, ese día participaron en acciones de seguridad pública en la que detuvieron a una persona de nombre Alberto Contreras, pero fue puesta en libertad media hora después. En todo momento rechazaron haber detenido a Armando Humberto, sin embargo, el padre de éste afirmó que sí lo habían hecho, que lo bajaron de su auto e incluso se llevaron el vehículo.
El cuerpo del joven fue hallado dos meses después en las inmediaciones de la base de operaciones de la Marina, en el municipio de Colombia; según obra en el expediente, dos policías municipales del municipio de Anáhuac, Miguel G. Jiménez, y su jefe, Alfredo Grande Barrera, fueron testigos presenciales de los hechos.
Entre las pruebas que presentaron en contra de los marinos, figuran dos informes. Uno de ellos escrito a mano, en hojas de cuaderno, fechado el 2 de agosto, un día antes de los hechos, mientras que el segundo fue realizado en computadora, diez días después, el 13 de agosto, con una firma apócrifa.
Pese a que mediante pruebas se comprobó la falsificación de la firma y se resaltaron las inconsistencias en los partes de los municipales de Anáhuac, el juez del caso tomó como buenas las pruebas y con base en ellas sentenció a los marinos. La sentencia fue en marzo de 2020, les dieron 22 años. Meses después, el Tercer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito revocó la sentencia al considerar que se había fundamentado en un tipo penal que no era vigente al momento de producirse el fallo.
Hoy, los marinos quieren limpio su honor, su nombre, salir absueltos de la cárcel militar porque fueron acusados injustamente y dejar en alto a su institución, a la Marina.
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De Imaginaria.
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