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Alto Mando

Miguel Ángel Godínez Garcí

La detención y encarcelamiento del General Brigadier, José Rodríguez Pérez, junto con otros tres militares, el Capitán José Martínez Crespo, el subteniente, Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota Esquivel, acusado el primero, por el delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, pretende ser un chivo expiatorio para justificar el fracaso de las nuevas investigaciones del crimen y desaparición de los 43 estudiantes normalistas y para conocer el paradero o destino final de los cuerpos.

En el informe de la Comisión de la Verdad, que encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lo dijimos en este espacio, asienta una versión que no dista mucho de la “Verdad Histórica” del ex procurador Murillo Karam, al que, por cierto, un juez de distrito le acaba de conceder una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que se le dictó por tortura, delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas.

Quizá la diferencia en el informe de Encinas, es que acusa directamente al general Rodríguez Pérez, entonces coronel y ex comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, de ordenar el asesinato de seis estudiantes normalistas, partiendo de los dichos del testigo protegido “Juan”, un nombre clave asignado por la FGR a Gilberto López Astudillo, “El Gil”, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala.

Alejando Encinas sin querer, se metió en un laberinto. Ahora los abogados defensores del general han promovido un amparo, al considerar que el informe que presentó es ilegal e inconstitucional porque asume facultades de Ministerio Público, las cuales, no le corresponden.

El Artículo 21 de la Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde solo al Ministerio Público y a las policías, además de que es facultad exclusiva del MP considerar los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

En el caso del general Rodríguez Pérez, el subsecretario se extralimitó en sus funciones pues lo responsabilizó directamente e incluso, ofreció personalmente al Gil, los criterios de oportunidad y otorgarle el beneficio de testigo protegido, mismo ofrecimiento que hizo a José Luis Abarca, uno de los actores principales del caso.

Ahora, la defensa del Gral. señala que el delito que se le imputa no tiene nada qué ver con desaparición, ni con homicidio, es decir, no corresponde a las constancias. La hipótesis de Encinas parte de que el entonces coronel, hoy general, ordenó la desaparición de seis de los 43 estudiantes normalistas, pero hasta el momento no ha demostrado absolutamente nada, amén de que no hay una sola constancia en el expediente por esos hechos.

El Gral. Rodríguez está siendo procesado por delincuencia organizada y la única imputación proviene del testigo protegido, que estuvo preso varios años y ahora, por arte de magia, recuerda cosas que en sus declaraciones iniciales nunca dio. La Constitución no permite los supuestos. El encarcelamiento sin pruebas viola las garantías individuales de presunción de inocencia del Gral. y se lastima al Ejército.

Rodríguez Pérez está en la prisión militar del Campo No. 1 y próximo a un posible Consejo de Guerra, donde no tiene injerencia el fuero civil.

La reforma a la GN y la mayor permanencia del Ejército en las calles, son necesarias ante la inseguridad y el fracaso del Sistema de Seguridad Pública, estatal y municipal. Los mismos gobernadores exigen a sus partidos aprobar la presencia militar hasta el 2028.

El secretario Luis Cresencio Sandoval, dejó muy en claro que las FA están subordinadas a las instituciones civiles, al pueblo y a la Constitución.

De Imaginaria

En el Edomex avanza la delincuencia y se recrudece con los casos y sentencias rezagadas. El nuevo fiscal, José Luis Cervantes, tiene la oportunidad de poner orden, cuenta con amplia experiencia, fue subprocurador y magistrado.

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