Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
En lo que va del 2026, la empresa Impresores en Offset y Serigrafía SA de CV, encargada de imprimir el periódico Regeneración, principal medio de propaganda impresa de Morena, ha recibido más de 800 millones de pesos en contratos públicos con la Secretaría del Bienestar, hasta hace poco encabezada por Ariadna Montiel, ahora dirigente nacional del partido guinda.
El fallo del contrato más reciente se publicó el pasado 1 de junio, el número 411.201.33604.038/2026, por adjudicación directa, para el servicio de impresión para la promoción y operación del programa Salud Casa por Casa, la estrategia del gobierno federal para brindar atención médica preventiva y primaria directamente en los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad. El monto del contrato fue de 326 millones 717 mil 972 pesos.
Un mes antes, el mismo día que Montiel presentó formalmente su renuncia a la Secretaría del Bienestar, la dependencia adjudicó el contrato 411.201.33604.021/2026 a Offset y Serigrafía por un similar concepto: imprimir publicidad, avisos, tarjetas, planillas y cualquier medio impreso necesario para la promoción del programa Pensión Mujeres Bienestar durante todo 2026, por 72 millones 320 mil pesos.
Antes, en abril, la misma Secretaría le otorgó el acuerdo 411.201.33604.017/2026, por igual servicio pero para el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con un monto de 413 millones 150 mil pesos para la promoción de 2026.
Impresores en Offset y Serigrafía forma parte de un entramado empresarial que ha mantenido vínculos con el círculo político de Andrés Manuel López Obrador desde los primeros años de su administración en la Ciudad de México. La compañía fue constituida formalmente en marzo de 2001 por Carlos Javier Mondragón de la Garza, originario de Iztacalco, con un capital social inicial de apenas 10 mil pesos. Desde entonces, ha obtenido contratos con distintas dependencias públicas, particularmente en las entonces delegaciones de un Distrito Federal gobernado por López Obrador.
Aunque la imprenta se convirtió en la piedra angular de un negocio familiar, los antecedentes empresariales de los Mondragón se remontan a la década de los noventa, cuando participaron en la creación de sociedades inmobiliarias que posteriormente sirvieron como base para la expansión de sus actividades. Con el paso de los años, la familia fue construyendo una estructura corporativa cada vez más amplia y diversificada.
Actualmente, el conglomerado que representa legalmente el mismo Carlos Javier está integrado por 19 razones sociales que operan en distintos sectores económicos como bienes raíces, construcción, comercio exterior, producción audiovisual, confección textil y comercialización de diversos productos. Pero mientras la familia Mondragón ampliaba su presencia en distintos mercados, consolidaba una capacidad operativa que le abrió las puertas a contratos cada vez más relevantes con instituciones públicas por casi 4 mil millones de pesos desde 2018 a la fecha.
La firma también tuvo participación en procesos electorales recientes. Entre sus proyectos estuvieron las campañas de Andrés Manuel López Obrador durante la elección presidencial de 2018 y de Delfina Gómez en la contienda por la gubernatura del Estado de México en 2017.
Más recientemente, el nombre de Impresores en Offset y Serigrafía volvió a cobrar relevancia pública tras señalamientos que la ubican como presunta responsable de la impresión y distribución de miles de acordeones utilizados para promover el voto a favor de candidatos afines al oficialismo durante la elección judicial de 2025. La acusación se sumó a una larga trayectoria empresarial marcada por sus vínculos con distintos niveles de gobierno, una relación que sigue más que vigente.
Posdata 1
Las declaraciones realizadas este fin de semana por Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, confirman que la ofensiva de Washington contra los cárteles ya no está centrada únicamente en los líderes criminales. En una entrevista difundida la noche del sábado y retomada este domingo por medios de ambos países, la funcionaria advirtió que la administración de Donald Trump irá también contra políticos y funcionarios mexicanos que protejan, faciliten o encubran las operaciones del narcotráfico. Es la ratificación pública de una estrategia que desde hace meses viene escalando en tribunales, agencias de inteligencia y fiscalías estadounidenses.
Posdata 2
El presidente Donald Trump anunció este domingo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que será firmado formalmente el próximo 19 de junio en Suiza. Horas después el gobierno iraní confirmó la información. El vicecanciller Ali Gharaibabadi dijo que el memorando final de entendimiento ya fue concluido y que ambas partes avanzan hacia la ratificación del llamado Acuerdo de Islamabad, un hecho que marcaría el fin de uno de los episodios de mayor tensión geopolítica de los últimos años.
Los mercados reaccionaron de inmediato. El petróleo registró caídas superiores a 4%, mientras que los futuros de Wall Street avanzaron con fuerza. El acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, la ruta por la que antes del conflicto transitaba cerca del 20% del petróleo consumido en el mundo. La normalización de ese corredor reduce los riesgos de interrupciones en el suministro energético y elimina uno de los principales factores de presión sobre la inflación global.
Posdata 3
Otra de Rocío Nahle. La gobernadora de Veracruz encabezó la inauguración del Salsa Fest 2026 en Boca del Río y celebró una ocupación hotelera reportada en 100% a 24 horas del homicidio del periodista Luis Ángel López Valdez, el cual se suma a la desaparición de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán.
Veracruz acumula 33 asesinatos de periodistas vinculados con su labor desde el 2000 y sigue siendo considerado por organizaciones nacionales e internacionales como la entidad más letal para el ejercicio periodístico en México. Al asesinato de Luis Ángel López se suma el secuestro de Roxana Guzmán, cuyo caso ya fue atraído por la Fiscalía General de la República. La gobernadora heredó una crisis estructural, pero los hechos ocurridos en apenas unos días colocan a su administración frente a una prueba política y de seguridad que no podrá resolverse con festivales multitudinarios ni mensajes de promoción económica. Y mucho menos haciendo como que no pasa nada.
Posdata 4
Tras el asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Mario Hernández García, el gobernador Salomón Jara condenó el crimen y expresó su respaldo a las investigaciones que ya realiza la Fiscalía estatal para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.
En medio de ese contexto, Jara encabezó la aprobación del Plan Estatal de Búsqueda de Personas, convirtiendo a Oaxaca en la primera entidad del Sur-Sureste en contar con un instrumento de esta naturaleza. Su elaboración incluyó la participación de colectivos de búsqueda, familiares de víctimas y representantes ciudadanos, un proceso que buscó incorporar las experiencias y necesidades de quienes enfrentan directamente esta problemática.
El plan fue avalado por el Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Búsqueda y recibió reconocimiento de organismos especializados. Alan García Campos, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó la voluntad política de las autoridades estatales y subrayó que se trata apenas del tercer programa de este tipo en el país. Más allá de los resultados que deberá mostrar en los próximos años, la apuesta del gobierno oaxaqueño es construir una política pública con participación social y coordinación institucional para atender una de las crisis humanitarias más complejas que enfrenta México.
Posdata 5
La desaceleración económica comenzó a reflejarse en el mercado laboral mexicano. Durante el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral se mantuvo en 54.8% de la población ocupada, mientras que la creación de empleo formal perdió dinamismo y el país registró una pérdida aproximada de 227 mil puestos de trabajo, de acuerdo con cifras del INEGI.
En ese contexto, algunos estados han logrado mantener indicadores por encima de la media nacional. Es el caso de Baja California, que se ubicó como la tercera entidad con menor informalidad laboral del país, con una tasa cercana al 37%, muy por debajo del promedio nacional. Junto con estados como Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, la entidad fronteriza que gobierna Marina del Pilar forma parte del bloque de economías más vinculadas a la manufactura, las exportaciones y el comercio con Estados Unidos, actividades que han permitido sostener mejores niveles de empleo formal frente a otras regiones del país.
En entidades del sur del país la informalidad continúa siendo la principal fuente de ocupación para una parte importante de la población. Los datos muestran que la brecha regional sigue siendo uno de los mayores desafíos del mercado laboral mexicano. Mientras algunas economías estatales conservan capacidad para atraer inversión y generar empleos formales, otras siguen dependiendo de actividades de baja productividad que limitan el crecimiento y el acceso a la seguridad social para millones de trabajadores.
@MarioMal
