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La corte al rescate del Federalismo

Carlos Matute González

El ambiente mexicano está cargado de política y hoy las leyes parecen estar en un segundo plano, incluida el máximo ordenamiento jurídico: La Constitución. Lo primero es que el proyecto triunfe como sea y no me vengan con que la ley es la ley, pues para algo tengo la mayoría del Congreso y una popularidad alta que utilizó en las mañaneras para descalificar a quienes estorban reclamando la prevalencia del Estado de derecho.

En este contexto, el conflicto de la Federación, Poder Ejecutivo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Poder Legislativo con el juicio de procedencia en contra del todavía gobernador, García Cabeza de Vaca, con el Estado de Tamaulipas resultó favorable a este último con la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que por unanimidad de votos, con base en el proyecto del Ministro González Alcántara, determinó que no bastaba que la Cámara de Diputados decretara el desafuero de un gobernador, sino que era necesario que este fuera avalado por la legislatura local en respeto a lo dispuesto en el artículo 111 constitucional.

La Corte al rescate del Federalismo que había sido violentado por la persecución de un político regional con alta popularidad, como se lo recordó al presidente en la visita de este a Tamaulipas, y quien había sido uno de los ejes del bloque de gobernadores opositores a las decisiones tomadas en forma unilateral por el poder central.

La acusación a García Cabeza de Vaca fue eficaz políticamente: desactivó la Alianza Federalista que se había opuesto con relativo éxito al recorte al gasto federalizado en 2021, la eliminación de los fideicomisos y la falta de previsiones y acciones para enfrentar la pandemia de COVID-19 y debilitó al panismo en Tamaulipas para allanar el camino a la victoria electoral del candidato morenista a la gubernatura.

Sin embargo, esta estrategia política se basaba en la idea de que la vía para la remoción de un gobernador del cargo podía ser un “fast track” controlado desde la Federación y que era suficiente la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados para conseguir la destitución por la vía centralizada y única del juicio de procedencia (desafuero) de cualquier servidor público estatal sin que hubiera participación de la representación política estatal, es decir, la legislatura local.

La resolución de la Primera Sala de la Corte fue motivo de un mensaje de García Cabeza de Vaca, en el que festeja que hoy queda confirmado por el máximo tribunal que en desafuero de los servidores públicos locales se debe tomar en cuenta la autonomía en todo lo relativo a su régimen interior de las entidades federativas y que el “fast track” pretendido era una violación al Pacto Federal.

El debate político sobre la honestidad de García Cabeza de Vaca queda para el análisis de la opinión pública, pero su culpabilidad de los delitos que se acusa serán motivo de estudio y resolución de los jueces quienes decidirán, previo desahogo de los procesos penales correspondientes, los cuales podrán comenzar a la conclusión de su mandato.

La resolución de la Corte no se pronuncia sobre la inocencia del gobernador, quien podrá ser presentado ante la justicia después del 30 de septiembre, ni implica que haya impunidad. Sólo es un rescate del federalismo en un ambiente cargado de política en el que todo se quiere decidir en Palacio Nacional. Es una muestra de que el respeto a la autonomía de las entidades federativas es uno de los pilares fundamentales de nuestro régimen jurídico constitucional.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios

Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales

cmatutegonzalez@gmail.com

www.carlosmatute.com.mx

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