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La nueva forma de asociaciones público-privadas: el sorteo

Carlos Matute González

El Estado social benefactor en su apogeo (1945-1974) y en su crisis (1975-2018) ha perfeccionado formas de intervención de lo público en lo privado y de cooperación entre los particulares y los órganos estatales. Las primeras son la expropiación, la nacionalización, la requisa, el régimen de servicio público, la rectoría del Estado, la regulación de la actividad económica, entre otras, y las segundas son las entidades públicas no gubernamentales, la contratación administrativa, la concesión y las asociaciones público-privadas, primordialmente.

En las últimas tres décadas, en México, se desarrollaron instituciones jurídicas que dieron flexibilidad a esta cooperación con base en la idea política de la gobernanza y se crearon diversas vías válidas para incorporar a los particulares a la gestión pública con relativo éxito y los más evidentes son los sectores de telecomunicaciones, energético, de construcción de infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria. La autollamada 4T ha anatematizado estas estrategias que masificaron y ampliaron la oferta de servicios y bienes públicos por considerarlas estrategias privatizadoras y contrarias a los intereses populares.

Sin entrar al debate ideológico, las cifras demuestran que durante ese periodo la pobreza disminuyó lenta, pero constantemente, el acceso a la salud, educación, servicios de internet aumentó y la movilidad se facilitó a grandes grupos poblacionales. Hay rezagos y hubo excesos, ciertamente, pero la participación de los particulares bajo la regulación estatal y la retracción del gobierno en las actividades industriales y comerciales produjo mayor rentabilidad social de la inversión.

Sin embargo, en 2018, era evidente para la mayoría de la población la superficialidad y venalidad de los gobiernos, la formación de camarillas políticas corruptas, la impudicia en el otorgamiento de las concesiones y los negocios inconfesables en las cúpulas sociales y, por lo tanto, votaron por una opción política que ofrecía un combate frontal a la corrupción. Había una exigencia ciudadana por mayor credibilidad, certidumbre, confianza y combate a la corrupción.

En 2022, el gobierno no ha podido erradicar los vicios del pasado. Incluso, hay indicios que en algunos sectores las componendas en lo oscurito son peores y que la extracción con “machete” de lo podrido provocó mayores daños en la gestión pública tal y como sucedió con la desaparición del seguro popular, que fue sustituido por el fracasado INSABI.

Lamentablemente, la estrategia para superar los males del pasado no fue la innovación administrativa, sino la ocurrencia política. La primera aprovecha lo existente para potencializarlo eliminando lo que no sirve y buscando vías distintas de superación de los obstáculos bajo el principio de acercamiento sucesivo a lo deseado. La segunda sólo atiende a un deseo de conservar la popularidad.

En este contexto, el presidente López Obrador propuso una nueva forma de cooperación entre los particulares y las entidades públicas: ¡el sorteo! La nueva forma de asociación público-privada es invitar a comer tamales de chipilín a los empresarios -los mismos de antaño que reciben las mismas prebendas del poder- para que compren boletos de lotería para la construcción de la presa Santa María en Sinaloa. El chisme político dice, sin confirmación alguna, que se les pidió 25 millones de pesos.

Esto no es una expresión de creatividad derivada de la innovación administrativa, sino otra escenografía -no es casual que la cena se haya ofrecido en el salón tesorería en donde se llevan a cabo las mañaneras- y sólo es un fuego de artificio como los múltiples compromisos de inversión en infraestructura que se han gritado al viento durante este sexenio que no se han concretado. Al convivio asistieron los mismos empresarios que acudieron a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al que seguramente no han regresado.

Las asociaciones público-privadas en las que los particulares arriesgan su capital murieron en este sexenio con la cancelación de la construcción del NAIM en Texcoco. La generación de certidumbre es uno de los propósitos de la innovación administrativa y exigencia ciudadana fue sustituida por un sorteo que no es la mejor forma de arriesgar el capital para mejorar su productividad.

Cualquiera de los empresarios invitados a cenar tamales de chipilín puede comprar muchos cachitos de lotería y por eso los reporteros estaban a la caza de alguno que cometiera un desliz y se burlara de la novedosa manera de cooperación entre el sector público y el privado magnificada por un Tweet presidencial y que los líderes empresariales minimizaron.

Si los sorteos son la nueva forma de asociaciones público-privadas, lo único seguro es que el riesgo de que los habitantes del sur de Sinaloa sufran estrés hídrico sería alto. Si la estrategia para financiar la presa se confía al trabajo de los niños gritones de la Lotería Nacional, esta será una buena fuente de recursos, aunque el sorteo se celebre el 15 de septiembre cobijado por el espíritu patriótico del pueblo sabio y bueno.

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