Carlos Matute González*
La marcha convocada para defender el voto, el régimen democrático representativo en nuestro país fue un éxito. Los organizadores obtuvieron una estrellita y en Palacio Nacional acusaron recibo del repudio manifestado por una parte de la población representada en el Zócalo (un tercio del padrón electoral calculado con base en las encuestas). Queda claro que un poco más de la mitad mantiene su apoyo al presidente y su proyecto político, pero los opositores se están articulando en torno a un tema sensible como lo es la subsistencia del INE y todo lo que esto significa.
Lo relevante es que hay dos proyectos de Nación a debate y serán los que se pongan a escrutinio de la ciudadanía en 2024 con dos candidatos. Un bipartidismo virtual. Esto abre nuevamente el debate sobre la conveniencia de adoptar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales como una forma de conservar la pluralidad de partidos políticos para que haya diversas visiones en los órganos legislativos conviviendo con un Poder Ejecutivo mayoritario para evitar la polarización social.
La segunda vuelta puede ser la vía constitucional para la reconciliación y la supervivencia de la democracia tolerante y garante de las libertades de las minorías. Actualmente, existe la posibilidad de los gobiernos de coalición cuando un partido político gana las elecciones presidenciales sin la mayoría absoluta creado mediante un acuerdo con el Senado de la República con algunas limitaciones.
Un indicio de que hay una polarización política creciente es lo sucedido en la marcha con alto contenido emotivo contra la autollamada 4T y la biliosa reacción presidencial descalificando a los participantes y organizadores de la misma en la mañanera el día siguiente de la manifestación de repudio a su Plan B en materia electoral. Más que una lucha partidista entre adversarios que disputan un espacio público de influencia y control se está gestando una dinámica amigo-enemigo (schmittiana) en la que la eliminación del contrincante por traidor es factible e incluso necesaria para avanzar en la consecución de los proyectos nacionales excluyentes.
La primera incógnita implica un gran riesgo social ¿con qué reglas se van a organizar las elecciones del 2024? Ese es el debate inicial previo a la designación de los dos candidatos, uno será la corcholata del presidente y el otro será líder de la alianza opositora que eventualmente se consense con los tres partidos políticos en un proceso de abierto a la participación ciudadano. Un tercer candidato corre el riesgo de ser simplemente testimonial o esquirol del oficialismo.
La segunda pregunta es ¿Qué tanta legitimidad tendrá una elección presidencial en la que regresen las prácticas autoritarias del pasado con una intervención abierta del gobierno a favor de un candidato y el uso de recursos públicos en las campañas sin sanción efectiva? La fuerza de la autollamada 4T se funda una narrativa alejada de las urnas y en la necesidad de “revitalizar” la voz del Pueblo para oponerse con eficacia a las redes de grupos minoritarios que controlan lo público y la contraparte encuentra el discurso aglutinador en la defensa de las formas de la democracia no en un proyecto político compartido y con una gran diversidad ideológica. Ninguno será suficiente para legitimar al gobierno de 2024-2030.
Lo único concluyente es que la oposición está marchando ya y mostrando sus cartas hacia el proceso de selección de un candidato compartido por los partidos opositores el gobierno actual. Los oradores ya fueron personajes más activos en la vida política y los organizadores se mostraron en los medios de comunicación para empezar a convocar simpatías ante una posible candidatura.
¿Qué tanto será capaz la oposición de ganarle terreno al oficialismo en las elecciones de 2024? La respuesta a esta interrogante pasa por el desmantelamiento judicial del Plan B electoral, los resultados de los procesos en el Estado de México y Coahuila y la apertura y transparencia del proceso de selección del candidato, que en estos momentos dirigirá el PAN como cesión del PRI y algo de incomodidad del PRD.
La toma del Zócalo del 26 de febrero es un inicio de un proceso. Pronto veremos la incorporación de los personajes organizadores y participantes en las encuestas relacionadas con los prospectos presidenciales para competir en la opinión pública con las corcholatas del gobierno. La oposición marchando va.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales*
cmatutegonzalez@gmail.com
