Carlos Matute González
En la Cátedra ENCCIVICA, Francisco I. Madero, 2022, en la mesa 3 “Viabilidad Económica: Presupuesto y Funcionamiento” del Seminario Revocación de Mandato, organizada por el INE, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los académicos Díaz Santana, Zoravilla Petrikowski y Arenas Becerril debatieron sobre los obstáculos financieros para la organización del primer ejercicio ciudadano de democracia participativa a realizar el próximo 10 de abril.
Este tipo de pláticas se llevan a cabo en un contexto de crispación entre el Ejecutivo y el Consejo General del INE, especialmente su presidente, en el que el primero acusa a los consejeros de boicotear la democracia y el segundo de tramposos y mentirosos a quienes han violado la veda de propaganda de cara a la consulta de revocación de mandato.
Todo esto no ayuda a la vida institucional democrática que tanto nos ha costado construir en los últimos 25 años y que ahora se pretende destruir con una reforma política-electoral surgida del fondo de resentimiento político y el ánimo de concentrar el poder en el presidente.
El debate de los dineros comenzó con la reducción al presupuesto solicitado por el INE por la Cámara de Diputados y continuó con la distribución del presupuesto realizada por el Consejo General de ese órgano autónomo el 10 de diciembre de 2021, en la que se asignaron casi 1.3 mil millones de pesos en el rubro de revocación de mandato y su impugnación por Morena ante el Tribunal Electoral.
En este contexto, Zoravilla Petrikowski expuso la importancia de que los entes públicos cuando ejercen recursos económicos atiendan a las reglas del presupuesto por resultados establecidos en la Constitución y en las leyes desde el 2008. El INE debe atender a las normas correspondientes para elaborar su proyecto de presupuesto y distribuir el mismo una vez autorizado. La Cámara de Diputados, que es un órgano político, posee la facultad de establecer el monto con base en los criterios de política económica que emite la SHCP para todo el sector público y en el proyecto de presupuesto que presenta cada una de las entidades públicas. En todo caso, los diputados deben cuidar que exista la suficiencia para que se cumpla con la función que se otorga constitucionalmente y el INE ajustarse a lo aprobado por los representantes del pueblo y cumplir con sus funciones.
Díaz Santana comentó sobre la relación entre la autonomía y la suficiencia presupuestal es esencial en el desempeño de los órganos autónomos constitucionales y el debate sobre su monto y la falta de asignación es parte de una confrontación política en la que se pretende debilitar a los institutos electorales, cuya autonomía exige que sean dotados de recursos económicos que alcancen para realizar procesos amplios y de calidad que garanticen la democracia y la emisión libre del sufragio.
Adán Arenas remarcó la naturaleza del proceso de revocación, que es una forma de control político de los ciudadanos hacia los gobernantes mediante el cual se exige la rendición de cuentas. Esta intencionalidad debe tomarse en cuenta en la presupuestación del mismo, ya que la insuficiencia presupuestaria sería un mecanismo de defensa ilegítimo de los órganos políticos que pudieran resultar afectadas por este ejercicio. El éxito de estos instrumentos de la democracia participativa requiere que la ciudadanía se involucre y que se cuente con el presupuesto necesario para llevarlo a cabo.
Este debate académico hizo evidente que los dineros del INE se han convertido en una manzana de la discordia y un medio para cuestionar abiertamente el valor público del trabajo del INE. El ejecutivo lo ha relacionado falazmente con el debate sobre el monto de los salarios de sus consejeros y el INE se ha rasgado las vestiduras por la disminución real del 12%. En el proyecto original se incluía una consulta popular que se recortó ya que no se llevará ninguna este año y eso no impacta a su operación. El Tribunal Electoral determinó que el INE estaba obligado a cumplir con sus funciones a pesar de las reducciones presupuestales.
Esto abre el debate sobre ¿cómo establecer los indicadores precisos para establecer el gasto necesario para llevar a cabo elecciones? O ¿Quién debe determinar la suficiencia del gasto para organizar una elección? ¿El órgano técnico que solicita (INE), el político que otorga (diputados) o los jueces que determinan la procedencia de las modificaciones a lo solicitado (SCJN)?
El grado de desconfianza en el tema de los dineros es de tal magnitud que se incluyeron en la Constitución un gran número de las normas electorales para evitar que una mayoría coyuntural modificara las reglas en su beneficio. Lo cierto es que el debate es mayor ¿Vale la pena destinarle recursos públicos a un proceso revocatorio promovido por quienes no quieren la revocación sino una ratificación del mandato? El panorama no es alentador para la democracia, ni la justificación de su presupuesto. Las elecciones más caras son las que no se necesitan.
