Edgardo Bermejo Mora
México
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCyDC) aprobada en 2017 estipula en su artículo octavo: “La Secretaría de Cultura coordinará y promoverá el programa de asignación de vales de cultura con la participación del sector social y privado, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, para incrementar el acceso a la cultura de los sectores vulnerables”.
Sin embargo, los mecanismos para su implementación y financiamiento no quedaron ni siquiera vagamente establecidos en dicha Ley. Desde entonces nació como una letra muerta de nuestra legislación cultural, y a siete años de haberse aprobado nadie ya se acuerda de aquel famoso vale universal de acceso a la cultura.
Basada en la experiencia de otros países y particularmente de Brasil, la idea de su inclusión en el artículo octavo se apoyó en el principio de diseñar políticas culturales de nuevo tipo. Mientras que tradicionalmente dichas políticas se han orientado a fomentar la producción, difusión y circulación de los bienes y servicios culturales, así como a crear estímulos diversos para las comunidades creativas que son quienes finalmente dan forma y ponen a circular dichos bienes y servicios, no se había reconocido al del consumo cultural como una parte fundamental de la cadena, y por lo tanto como un elemento garante de los derechos culturales consagrados en la Constitución.
Se concibió además como un modelo de asignación directa de recursos a la población para estimular su consumo de bienes culturales, con un componente adicional de estímulo fiscal al sector privado para su ejecución, pero hasta ahora, como ya se ha dicho, sólo se quedó en el papel.
De igual manera, sirvió a la hora de concebir al vale cultural como parte de la ley el reconocimiento cada vez mayor del impacto y la aportación de las actividades culturales a la economía del país, lo cual constituye alrededor del 3.5 por ciento del PIB nacional. De manera que estimular los consumos culturales a través de la creación de un vale cultural, se pensó que tendría un impacto directo y verificable en la economía del país. Siendo México, junto con Colombia, Brasil y Argentina, los países de América Latina con mayor impacto de la cultura en sus economías, el modelo brasileño aparecía como una ruta a explorar.
Una vez aprobada la Ley en 2017, en los últimos meses de la administración anterior se intentó desde la Secretaría de Cultura ejecutar un programa al respecto, para lo cual se lanzó la iniciativa de una tarjeta a la se le llamó “La Cultura ¡Vale!”, que ofrecía a sus afiliados descuentos en recintos artísticos y culturales, con el propósito de facilitar el acceso entre la población del país que contara con la tarjeta. Sin embargo, esta iniciativa -que de manera parcial y limitada obedecía al mandato del artículo octavo de la LGCyDC- no prosperó.
La idea de aquella tarjeta es que se podría usar en más de 400 puntos y 250 recintos del sector cultural en todo el país como teatros, auditorios, salas de cine, librerías, museos, zonas arqueológicas y para diferentes eventos con descuentos que iban de 10 a 20 por ciento. No fue concebida como una tarjeta en la que se depositaran o transfirieran recursos económicos, no ofrecía beneficios monetarios directos, era más bien un instrumento destinado a facilitar el acceso de la población a la cultura a través de descuentos, que se otorgarían únicamente a la persona portadora de la tarjeta. Las actividades podrían estar sujetas a cambios sin previo aviso, o aplicar consideraciones especiales de acuerdo con el recinto o institución organizadora. Simplemente no prosperó y a partir de 2018 desapareció.
Brasil
En 2013, durante la presidencia de Dilma Roussef, y después de un largo proceso de negociación que duro más de tres años, se estableció en Brasil el “Vale Cultura”. Consistió en un subsidio al consumo cultural que benefició a los trabajadores brasileños que se encontraban por debajo de cierto nivel de salario. Se estableció como beneficiarios a los trabajadores que percibían menos de cinco salarios mínimos.
Vale Cultura consistía en la creación de una tarjeta a la que se le depositaban mensualmente 50 reales (equivalente a 25 dólares o 500 pesos mexicanos), de los cuales 5 reales (10 por ciento) eran aportados por el trabajador (pudiendo optar por no acogerse al plan) y los otros 45 reales por el gobierno federal a través de exenciones impositivas a las empresas. El beneficio era acumulativo, es decir, se podía ahorrar para hacer un gasto mayor más adelante. Solamente podían formar parte del plan los empleados de empresas que se adhirieron al proyecto.
En su origen estuvo destinado a 17 millones de trabajadores brasileños como beneficiarios directos, por medio de una tarjeta magnética. Se destinaron entonces el equivalente a 3 mil 500 millones de dólares orientados de manera exclusiva al consumo de productos y servicios culturales para los trabajadores, como entradas a espectáculos, cine, música, publicaciones y museos.
Se establecieron como áreas de consumo potencial del Vale Cultura: las artes visuales y los museos; artes escénicas (danza, teatro, festivales), audiovisual (cine y televisión), literatura (libros), humanidades e información (cursos, periódicos y revistas), música (conciertos y festivales) y patrimonio cultural (visita a sitios patrimoniales). El destino de los recursos depositados en las tarjetas lo definían las personas mismas. No se establecieron en un principio censuras previas sobre los contenidos culturales a los que se podría acceder. Los trabajadores eran libres de elegir qué consumir.
España
En 2022 el gobierno de España aprobó la creación de un Bono Cultural solamente para la población juvenil española con 18 años de edad cumplidos ese año, por un monto individual de 400 euros (aproximadamente 10 mil pesos mexicanos) entregados a través de una tarjera virtual de prepago, exclusivamente para la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales.
El Bono Cultural benefició a cerca de medio millón de jóvenes que cumplieron su mayoría de edad este año, para lo cual se contó con un presupuesto de 210 millones de euros. Este tipo de ayudas ya existen en otros países europeos, como Italia (500 euros) o Francia (300 euros). El objetivo es acercar al mundo de la cultura a los jóvenes de 18 años, y de paso inyectar recursos en este sector que fue uno de los más afectados por la pandemia.
El único requisito para recibir la ayuda es la de ser ciudadano español o contar con residencia legal en España. Los 400 euros de la ayuda se tendrían que distribuir en tres rubros: hasta un máximo de 200 euros para la adquisición de entradas y abonos para las artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales; hasta un máximo de 100 euros para adquirir productos culturales en soporte físico: libros; revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas; videojuegos, partituras musicales, discos, CD, DVD o Blu-ray; y hasta un máximo de 100 euros para el consumo digital o en línea: suscripciones y alquileres a plataformas musicales, libros digitales, suscripción para descarga de archivos multimedia, suscripciones a videojuegos o a publicaciones en línea.
Una vez concedida la ayuda, al beneficiario se le abonó el importe en un único pago en formato de tarjeta prepago virtual. Con esa tarjeta, y desde un dispositivo móvil, se podían realizar los pagos de los productos o servicios elegidos libremente.
México
Es tiempo entonces de discutir nuevamente si convertimos en realidad lo que en la actualidad es letra muerta en nuestra legislación cultural, o bien si la desechamos por inoperante y nos despedimos de esta idea, sacándola de la ley que en apariencia rige nuestra vida cultural.
