Eduardo Ruiz-Healy
El diario Los Ángeles Times publicó ayer un reportaje en donde se afirma que el gobierno de Estados Unidos investiga criminalmente a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, por presuntos vínculos con el crimen organizado. A Durazo lo investigan por lazos con el narco y a Villarreal, por huachicol. A ambos les habrían revocado sus visas y entrarían a Estados Unidos bajo el mecanismo Significant Public Benefit Parole, reservado para testigos en procesos federales. Los dos lo desmintieron.
Ahora bien, ¿qué prueba este reportaje y qué no prueba?
Lo que prueba son exactamente tres cosas: que los periodistas de investigación radicados en México, Steve Fisher y Kate Linthicum, lo escribieron; que existe un patrón previo de revocaciones documentado por la agencia noticiosa Reuters en octubre de 2025; y que la visa del hijo de Durazo fue cancelada en noviembre pasado, sin desmentido. Nada prueba las acusaciones contra los dos gobernadores.
Cada afirmación sustantiva se basa en “personas familiarizadas con el caso que hablaron bajo condición de anonimato”. El reportaje asegura que Durazo entra regularmente a EEUU para recibir tratamiento médico, pero no menciona hospital ni especialidad.
Quienes defienden la veracidad del artículo señalan que Fisher fue el primero que reportó los probables vínculos de Rubén Rocha Moya con el narco y acertó. Pero el historial de un periodista no es garantía perpetua porque en el caso del sinaloense puede haber tenido fuentes sólidas y ahora fuentes más débiles o interesadas. Aunque es un hecho que se dice, se comenta y se rumora que los dos gobernadores arriba mencionados están involucrados de alguna manera con delincuentes.
La sincronía es la dimensión que ningún análisis puede eludir. El domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a EEUU de intervencionismo y preguntó públicamente si busca influir en las elecciones de 2027. El lunes, el embajador estadounidense Ronald Johnson le respondió en X, escribiendo que “La lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos”. Ayer, la presidenta le cerró el paso diciendo: “Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”. Y al referirse al artículo del LA Times, preguntó: «¿Cuál es el interés?» Todo esto, 13 días antes de la segunda ronda del T-MEC en Washington.
El patrón geográfico de las revocaciones de visas tampoco es casualidad: Baja California, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa son los cinco estados con mayor actividad de los cárteles. Más de 50 funcionarios en esos estados con sus visas estadounidenses revocadas, entre ellos la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien después no acusaron de nada. ¿Fue presión diplomática?
Refiriéndose a Durazo y Villareal, la presidenta dijo ayer que ambos “tienen que aclarar los señalamientos”, que en el lenguaje político no es defensa sino distancia calculada.
El reportaje del LA Times es endeble: fuentes anónimas, cero papeles. No prueba lo que afirma. Lo sugiere. Pero se publica cuatro días después de que Claudia Sheinbaum acusara a EEUU de intervencionismo y 13 días antes de la ronda decisiva del T-MEC.
La coincidencia no prueba su falsedad. Pero sí revela su utilidad.
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