De Aquí y de Allá
Salvador Monroy Ordaz
@SalMonOrd
El concepto de corrupción en la 4T
Esto ya se ha vuelto una especie de ritual para el gobierno federal: el presidente evidencia algún proceso de privatización o concesión, particularmente en el sector energético, aunque también, por ejemplo, en el sector salud, y anuncia que éste será revertido, pues es una muestra de la enorme corrupción de administraciones pasadas. Los afectados, por su parte, inician un proceso jurídico para demostrar que todo está en perfecto orden legal. La oposición aprovecha la oportunidad para alegar que el gobierno no respeta las leyes, y el gobierno presiona políticamente hasta que logra renegociar los contratos en cuestión (con lo que además se gana acusaciones de ser autoritario y dictatorial). Así ha sido con la compra de medicamentos para el sector público, las concesiones mineras, el outsourcing y el aeropuerto de Texcoco, tan sólo por mencionar algunos de los casos más sonados.
Este “método” parece haber topado ya con pared en el sector energético. Después de un decreto fallido y una ley aprobada en el congreso, pero rechazada por considerarse anticonstitucional en primera instancia, el esquema de suministro eléctrico que ha sido calificado como corrupto por el presidente está a punto de llegar a la Suprema Corte y se ha anunciado que, si es rechazado ahí también, se procederá a simplemente cambiar la Constitución. Los argumentos de ambas partes son sencillos: el gobierno dice que todo el esquema que obliga a que primero entre electricidad producida por el sector privado a la red nacional y por último aquella generada por la Comisión Federal de Electricidad es una muestra de corrupción, y los generadores privados alegan que eso es lo que la ley ordena.
Para visualizar lo que está en juego, tenemos que entender el concepto de “corrupción” según lo entiende el presidente. Es un concepto más amplio que lo que dicen las leyes, y definitivamente tiene un fuerte componente de moralidad pública, otro de los temas preferidos de este gobierno.
Bajo este concepto, existe la corrupción sencilla, que es cuando alguien viola la ley y se apropia de recursos públicos. Pero también está la corrupción amplia, por llamarla de alguna manera, que es cuando se crean entramados jurídicos cuya función es la de privatizar los recursos públicos (como quiera que se entiendan éstos), más aún si se hace de manera desventajosa (de nuevo, algo que requiere de definición) para el interés público.
Como en todos los debates políticos, lo más seguro es que exista un punto medio que deje a todas las partes relativamente contentas. Es cierto que el anterior modelo estatista del sector energético mexicano, en el que era el gobierno quien monopolizaba toda la producción y distribución del petróleo y la electricidad estaba diseñado para un país mucho más pequeño en todos sentidos y de recursos mucho más abundantes de los que hay hoy en día. El gran crecimiento poblacional e industrial que México ha tenido desde la década de los setentas hizo que se requirieran inversiones enormes solo para garantizar el abasto de energía, y la necesidad de modernizar las fuentes de energía para que sean más limpias obligaba a que se buscaran fuentes privadas de inversión. Pero también es cierto que muchos de los acuerdos alcanzados para fomentar esta inversión privada resultaron onerosos para el sistema público, y ni siquiera desarrollaron un mínimo de seguridad energética a fin de que el país no tenga que depender de mercados inestables para contar con gas, gasolina y electricidad.
Veremos entonces, a lo largo de los próximos meses y con unas elecciones de por medio, un conflicto entre dos visiones de lo que debe ser la participación pública en el abasto de energía. Para que el resultado sea duradero y en beneficio del país, deberemos conducirlo en términos estrictamente legales. Las posiciones morales terminan por dejar inconformes a todos.
