Dr. Jorge Antonio Orozco Zuart/Lic. Y C.P. Andrés Antonio Orozco Velasco
La Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta una de las mayores crisis de confianza de sus procesos de admisión, administrativos, de control y ahora de transparencia. El examen virtual de ingreso a licenciatura 2026, presentado como un modelo moderno, seguro y apoyado por inteligencia artificial, terminó bajo revisión debido a resultados estadísticamente atípicos, posibles conductas fraudulentas y dudas sobre la eficacia de la plataforma tecnológica contratada.
La Unam informó inicialmente que el sistema contaba con mecanismos especializados para verificar la identidad de los aspirantes, monitorear el entorno y generar alertas tempranas ante posibles incidencias. También aclaró que la inteligencia artificial no cancelaba automáticamente los exámenes, sino que las alertas eran revisadas por personal universitario antes de tomar cualquier decisión.
LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA
En el concurso de 2026 se inscribieron aproximadamente 191 mil 306 personas, presentaron la prueba 158 mil 712 y obtuvieron un lugar 21 mil 962, equivalente a cerca de 13.8% de quienes hicieron el examen. Además, alrededor de 2% de los aspirantes fueron cancelados por conductas contrarias a las reglas del proceso.
El examen constó de 120 preguntas de opción múltiple y, al ser altamente competitivo, uno o dos aciertos pueden determinar el ingreso o rechazo de una persona. Por ello, cualquier ventaja indebida no afecta solamente a quien hizo trampa: desplaza potencialmente a otro aspirante que estudió y cumplió las reglas.
Los primeros cuestionamientos surgieron al compararse estadísticamente los resultados de 2026 con los de años anteriores. En carreras de alta demanda se observaron incrementos extraordinarios en los promedios y en la cantidad de puntajes elevados. La propia Universidad terminó reconociendo la probabilidad de que un número importante de aspirantes hubiera recibido ayuda.
Sin embargo, los controles tecnológicos y humanos no fueron suficientes para garantizar plenamente la integridad del proceso. Conforme avanzó la revisión de los resultados, surgieron puntajes extraordinariamente altos y comportamientos estadísticos que no coincidían con los antecedentes históricos del concurso. La Comisión Técnica identificó un incremento considerable de aspirantes con más de cien y ciento diez aciertos, así como indicios de esquemas organizados que habrían incluido uso de teléfonos celulares, apoyo de terceras personas y posibles casos de suplantación de identidad.
La gravedad del problema llevó a la UNAM a suspender provisionalmente los trámites de entrega documental e inscripción para el ciclo escolar 2026-2027/1. La Universidad justificó esta decisión en la necesidad de salvaguardar la certeza de todas las personas participantes y garantizar que sus actuaciones se ajustaran a la legislación universitaria.
Posteriormente, La Comisión Técnica Recomendó la Aplicación de un Examen Presencial de Control. Esta nueva prueba será determinante para asignar los lugares, pues el examen virtual original dejó de ofrecer la certeza necesaria para sostener por sí solo sus resultados. La medida busca restablecer la equidad, pero también obliga a miles de jóvenes honestos a someterse nuevamente a una evaluación, pese a que pudieron haber cumplido correctamente todas las reglas.
La plataforma prometía impedir el fraude
La empresa territorium life fue contratada para operar la plataforma tecnológica del examen. Entre las herramientas de seguridad señaladas se encontraban el reconocimiento facial, la validación de identidad, el bloqueo de otras aplicaciones, la grabación de audio, video y pantalla, así como la detección de personas, objetos o dispositivos no autorizados.
También se contemplaba supervisión humana. Las alertas generadas por los algoritmos debían ser analizadas por supervisores y posteriormente remitidas a las instancias universitarias facultadas para tomar decisiones. Esto demuestra que el proceso no dependía exclusivamente de una máquina: existía una cadena de responsabilidades integrada por la empresa, los operadores tecnológicos, los supervisores y las autoridades universitarias.
Por ello, la explicación no puede limitarse a decir que algunos MILES de aspirantes encontraron la manera de hacer trampa. También debe investigarse si la plataforma funcionó conforme a lo contratado, si las alertas fueron suficientes, si se generaron oportunamente y si el personal responsable las revisó con la diligencia necesaria.
Si el sistema registraba audio, video, movimientos de pantalla, reconocimiento facial y actividad anómala, debe aclararse cómo fue posible que resultados extraordinarios llegaran hasta la etapa de publicación sin que las inconsistencias fueran detectadas y resueltas previamente.
La contratación también debe revisarse
La información periodística señala que la contratación fue realizada mediante adjudicación directa y se justificó por la experiencia, especialización y capacidad tecnológica de territorium life para aplicar evaluaciones masivas y prevenir anomalías. Precisamente esas cualidades fueron determinantes para otorgarle el servicio sin un procedimiento abierto de competencia.
La adjudicación directa no constituye por sí misma una irregularidad. Puede resultar legal cuando se acreditan razones de especialización, confidencialidad, propiedad intelectual o capacidad técnica exclusiva. Sin embargo, la magnitud del problema obliga a revisar detalladamente:
• la investigación de mercado;
• la experiencia comprobada de la empresa;
• las pruebas técnicas realizadas antes del examen;
• las obligaciones contractuales;
• los niveles de seguridad ofrecidos;
• los mecanismos de supervisión;
• las sanciones por incumplimiento;
• y el monto efectivamente pagado.
No basta con investigar a los aspirantes. También debe determinarse si la tecnología contratada cumplió con el objeto para el cual fue adquirida y si las áreas universitarias verificaron adecuadamente su funcionamiento.
Los jóvenes honestos son las principales víctimas.
Cada lugar obtenido irregularmente puede significar la exclusión de otra persona que estudió durante meses y respetó las reglas. En un proceso competitivo, uno o dos aciertos pueden definir el acceso a una carrera y modificar el proyecto de vida de un joven.
Por eso, la solución debe proteger no solamente a quienes inicialmente aparecieron como seleccionados, sino a todas las personas cuya posición pudo modificarse por la alteración del proceso.
LA AUTONOMÍA NO EXCLUYE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
La autonomía universitaria es una garantía constitucional fundamental. Permite a la UNAM gobernarse, organizar sus planes académicos y administrar su patrimonio. Pero autonomía no significa ausencia de responsabilidad.
La Universidad debe transparentar:
• el contrato y sus anexos técnicos;
• los informes de supervisión;
• las alertas generadas;
• los criterios utilizados para cancelar exámenes;
• el número y características de los casos irregulares;
• los pagos realizados a la empresa;
• y las responsabilidades administrativas o contractuales que se determinen.
La Comisión Técnica constituye un paso importante, pero sus conclusiones deben traducirse en decisiones verificables. Si existieron fallas de la empresa, deben aplicarse las consecuencias contractuales. Si hubo omisiones de servidores universitarios, deben investigarse. Si existieron redes organizadas de fraude, deben promoverse las acciones legales correspondientes.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO SUSTITUYE LA RESPONSABILIDAD HUMANA
Este caso deja una lección que rebasa a la UNAM. Las instituciones públicas utilizan cada vez más inteligencia artificial para seleccionar personas, evaluar conocimientos, contratar proveedores, vigilar operaciones y tomar decisiones que afectan derechos.
La tecnología puede detectar patrones, generar alertas y procesar información a una velocidad imposible para una persona. Pero no sustituye la planeación, la supervisión, el juicio profesional ni la responsabilidad institucional.
Cuando un sistema falla, no basta culpar al algoritmo. Siempre existe una persona que diseñó las reglas, contrató la plataforma, autorizó su uso, recibió los reportes y tomó las decisiones.
La Unam debe preservar su prestigio mediante una investigación completa, transparente e independiente. Debe esclarecer qué ocurrió, corregir el proceso, reparar en lo posible las afectaciones y evitar que el costo de las irregularidades recaiga nuevamente sobre los aspirantes honestos.
La inteligencia artificial puede vigilar un examen. Pero la legalidad, la equidad y la confianza no dependen de una computadora.
Siguen siendo responsabilidad de las instituciones y de las personas que las dirigen.
Recordemos que la Unam es la segunda mejor universidad de américa latina y el caribe y una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, ocupando el 145.º lugar.
*DR. EN DERECHOS HUMANOS, JUICIOS ORALES, CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA, DERECHO FISCAL, DERECHO PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS, ** LIC. EN DERECHO Y CONTADOR PÚBLICO CON PROMEDIO DE EXCELENCIA RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL POR EL CENEVAL.
