Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
Durante largos años, las aulas escolares enseñaron piadosamente en el pizarrón lo que las cooperativas y las máquinas expendedoras desmentían con descaro durante el recreo. Mientras los libros de texto prescribían una dieta equilibrada y nutritiva, los refrescos rebosantes de azúcar y las frituras industriales educaban cotidianamente el paladar de las nuevas generaciones.
El histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respalda firmemente las restricciones a la venta de estos productos chatarra –extendiendo la medida a preparatorias y universidades– rompe al fin esa cínica contradicción institucional y pone un alto definitivo al lucrativo negocio de convertir a los estudiantes cautivos en pacientes crónicos.
El revés judicial del pasado 13 de octubre, al negarse amparos corporativos contra los lineamientos alimentarios, convalida la regulación de lo que puede ofertarse dentro de los planteles educativos sin vulnerar la libertad de comercio en el mercado abierto, exigiendo estrictos criterios nutrimentales para acceder a las escuelas. La supuesta mayoría de edad del alumnado universitario no extingue la responsabilidad sanitaria de las instituciones educativas.
Este fallo reconoce con lucidez que la salud pública no se edifica únicamente en el consultorio médico, sino en los entornos cotidianos. Las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023 revelan una crisis de preocupantes dimensiones: más de tres cuartas partes de la población adulta padece sobrepeso u obesidad. Reducir semejante pandemia a una simple carencia de fuerza de voluntad individual es una coartada cínica que permite encubrir un entorno comercial que vuelve omnipresente, accesible y atractiva una dieta letal.
El impacto económico y humano de este modelo de consumo es demoledor. Las estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública atribuyen al consumo de bebidas azucaradas más de 40 mil decesos anuales y el 30 por ciento de los nuevos diagnósticos de diabetes, absorbiendo una factura que rebasa el 10 por ciento del gasto público total en salud. Aquí radica el fondo del conflicto político: las corporaciones transnacionales de la comida chatarra y las bebidas embotelladas obtienen millonarias ganancias privadas de productos cuyo consumo habitual destruye la salud, trasladando el costo brutal de la crisis médica –medicamentos, diálisis, hospitalizaciones y muertes prematuras– a los bolsillos de las familias trabajadoras y a los saturados presupuestos del Estado.
Por ello, resulta plenamente congruente que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum impulse una estrategia preventiva de escuelas saludables articulada con la iniciativa Vive Saludable, Vive Feliz. Sin embargo, como lo documentaron reportajes recientes en campus universitarios donde aún se expenden refrescos y golosinas por el desconocimiento de la norma o el encarecimiento de los sustitutos, la distancia entre el decreto oficial y la realidad de las cafeterías sigue siendo abismal.
Retirar la chatarra exige mucho más que una prohibición de escritorio: demanda garantizar bebederos de agua potable gratuita, subsidiar opciones nutritivas accesibles, capacitar a los expendedores y aplicar inspecciones implacables. En regiones de marginación profunda y carencia estructural como amplias zonas de Chiapas, esta política reclama una masiva inversión pública local.
La Suprema Corte ha trazado un límite jurídico indispensable frente al apetito corporativo; ahora corresponde al Estado asegurar que comer y beber de manera sana deje de ser el privilegio más caro del recreo escolar.
