Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
Hay una iconografía habitual en el relato del crimen organizado que se reproduce con insistencia en la retina colectiva: la camioneta blindada, las ráfagas de alto calibre, el cuerpo abandonado con un mensaje contundente. Es una estética eficaz del terror.
La violencia explícita produce titulares inmediatos, pero la dominación más resistente y sofisticada no siempre se inaugura con un enfrentamiento armado. Con frecuencia, comienza de forma mucho más silenciosa: con la entrega impune de una despensa, con un préstamo a palabra para pagar medicinas, con la financiación de un funeral o con el subsidio emergente para sobrellevar una semana de absoluta penuria.
Esta dimensión profunda e incómoda de la gobernanza criminal es la que examinan con rigor académico Javier Osorio y Susan Brewer-Osorio en un revelador estudio publicado por la American Political Science Review. A través de metodologías diseñadas para medir lo que la ciudadanía calla por temor, la investigación pone al descubierto cifras sobrecogedoras para la realidad mexicana: cerca del 9 por ciento de la población habría recurrido de forma explícita a la asistencia de grupos delictivos; más del 22 por ciento atestiguó la distribución de alimentos, efectivo o suministros médicos por parte de estas organizaciones, y un 18 por ciento acató confinamientos bajo amenaza abierta. Cuando las instituciones del Estado repliegan sus ventanillas de atención, entorpecen la burocracia o carecen de capacidad de respuesta, la estructura clandestina asume de inmediato la suplencia del poder público.
Solemos concebir el control territorial como una imposición vertical donde el cártel somete y la sociedad obedece. Sin embargo, la investigación citada introduce una variable mucho más compleja: la existencia de una demanda social de gobernanza criminal. No porque las comunidades profesen admiración por los delincuentes o renuncien a la legalidad, sino porque la urgencia biológica como la alimentación, la enfermedad y la miseria no pueden aguardar el ritmo pausado de los trámites institucionales. En los márgenes de la supervivencia, la elección no se plantea entre el bien y el mal, sino entre la respuesta oportuna y el abandono absoluto del Estado.
Ahí radica la verdadera potencia política de la delincuencia organizada. Un grupo armado empieza a gobernar cuando decide qué negocio abre o a qué hora se transita; pero consolida su hegemonía cuando se transforma en el proveedor de aquello que el poder público no garantiza.
Si la violencia genera obediencia, la asistencia social edifica dependencia, gratitud o un silencio cómplice. La caja de alimentos entregada por la mañana es, en estricto sentido, una inversión estratégica: el pago anticipado para exigir después lealtad, silencio, reclutamiento o tolerancia frente al despojo.
Para una entidad como Chiapas, cruzada por la pobreza estructural, la dispersión comunitaria y la presencia disputada de poderes fácticos, la advertencia resulta de una urgencia ineludible. En los municipios donde la presencia institucional es endeble, la lucha por el territorio no se libra únicamente en el terreno de las armas; se disputa en el control del transporte, los créditos informales, la fijación de precios agrícolas y la regulación de la vida cotidiana. Quien resuelve las necesidades elementales de una comunidad adquiere algo mucho más duradero que el miedo: la capacidad para ordenar la existencia colectiva.
Por ello, la recuperación de la soberanía institucional no puede evaluarse de manera simplista mediante el recuento de detenciones, el aseguramiento de armamento o los patrullajes ostentosos. Si tras el despliegue de las fuerzas de seguridad la población sigue dependiendo de la ventanilla criminal para desplazarse, trabajar o curar a sus enfermos, el Estado habrá tomado bajo su control la carretera o las calles de algún municipio vulnerable, pero habrá perdido el gobierno.
El verdadero desafío no consiste únicamente en neutralizar el músculo armado del crimen, sino en clausurar de raíz la rendija clandestina, abriendo antes todas las ventanillas públicas que la hicieron trágicamente indispensable.
