Javier Santiago Castillo
Históricamente el final de las gestiones presidenciales se ha tensado. Los acomodos y reacomodos en vista a la sucesión presidencial agitan las aguas políticas. Cada coyuntura ha presentado características particulares. En la actual se conjugan: la renovación de tres consejerías y la presidencia del INE, la reforma electoral, conocida como plan B, el persistente protagonismo del presidente del INE, las torpezas de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las resoluciones del Poder Judicial Federal y la designación por los partidos de sus candidaturas a la presidencia de la República.
El PAN interpuso ante el TEPJF un recurso para cuestionar la integración de las quintetas, por considerar que diversos aspirantes tienen relación con Morena. El Tribunal desecho las impugnaciones.
Afortunadamente no se puso creativo y abonó el camino del conflicto político. Un último ejemplo de su inconsistencia es su resolución del 22 de marzo, pues “determinó procedente el desistimiento del actor (Edmundo Jacobo) del juicio de la ciudadanía y, respecto del medio de impugnación del INE, inaplicó el artículo impugnado y ordenó la continuación del cargo de la persona titular de la secretaría ejecutiva”.
Para colmo, la decisión se empató y el presidente tuvo que dar el voto de calidad para que se resolviera. Primero decide que es procedente el desistimiento de Edmundo Jacobo del Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales y luego ordena restituirlo como Secretario Ejecutivo del INE.
Al aceptarse el desistimiento la materia del juicio deja de existir; entonces ¿por qué restituirlo en el cargo? Además, esa decisión ya había sido tomada por un Tribunal Colegiado y Edmundo Jacobo ya se había reintegrado a su cargo.
Protagonismo innecesario del Tribunal o como dice el refrán: “llover sobre mojado”. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de diputados discutirá, después de Semana Santa, una iniciativa de reforma constitucional, para acotar la actuación del Tribunal Electoral.
A reserva de analizar a profundidad dicha propuesta, el principal promotor de ella ha sido el propio tribunal por sus excesos interpretativos o evasión de responsabilidad. En la conferencia mañanera del miércoles 29 de marzo el presidente López Obrador sugirió respetuosamente que la elección de consejeros se realizara por sorteo. La mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados acató la amable sugerencia.
Aunque, hay que decirlo, el procedimiento es constitucional. Se previó con la finalidad de que la ausencia de acuerdo en la Cámara de Diputados no entorpeciera el funcionamiento de la institución electoral, como sucedió en 2010 y 2011. Ya se nombraron por sorteo una presidenta (Guadalupe Taddei), una consejera (Rita Bell López) y dos consejeros (Jorge Montaño y Arturo Castillo). A pesar de las críticas opositoras, de la historia personal y profesional de los elegidos no se encuentran signos de ser poseídos por un “espíritu morenista” recalcitrante.
Lo evidente son trayectorias profesionales con similitudes y diferencias. De las filias ideológicas de la consejera presidenta y el resto de los elegidos no hay que sorprenderse. Todos y todas quienes han sido consejeros han tenido una filia ideológica y, varios, antecedentes de militancia partidaria o de afiliación a algún partido después de ocupar su cargo. Esa es la realidad. Por otra parte, es absurdo pretender que los consejeros sean vírgenes ideológicamente.
Lo relevante es que en el desempeño de la alta función de Estado que les toca desempeñar actúen con imparcialidad. Por sus actos los conoceremos. Las tensiones políticas, por la disputa del poder presidencial en 2024, continuarán, ni tirios, ni troyanos están dispuestos a ceder. Por eso, los vientos del golpeteo político contra el INE no se detendrán, arribarán de las más disímbolas direcciones.
Por otra parte, el INE interpuso una Controversia Constitucional para invalidar las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Los argumentos centrales de la Controversia son la afectación de los derechos humanos de las minorías indígenas y afromexicanas por no habérseles consultado; asimismo de poner en riesgo el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, afectar los derechos laborales de los trabajadores del INE y la remoción del secretario ejecutivo.
El 24 de marzo el ministro Javier Laynez Potizek concedió la suspensión provisional solicitada en la Controversia. El alegato esencial para denostar la decisión del ministro es que se excedió en sus facultades, pues el artículo 105 constitucional no permite a la Suprema Corte suspender los efectos de las leyes electorales. Esta disposición es cierta, pero establece una excepción cuando se presenten “…violaciones a esta Constitución. Así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.”
Los ejes de la argumentación de la Controversia y de la suspensión provisional otorgada por el ministro Laynez son las violaciones constitucionales y la vulneración de los derechos humanos. En ese contexto se dio la protagónica gira (22-24 de marzo) del presidente del INE a Estados Unidos, para entrevistarse con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols y Luis Almagro, el malogrado secretario General de la OEA.
Qué necesidad de echar un par de leños más a la hoguera del conflicto buscando apoyo de agentes externos, cuando el ministro Laynez resolvió el 24 de marzo. De los excesos retóricos ni opinar. La verbal continencia no es una prenda que porte el exconsejero presidente del INE, Por otro lado, la estrategia desde la palestra presidencial de realizar acusaciones mediáticas contra servidores públicos demostró su eficacia, al inicio del sexenio, en el caso del exministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora.
Se le investigó, renunció, en los hechos, se le perdonó, porque las investigaciones sobre transferencias financieras que superaban sus ingresos cesaron. Menciono el caso por la confrontación presidencial con el Poder Judicial, derivada de las últimas resoluciones. En la víspera de la definición de las candidaturas a la presidencia de la República y en el momento del canto del cisne sexenal, esa estrategia se ha desgastado, aunque no ha perdido su capacidad legitimadora.
La decisión del ministro Laynez de otorgar al INE la suspensión provisional de la reforma electoral incrementó la polvareda verbal en contra de los ministros de la Suprema Corte, en particular de él mismo y de la presidenta Norma Lucía Piña. Hoy se está ventilando en los medios de comunicación la historia de las relaciones políticas de la ministra presidenta y del ministro. En el procedimiento para designar a los ministros de Corte, la presidencia de la República juega un papel esencial: proponer al Senado la terna de la cual será electo un ministro.
El procedimiento de elección necesariamente obliga a cualquier aspirante a acercarse al presidente o a su círculo cercano. Así fue, así ha sido y así será mientras el procedimiento no cambie. Todos estos hechos inciden directa o tangencialmente en la organización de los procesos electorales de 2024 y hay que agregar el rol político que jugará la presidencia. En un sentido abonan el conflicto político, aunque sean decisiones sensatas; en otro abonan a la certeza jurídica y operativa en la organización de los comicios.
La tragedia del incendio del centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez ha enturbiado el proceso interno de selección del candidato presidencial de Morena. Con seguridad será utilizado por la oposición para fustigar a quien resulte candidato o candidata de Morena a la presidencia. Por su lado, los partidos opositores ni siquiera han delineado el método para elegir a quien ocupará su candidatura presidencial. El escenario político es turbulento. Tal parece que los actores políticos no se percatan del riesgo de sembrar vientos, porque la cosecha será de tempestades
