Juan Pablo Zárate Izquierdo
Los datos de abstencionismo de las últimas elecciones en México han pintado un panorama desconcertante sí, pues, mientras que las élites políticas celebran cada proceso electoral como un ejercicio democrático exitoso, los ciudadanos comenzaron expresar un descontento, alejándose masivamente de las urnas.
La elección judicial de junio de 2025 lo demostró de manera contundente con un abstencionismo del 87%, pero este no es un fenómeno aislado. Es la manifestación más cruda de una crisis que lleva décadas gestándose en nuestro sistema de partidos políticos.
¡Algo hay que hacer!
Esta situación no es exclusiva de México, pero ha adquirido características particulares que ameritan una reflexión profunda. Estamos ante un divorcio entre la ciudadanía y sus supuestos representantes que va más allá de las diferencias ideológicas tradicionales. Se trata de una crisis de confianza que pone en entredicho la legitimidad misma del sistema democrático tal como lo conocemos.
El fenómeno del abstencionismo en México ha mostrado una tendencia preocupante. Según datos del Instituto Nacional Electoral, el promedio de abstención en las últimas diez elecciones federales ha sido alrededor del 44%, con una clara tendencia al alza. En las elecciones presidenciales de 2024, aunque la participación fue del 61.04%, el 38.96% de abstención sigue siendo significativo. Pero donde el problema se vuelve más evidente es en las elecciones locales, donde el abstencionismo puede superar el 48.70%, como ocurrió en 2019.
En Chiapas, esta realidad adquiere matices aún más complejos. Durante las elecciones de 2024, el estado enfrentó no solo los desafíos de participación ciudadana, sino también problemas de seguridad que limitaron el acceso a las urnas en varias regiones. Los 124 municipios chiapanecos mostraron patrones de participación muy diversos, reflejando las profundas desigualdades sociales y económicas que caracterizan a la entidad.
La singularidad es muy evidente: mientras más partidos políticos registrados existen (actualmente seis nacionales y varios que pretenden su registro en Chiapas), menor es la sensación de representatividad que experimenta la ciudadanía. Los partidos se han convertido en estructuras burocráticas más enfocadas en mantener su registro y acceso a recursos públicos que en representar genuinamente los intereses de sectores específicos de la población.
Esta crisis de representatividad tiene raíces profundas en la transformación del sistema político mexicano. Durante décadas, los partidos funcionaron como ramificaciones de despacho entre el Estado y la sociedad, pero la transición democrática no logró renovar completamente estas estructuras.
En lugar de evolucionar hacia organizaciones más conectadas con las bases sociales, muchos partidos se adaptaron al nuevo sistema electoral manteniendo viejas prácticas clientelares y, sobre todo las oligarquías.
El problema se agrava cuando observamos que los jóvenes entre 20 y 29 años, que representan el 22% del padrón electoral según el INE, muestran los niveles más altos de abstencionismo. Esta generación, que no vivió la transición democrática como un logro histórico, percibe a los partidos políticos como instituciones ajenas a sus preocupaciones cotidianas: empleo, educación, seguridad, medio ambiente.
En Chiapas, donde el 30% de la población es joven, esta desconexión es particularmente grave. Los partidos han fallado en incorporar las demandas específicas de las comunidades indígenas, los problemas de migración, la crisis climática que afecta al sector agropecuario, y las nuevas formas de organización social que emergen desde los territorios.
Más aún, la fragmentación del sistema de partidos, lejos de generar mayor representatividad, ha producido mayor confusión ideológica. Los ciudadanos se enfrentan con ofertas políticas que, en la práctica, resultan desdibujadas en términos programáticos. Las diferencias se reducen con mayor énfasis a personalidades, símbolos y promesas vagas, mientras que los grandes problemas estructurales quedan sin propuestas concretas y diferenciadas.
Esta situación se ve agravada por el financiamiento público de los partidos, que ha creado incentivos viciosos, es decir, los partidos pueden subsistir sin necesidad de mantener una base social activa, pues sus recursos provienen del erario público, lo que ha llevado a eso que algunos analistas llaman «partidos de Estado», organizaciones que existen principalmente para participar en elecciones y distribuir prebendas, no para representar intereses sociales específicos.
La crisis ideológica es igualmente preocupante. Los partidos han abandonado las grandes narrativas que tradicionalmente les dieron identidad: el liberalismo social, las luchas por las libertades, la socialdemocracia, se han diluido en un pragmatismo electoral que busca únicamente la maximización de votos. Esta pérdida de identidad ideológica acrecienta la confusión en el electorado, que no logra identificar diferencias sustanciales entre las opciones disponibles.
El resultado es un círculo vicioso: la desconfianza ciudadana alimenta el abstencionismo, que a su vez ahonda las diferencias sociales que generan una disminución en la legitimidad de los gobiernos electos, lo que genera más descontento social.
Los partidos, en lugar de renovarse, se refugian en estrategias de movilización cada vez más costosas y menos efectivas, alejándose aún más de la ciudadanía.
¿Qué hacer ante este panorama? La renovación del sistema de partidos no puede venir únicamente desde arriba. Es necesario replantear los incentivos que determinan el comportamiento de estas organizaciones. Aprovechar la reforma electoral que vincule el financiamiento público a indicadores de representatividad real.
La democracia no puede reducirse al monopolio de los partidos registrados
La crisis actual no es solo un problema técnico que solo se resuelva con reformas electorales. Es una crisis de confianza que requiere una renovación profunda de la cultura política. Los partidos deben volver a ser lo que alguna vez fueron: organizaciones que emergen desde la sociedad para representar intereses específicos y proyectos de país diferenciados. La democracia mexicana está en una encrucijada, sí… Puede seguir el camino de la simulación electoral (donde los partidos subsisten como estructuras vacías de contenido social, alimentando el creciente descontento ciudadano) o puede evolucionar hacia formas más participativas y representativas de organización política.
La decisión no está solo en manos de los políticos profesionales, sino también de una ciudadanía que debe participar para exigir una representación auténtica.
El abstencionismo en las elecciones no es solo una estadística preocupante; es un grito silencioso de una sociedad que ya deja de creer en sus instituciones políticas.
Escuchar ese grito y actuar en consecuencia es el primer paso para reconstruir la confianza entre gobernantes y gobernados.
El tiempo de las medidas a modo y maquilladas se ha terminado; es hora de transformaciones de fondo, donde los foros de consulta para la Reforma Electoral en México puede ser un buen espacio para ello.
