Juan Pablo Zárate Izquierdo*
El escándalo del examen de ingreso de la UNAM de este 2026 dejará una factura muy alta para la Universidad, pero sería un error pensar que la historia termina ahí, en este episodio tan bochornoso para la universidad con el máximo referente de nuestro país. La UNAM tendrá que revisar contratos, procesos, controles y decisiones, pero las demás universidades públicas también deberían mirar lo ocurrido con cierta preocupación, porque muchas enfrentan exactamente el mismo problema: miles de jóvenes buscando un lugar que no alcanza para todos y una presión cada vez mayor por encontrar mecanismos que hagan más rápido, más barato y más eficiente el proceso de selección.
En los últimos años, la tecnología comenzó a ocupar un espacio cada vez mayor en la admisión universitaria. La UNACH, por ejemplo, ya realiza procesos de examen en línea y utiliza mecanismos de validación de identidad y navegación controlada. La UNICACH, por su parte, combina evaluaciones presenciales, en línea y específicas dependiendo de la carrera.
No hay nada malo en modernizar los procesos. El problema comienza cuando se piensa que modernizar significa necesariamente hacerlos más confiables y eso es justamente lo que la experiencia de la UNAM debería obligar a discutirlo.
Una universidad puede contratar una plataforma, incorporar inteligencia artificial, utilizar reconocimiento facial o establecer mecanismos para impedir que un aspirante consulte información que le favorezca frente a los demás. Pero detrás de todo eso sigue existiendo una importante decisión: ¿quién diseña el sistema, quién lo contrata, quién lo supervisa y quién responde cuando falla?
Y ahí aparece otra pregunta que va mucho más allá de la UNAM: ¿qué tan preparadas están nuestras universidades públicas para vigilar los mecanismos que utilizan para vigilar a sus propios aspirantes?
La pregunta importa particularmente en Chiapas, donde la UNACH y la UNICACH representan para miles de jóvenes la primera opción para estudiar una carrera sin tener que abandonar el estado. La UNACH informó que en 2026 recibió más de 19,500 solicitudes de ingreso y que su matrícula superó los 30 mil alumnos. La UNICACH, por su parte, ofreció para el proceso 2026-2027 cuarenta programas educativos en Tuxtla Gutiérrez y sus subsedes regionales.
Pero detrás de esas cifras hay una realidad que no siempre queremos mirar: los espacios siguen siendo limitados frente a la cantidad de jóvenes que buscan una oportunidad.
Y cuando los lugares son pocos, la competencia aumenta y también aparece un mercado alrededor de la desesperación, ya que hay personas que ofrecen respuestas, supuestos contactos, ayuda durante el examen o cualquier mecanismo que prometa asegurar un lugar.
Aquí también se tiene que hablar como sociedad, porque existe una contradicción que pocas veces se reconoce pues muchos se indignan cuando alguien obtiene un beneficio mediante una trampa, pero cuando esa misma trampa parece favorecer a alguien cercano, muchas veces se prefiere guardar silencio.
Si un joven consigue entrar a una universidad haciendo algo indebido y nadie lo descubre, el asunto puede terminar en una simple anécdota familiar. El problema
aparece cuando todo sale mal, se descubre el fraude y entonces la misma sociedad exige explicaciones y reclama que las instituciones sean honestas.
La pregunta incómoda es si realmente queremos instituciones honestas o solamente instituciones que no nos descubran cuando hacemos algo indebido, eso es lo que precisamente pasa por la disputa de un ingreso a las universidades públicas.
La responsabilidad individual existe y no debe minimizarse, claro, pues quien compra respuestas o busca una ventaja ilegal está perjudicando a otro estudiante que sí cumplió las reglas. Pero también sería demasiado sencillo pensar que todo se resuelve castigando al tramposo, cuando miles de jóvenes compiten por unos cuantos lugares, existe una presión social que también debe analizarse, no para justificar la conducta indebida, sino para entender por qué alrededor del acceso a la universidad se ha construido un ambiente donde algunos empiezan a considerar la trampa como una opción o, lo que es preocupante, normalizar todo ello ante las pocas oportunidades.
La experiencia de la UNAM debería servir precisamente para evitar que ese problema se repita en otras instituciones.
La UNACH y la UNICACH tienen aquí una oportunidad importante. No necesitan esperar a que aparezca un escándalo para revisar sus procesos de admisión. Pueden preguntarse desde ahora si sus mecanismos tecnológicos son realmente seguros, si existen suficientes controles sobre los proveedores, si las decisiones pueden ser auditadas y, sobre todo, qué sucede cuando un sistema se equivoca.
Porque el verdadero aprendizaje no está en poner más cámaras o más candados. Está en construir procesos donde los aspirantes sepan que las reglas son iguales para todos y que detrás de la tecnología existe una institución capaz de responder por ella.
La UNAM está pagando un costo muy alto por haberlo aprendido de esta manera. Sería todavía más grave que otras universidades públicas tuvieran que pagar el mismo precio para entenderlo.
Y también sería conveniente que como sociedad aprendamos algo, pues la corrupción no empieza únicamente en los grandes escándalos, también comienza cuando aceptamos que una pequeña trampa está bien porque beneficia a alguien cercano, cuando creemos que el resultado importa más que la forma de conseguirlo o cuando solamente exigimos honestidad de las instituciones después de que descubrimos que alguien hizo trampa.
Una universidad pública no puede garantizar un lugar para todos, porque sus espacios son muy limitados. Pero sí puede garantizar algo que vale mucho: que quien obtenga un lugar lo haya conseguido bajo las mismas reglas que los demás.
En Chiapas, donde para miles de jóvenes la UNACH y la UNICACH representan las principales puertas hacia una profesión y una mejor oportunidad laboral, esa responsabilidad no es algo menor. Estan obligados a aprender de la experiencia de la UNAM.
La lección de la UNAM no debería quedarse en la Ciudad de México, debe llegar a Chiapas antes de que sea necesario aprenderla de la peor manera.
Porque al final, el problema nunca ha sido solamente el candado para evitar las trampas en un examen de admisión, el verdadero problema es lo que hacen las instituciones y la sociedad cuando alguien descubre la manera de abrir precisamente ese candado para poder obtener beneficio de ello.
Por lo pronto, el examen de control de la UNAM se está realizando entre el 12 y el 19 de agosto para unos 58 mil aspirantes y, al final, de todo esto, tendrán que aprender mucho las universidades públicas y la sociedad misma.
* Profesor Investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas
