Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
La investigación comenzó el 3 de julio en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato. Una pipa descargaba 33 mil litros de diésel que su conductor no pudo acreditar. La revisión llevó a las autoridades hasta una terminal de San José Iturbide, donde fueron asegurados 59 millones de litros de gasolinas y diésel.
El operativo fue presentado como uno de los mayores golpes contra el huachicol. Sin embargo, la instalación está autorizada para almacenar combustibles. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, exhibió el permiso PL/19344/ALM/2016 y sostuvo que el producto pertenece a clientes que deben acreditar su procedencia.
La cronología contiene un vacío. Según información publicada por medios de comunicación, el operativo ocurrió el 4 de septiembre, la terminal reanudó actividades el día 10 y el aseguramiento fue anunciado hasta el 17, cuando llevaba una semana funcionando nuevamente.
El permiso de SIMSA autorizaba el almacenamiento, pero no el origen ni la trazabilidad del combustible incautado. La FGR deberá entonces establecer si éste fue adquirido conforme a la ley, si se pagaron impuestos y quiénes son sus propietarios. Hasta ahora existe un aseguramiento, no un decomiso definitivo.
La FEMDO atrajo el expediente, mientras que la
FGR, a cargo de Ernestina Godoy, informó que varias empresas deben entregar documentación sobre origen, manejo y destino. La presidenta Claudia Sheinbaum también reaccionó y pidió a la Fiscalía presentar los detalles. Previamente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que no hubo detenidos porque no había personas en el predio, aunque anticipó detenciones.
Grupo SIMSA tiene seis décadas en el sector. Salomón Issa Murra fundó el consorcio en Torreón en 1967. Sus hijos, Salomón y Nesim Issa Tafich, asumieron la administración en 2010 y ampliaron operaciones.
Un recuento de junio de 2023 identificó 292 permisos vinculados con 11 de 26 empresas relacionadas con los Issa Tafich. Los registros de la Comisión Nacional de Energía mezclan autorizaciones en operación, pendientes, vencidas, terminadas y modificadas. Los principales corresponden a Combugas, las filiales de Torreón y Zacatecas, y a Gas Natural del Noroeste.
La integración del grupo también quedó bajo revisión regulatoria. En 2022, 10 empresas relacionadas con SIMSA solicitaron a la Comisión de competencia una opinión sobre su participación simultánea en distintos eslabones del mercado de hidrocarburos. El punto era determinar si compañías bajo un mismo control podían operar en transporte, almacenamiento y comercialización sin favorecer a sus propias filiales ni limitar el acceso de competidores.
SIMSA también ha enfrentado conflictos con competidores. En Navojoa, Gas Natural del Noroeste y Monterrey Energy Pipeline se acusaron por derechos de vía, invasión y sabotaje. La FGR abrió una carpeta y un socio de MEP fue vinculado a proceso. En Coahuila, el conflicto con EON Energy derivó en la detención de su propietario por supuesto fraude, en un expediente cuestionado por la defensa. Otra filial obtuvo en 2018 un amparo de la Suprema Corte por vicios legislativos en reglas sobre reporte de precios, volúmenes y estructura corporativa.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador inició su sexenio con una cruzada contra el huachicol. Cerró ductos, reforzó la vigilancia militar y compró pipas para supuestamente reducir el robo directo. Pero los ilícitos cobraron fuerza no sólo con el contrabando, sino con cargamentos declarados como aditivos que cruzaron puertos y aduanas: el huachicol fiscal.
Sheinbaum y Harfuch han desplazado la persecución hacia barcos, trenes, terminales, facturas y pedimentos. La estrategia busca reconstruir operaciones financieras y comerciales, no sólo localizar combustible.
El caso de SIMSA y los 59 millones de litros pone a prueba a la FGR y al gabinete de seguridad: ¿corresponden a operaciones lícitas?, ¿existen inconsistencias documentales o fiscales y qué responsabilidad corresponde a cada involucrado? La pipa condujo a una terminal. Ahora la investigación debe conducir, con pruebas y control judicial, al origen del combustible y a sus propietarios.
Posdata 1
El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, elevó la presión sobre Morena rumbo a las elecciones de 2027. Advirtió que la alianza puede fracturarse si el partido mayoritario continúa tomando decisiones sin incorporar a sus aliados y abrió las puertas del PT a los aspirantes inconformes con los procesos internos. Su reclamo es que Morena se siente con capacidad para competir solo, debido a la debilidad de la oposición, y ha dejado de escuchar tanto al PT como a algunos de sus propios liderazgos.
La disputa tiene como principal objetivo Baja California Sur, una de las gubernaturas que el PT quiere encabezar dentro de la coalición. Para conseguirla, los petistas están utilizando como instrumentos de negociación las inconformidades de Zacatecas y Guerrero, donde respaldaron perfiles que no obtuvieron las coordinaciones, y podrían sumar también Quintana Roo. No se trata todavía de una ruptura definitiva, sino de una negociación territorial: el PT busca que Morena reconozca su peso electoral y le entregue por lo menos una candidatura competitiva a gobernador.
La lectura de la dirigencia petista es que el Partido Verde recibió un trato preferencial. Considera que Quintana Roo quedó bajo la influencia de un grupo político estrechamente relacionado con el Verde y anticipa que San Luis Potosí también podría reservarse para ese partido. El PT, en cambio, no tiene hasta ahora una gubernatura asegurada. La advertencia de Sandoval y la posibilidad de postular a morenistas inconformes forman parte de esa presión. La alianza no está rota, pero el reparto de Baja California Sur definirá si el PT permanece como socio electoral de Morena o comienza a competir con candidatos propios.
Posdata 2
Se sabe que la designación de Verónica Díaz como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Zacatecas abrió una inconformidad entre los grupos de Morena que respaldaban a Ulises Mejía Haro. Diversas encuestas públicas habían colocado a Mejía entre los perfiles mejor posicionados. Esas mediciones generaron una expectativa que ahora requiere una explicación técnica.
Ulises Mejía, sin embargo, ha actuado con responsabilidad. No ha roto con Morena, no ha desconocido a la coordinadora ni ha convertido su inconformidad en una confrontación contra la familia Monreal. Su petición consiste en conocer la metodología, la muestra y los resultados de las encuestas internas. Transparentarlos no debilitaría la designación de Verónica Díaz; por el contrario, ayudaría a fortalecerla, cerraría espacios a las especulaciones y facilitaría la integración de los grupos que participaron en el proceso.
El plan B de Mejía tampoco tendría que pasar por una candidatura opositora. Su mejor ruta es mantenerse dentro de Morena, regresar a la Cámara de Diputados, conservar su estructura territorial y participar en la construcción de la unidad rumbo a 2027. Cuenta con reconocimiento electoral y con una base propia que puede ser relevante para el futuro.
El reto de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández será conducir un acuerdo que reconozca plenamente a Verónica Díaz e incorpore a Mejía y a los demás aspirantes. Morena necesita explicar los resultados, ordenar a sus corrientes y evitar que una diferencia procesal termine convertida en una fractura electoral.
@MarioMal
