Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha encontrado en la causa de las madres buscadoras algo más que solidaridad. En su decisión de acompañarlas existe una afinidad ética evidente, pero también una lectura política de mayor alcance: la pregunta por los desaparecidos puede convertirse en punto de encuentro entre luchas sociales que durante años han avanzado por caminos paralelos.
Durante la última década, el zapatismo ha buscado mantener presencia nacional sin convertirse en partido ni abandonar su lógica de organización desde abajo. Lo hizo con la candidatura de Marichuy, la defensa de Samir Flores, la Travesía por la Vida y, después, con un repliegue hacia sus comunidades. El patrón es reconocible: cuando una etapa pierde impulso, el EZLN reordena fuerzas, identifica una causa con capacidad simbólica y vuelve a tender puentes.
Las madres buscadoras encajan de manera natural en esa tradición. Son familias que investigan, recorren montes, excavan terrenos, confrontan burocracias y crean redes de apoyo porque el Estado no ha podido garantizar verdad y justicia. El dolor privado se transforma así en organización colectiva, compatible con la idea zapatista de construir capacidad social desde abajo.
Pero sería ingenuo leer el acercamiento únicamente en clave moral. El comunicado zapatista del 9 de agosto vincula los encuentros con buscadoras durante su estancia en Ciudad de México con el propósito de relanzar la Sexta –movimiento social adherente a la “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”– y reconstruir articulaciones nacionales. La fórmula de reunir distintas luchas bajo una demanda común de verdad y justicia por las ausencias revela una intención estratégica: encontrar un mínimo común denominador capaz de convocar a indígenas, estudiantes, maestros, feministas, ambientalistas, migrantes y organizaciones urbanas sin exigirles una identidad política única.
La pregunta “¿dónde están?” atraviesa diferencias ideológicas y partidistas porque remite a una deuda elemental del Estado. Un gobierno puede defender cifras económicas, programas sociales, obras o reducciones del delito, pero frente a una madre que sostiene la fotografía de su hijo desaparecido el discurso institucional encuentra un límite. O la persona aparece, o se esclarece qué ocurrió, o la ausencia permanece como evidencia de una falla que ninguna narrativa puede cerrar.
En Chiapas la conexión es directa. Las desapariciones conviven con desplazamientos, violencia criminal y disputas territoriales cercanas a regiones donde el zapatismo ha construido autonomías. Apoyar a las buscadoras ofrece además al EZLN un lenguaje para hablar de la violencia que reorganiza territorios.
También hay un cálculo de reposicionamiento. Tres décadas después de 1994, el EZLN conserva fuerza simbólica, pero ya no ocupa el centro de la conversación nacional. Nuevas generaciones no vivieron el levantamiento ni la Marcha del Color de la Tierra, y para ellas el zapatismo necesita nuevas puertas de entrada. La causa de los desaparecidos puede cumplir esa función porque conecta con sensibilidades actuales sin exigir adhesión zapatista.
El riesgo está en pretender apropiarse de una causa que no es homogénea. Muchas buscadoras han rechazado que su dolor sea utilizado por partidos, gobiernos u organizaciones. Si el EZLN intenta subordinarlas a su confrontación con la 4T o a su crítica anticapitalista, puede erosionar la legitimidad del acercamiento; si mantiene la relación en términos de acompañamiento, escucha y articulación horizontal, puede reconstruir vínculos sin hegemonizar a quienes convoca.
Por eso diciembre será algo más que una visita zapatista a la capital: será una prueba de su capacidad para conectar luchas dispersas alrededor de una causa común. La apuesta no consiste en volver zapatistas a las buscadoras, sino en demostrar que movimientos diferentes pueden reconocerse en una demanda que ninguna sociedad debería normalizar.
