Letras Desnudas
Mario Caballero
La reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador nació, supuestamente, para ser el antídoto contra la corrupción del Poder Judicial Federal, corrupción que, dicho sea de paso, nunca se comprobó. Pero, desde su entrada en vigor en septiembre de 2024, ha demostrado haberlo empeorado todo.
Si antes se decía que un cinco por ciento de los juzgadores era corrupto, porque los había; ahora se presume que el dato es al revés: el 95% de ellos le entra a la corrupción de distintas maneras.
Ejemplo de ello son las sentencias dictadas bajo consigna por jueces, magistrados o ministros de la Corte, que son presionados o “maiceados” por gobernadores o funcionarios del Ejecutivo federal.
Ahí está el caso de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que presentó un proyecto que eximió al ISSSTE, dirigido por su hermano Martí Batres, de pagar 5 mil 810 millones de pesos por adeudos fiscales a la Ciudad de México. Fue un fallo aprobado mediante un clarísimo conflicto de interés.
Como mencionada resolución fue impulsada por una ministra con vínculos con el partido oficialista, aprobada por una Corte sumisa al Poder Ejecutivo y a favor de un funcionario del gobierno de Morena, la corrupción simplemente se omitió.
Aparte de la corrupción está la falta de capacidad de los nuevos impartidores de justicia. Hay jueces, magistrados, incluso ministros, que no tienen la menor idea de sus funciones.
En ese escenario hay decenas de jueces y magistrados que hacen uso de decenas de asesores para poder sacar su trabajo. Como botón de muestra, se conoce que el actual presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, tiene alrededor de setenta asesores, cuando su antecesora, Norma Piña, sólo tenía seis. Con eso se comprueba que el “nuevo” Poder Judicial también se caracteriza por su ineptitud.
Por eso, cuando los defensores de la reforma dicen que las cosas han cambiado en el Poder Judicial Federal, no hay motivos para contradecirlos.
DEMANDA POR JUSTICIA
En el fondo, sin embargo, hay un daño incluso más grave que lo anterior. Me refiero a las vidas, sueños y proyectos de vida que se destruyeron con la reforma judicial, que en realidad López Obrador no promovió para “democratizar” la justicia y hacer que los juzgadores respondieran al pueblo y no a intereses corporativos, porque –según él- el sistema judicial estaba secuestrada por élites y redes de corrupción.
Su motivo fue la venganza, debido a los reiterados bloqueos que la Suprema Corte y otros tribunales federales impusieron a sus proyectos prioritarios y reformas legales durante su mandato. Como frenos temporales a la construcción de tramos del Tren Maya por violaciones ambientales o declaraciones de inconstitucionalidad a diversas modificaciones a leyes secundarias de su “Plan B” electoral.
Recordemos que con esta reforma, que dio vida a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, fueron cesados 711 juzgadores en todo el país, que decidieron declinar a participar en la elección o simplemente fueron emplazados a dejar sus cargos con promesa de liquidación.
En esta circunstancia están los magistrados J. Martín Rangel Cervantes y José Atanacio Alpuche Marrufo, quienes el pasado miércoles tres de junio promovieron una demanda de amparo directo para exigir el cumplimiento del pago de indemnización que les corresponde conforme a lo establecido en la reforma judicial.
El artículo décimo transitorio de la reforma contempla pagos específicos por concepto de indemnización, gastos médicos, prestaciones laborales, vacaciones, primas vacacionales, incluyendo tres meses de salario integrado y 20 días por año trabajado. Pero por capricho, el Órgano de Administración Judicial, que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal, se ha negado a pagar. Es más, se ha gastado el dinero de las liquidaciones en fines distintos, como en la compra de más de 500 automóviles para los altos mandos.
Ese mismo miércoles, varios juzgadores en distintos estados de la República promovieron dicha demanda, pues son alrededor de ochenta los que se encuentran en la misma condición. Y este lunes, un grupo de 200 jueces y magistrados retirados se manifestaron para solicitarle una audiencia a la presidente Sheinbaum para destrabar el pago de su indemnización y pensión complementaria.
VIDAS, SUEÑOS Y PROYECTOS PERDIDOS
Al momento de redactar estas líneas no se sabe si la presidente recibirá a los juzgadores o si las demandas de amparo surtirán efecto en su beneficio. Lo que sí se sabe, y por viva voz de los referidos magistrados que tuvieron a bien platicar acerca de su situación a este periodista, es la pesadilla que viven ellos y sus familias tras la reforma, que los dejó en una profunda vulnerabilidad laboral y económica.
El magistrado J. Martín Rangel tenía 34 años de servicio y José Atanacio Alpuche 37, con una carrera judicial ejemplar, con maestrías y doctorados, con diversas especialidades, con doctorados honoris causa el primero de ellos, con libros publicados el segundo, y ambos decidieron declinar a participar en la elección judicial, confiando en que les pagarían lo determinado en la norma constitucional.
Sin embargo, ni les pagaron, ni les garantizan el pago y, para mayor inri, son discriminados. A tal grado de no dejarlos ingresar a las instalaciones. Cada vez que llegan a solicitar alguna audiencia o a realizar cualquier otro trámite relacionado con su caso, los atienden en la banqueta. Una barbaridad. No hay justicia en el Palacio de Justicia.
No es todo. Al ser cesados no sólo se quedaron sin trabajo, sino tuvieron que empezar de cero, echando mano de sus ahorros y no con poco esfuerzo, ya que de acuerdo con la legislación tienen prohibido laborar durante dos años en la entidad federativa donde prestaron sus servicios por última vez.
Cuentan que han sufrido maltratos y humillaciones por los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal. Inclusive, han presentado problemas de salud.
Pero hay casos mucho más graves, donde jueces o magistrados han perdido la vida por distintas causas. Otros se han aislado como producto de la profunda depresión que viven, al punto de ni siquiera salir de sus habitaciones. No responden el teléfono y menos reciben visitas de sus antiguos compañeros de trabajo o familiares.
Muchos de ellos y ellas son personas que rebasan los sesenta años de edad, que han perdido sus sueños y proyectos de vida, como los magistrados Rangel y Alpuche, que se vieron en la necesidad de instalar bufetes para poder sostener su hogar y sus hijos.
INHUMANO
En fin, la implementación de la reforma judicial ha dejado a su paso un rastro de profunda injusticia laboral y humana, encarnado en los juzgadores retirados. Estos hombres y mujeres, que dedicaron décadas de su vida a la loable labor de impartir justicia y consolidar el Estado de Derecho, ni siquiera han sido merecedores de un retiro digno y una liquidación que reconozca su trayectoria.
Lo más alarmante, aparte del incumplimiento del pago de sus indemnizaciones y prestaciones que no son un mero trámite administrativo, es la crueldad intrínseca de obligar a profesionales a reincorporarse a la vida laboral o buscar el sustento diario, ignorando por completo su edad, padecimientos de salud o las enfermedades propias del desgaste natural tras una vida de arduo trabajo, y todo por el capricho y la venganza de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador, quien con esta reforma puso el Poder Judicial al servicio de los poderosos, no del pueblo.
