Letras Desnudas
Mario Caballero [email protected]
A cada cosa, su nombre.
En la política chiapaneca parece existir una regla no escrita, pero aplicada con devoción religiosa: el cinismo no sólo es un requisito para entrar al servicio público, sino el principal combustible para intentar quedarse en él de por vida.
Lo digo porque estando a unos meses de que arranque el proceso electoral rumbo a los comicios de 2027, en los cafés de Tuxtla Gutiérrez, en los pasillos del Congreso y en los rincones de la costa y soconusco ya se escuchan los nombres de quienes pretenden volver a reciclarse en los cargos de elección popular.
Sí, son los responsables directos del desastre administrativo del sexenio pasado, los fieles escuderos del rutilismo que, lejos de preparar su defensa jurídica ante el escrutinio público, hoy se sienten con el derecho suficiente para levantar la mano y pedir nuevamente el voto de los ciudadanos.
Hablamos de cuatro personajes que representan a la perfección lo que la ciudadanía repudia: Freddy Escobar Sánchez, Rosy Urbina Castañeda, Javier Jiménez Jiménez y José Uriel Estrada Martínez. Cuatro perfiles que en cualquier democracia con un mínimo de decencia estarían rindiendo cuentas ante un juez o, cuando menos, guardando un prudente silencio en el exilio político. Pero en Chiapas, donde la memoria suele ser corta y la ambición larga hasta lo intolerable, estos cartuchos quemados pretenden vendernos la idea de que son la solución a los problemas que ellos mismos provocaron o solaparon.
ROSA
Empecemos por el caso de Rosa Irene Urbina Castañeda, quien tras haber gobernado por casi dos trienios el Ayuntamiento de Tapachula y luego saltar a una diputación federal, donde nadie la conoce y cuya labor es prácticamente nula, coquetea nuevamente con la idea de regresar al poder municipal.
Como lo he referido en otras ocasiones: la memoria tiene el sueño muy ligero. Parece que a la exalcaldesa se le olvida que su administración fue un desastre descomunal, pues dejó tras de sí una estela de cuestionamientos financieros que hoy la tienen bajo la lupa.
De acuerdo con reportes de la Auditoría Superior del Estado (ASE), las cuentas públicas de su gestión acumularon observaciones por más de 194 millones de pesos por gastos improcedentes, pagos en exceso y recursos sin comprobar. A esto se suman los señalamientos recurrentes por el deterioro de los servicios básicos en Tapachula y una sanción administrativa impuesta por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por promoción personalizada con recursos públicos.
Se necesita ser muy caradura para que, con ese historial de opacidad y obras cuestionadas, intente por tercera vez buscar la presidencia municipal. Eso no es aspiración política; es obsesión por el poder.
Además, nadie olvida las complicidades de su gobierno con el “señor de la caguama”, Jesús Domínguez Ochoa, con el que presuntamente hizo muchos negocios al margen de la ley, y su lealtad política al líder de La Barredora, Adán Augusto López Hernández, al que apoyó de diversas maneras en la pasada contienda por la candidatura presidencial.
JJ
No muy lejos en el nivel de desfachatez se encuentra Javier Jiménez Jiménez, quien durante seis años manejó a su antojo la llave del dinero en Chiapas como titular de la Secretaría de Hacienda. Hoy, desde una curul, pretende proyectar una imagen de pulcritud financiera cuando en el Congreso local y en la opinión pública se le señala directamente como el operador financiero de las peores prácticas del sexenio anterior.
Diputados de oposición han denunciado en tribuna el presunto saqueo a las arcas estatales y la entrega de cuentas marcadas por la opacidad y el desvío de recursos hacia proyectos fallidos o sobrevaluados. Quien tuvo en sus manos el presupuesto de uno de los estados más pobres del país y lo administró bajo la sombra del tráfico de influencias y el favoritismo político, ahora quiere hacernos creer que tiene la autoridad moral para seguir legislando en 2027.
El llamado “JJ”, en tan solo seis años pasó de vivir en una casa de interés social a ser propietario de enormes mansiones y estar en la lista de los nuevos millonarios de Chiapas. Su enorme riqueza es inexplicable.
LA TAPADERA
Y si de tapaderas institucionales hablamos, el nombre de José Uriel Estrada Martínez ocupa un lugar de honor en este brevísimo recuento.
Su paso por la Auditoría Superior del Estado será recordado no por combatir la corrupción, sino por convertir al órgano fiscalizador en una oficina de trámites a modo para limpiar las cuentas de los amigos del poder y perseguir a los incómodos.
Diversos columnistas y actores políticos han documentado cómo, bajo su mando, se omitieron auditorías profundas a municipios y dependencias clave, facilitando la impunidad de personajes cercanos al grupo gobernante. A su compadre, el exalcalde de Simojovel, municipio al que él hoy “representa” en el Congreso del Estado, le perdonó observaciones por alrededor de 300 millones de pesos. A cambio, según fuentes, recibía moches de dinero en efectivo y obras para las constructoras de su propiedad.
Con un evidente enriquecimiento que contrasta con su trayectoria previa y tras haber brincado de cargo para mantener el fuero, pretende seguir vigente en la boleta electoral, apostando a que los chiapanecos olvidaron su papel como el gran encubridor del desfalco estatal.
EL MEDIO METRO
Termino con Freddy Escobar Sánchez, un “político” que ha sabido navegar entre cargos administrativos y legislativos acumulando señalamientos por el uso faccioso de las instituciones y presuntos actos de corrupción.
Su paso por la administración pública, particularmente en la Promotora de Vivienda Chiapas, estuvo marcado por denuncias de manejo discrecional de recursos, tráfico de influencias y favorecimiento a redes clientelares. En lugar de aclarar las dudas sobre el origen de su patrimonio y los señalamientos por peculado que lo han perseguido en distintos momentos de su carrera, busca de nuevo el reciclaje político, confiando en que las siglas de Morena bastarán para lavar cualquier expediente en su contra.
OFENSIVO
Lo más ofensivo de estos cuatro personajes va más allá de su sola aspiración rumbo al 2027, es el profundo desprecio que demuestran por la inteligencia del electorado. Creen que el pueblo de Chiapas sufre de amnesia colectiva. Suponen que con tomarse una fotografía sonriendo en una colonia popular, repartir despensas o colgarse de la imagen de los liderazgos nacionales es suficiente para borrar de un plumazo los millones observados por las auditorías, las obras inconclusas y el enriquecimiento inexplicable a la sombra del presupuesto.
La credibilidad pública no se decreta ni se compra con campañas anticipadas; se construye con hechos y se pierde con la corrupción. Freddy Escobar, Rosy Urbina, Javier Jiménez y Uriel Estrada ya tuvieron su oportunidad en las más altas esferas del poder en Chiapas y reprobaron con creces.
No son cuadros nuevos ni soluciones frescas: son el pasado reciente del que la entidad intenta recuperarse. Querer seguir pegado a la ubre presupuestal es un insulto a la ciudadanía que exige justicia, rendición de cuentas y, sobre todo, el fin de la impunidad para quienes confundieron el servicio público con un negocio familiar.










