Luis David Fernández Araya
El Gobierno abierto es una política pública que agrupa los conceptos de transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos en las políticas públicas en donde la información y datos gubernamentales juegan un rol esencial. Las consideraciones vertidas en esta obra son, en parte, el reflejo del despertar ciudadano que exige más de sus instituciones. El cuerpo de este compendio hace hincapié sobre un punto esencial al circunscribir el debate no solamente en la óptica de fomentar una cultura democrática integral, pero más bien en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a promover los principios y prácticas democráticas.
Los principios que rigen el gobierno abierto se inscriben en la tradición de derechos de primera generación, como la libertad de la prensa y de la libre circulación de información y de ideas.
Estos mismos valores son erigidos como derechos imprescindibles en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que, en su artículo IV, establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión, y de difusión del pensamiento por cualquier medio.
La ola de democratización que vivió la región tuvo que heredar varias dificultades que venían rezagadas, y las demandas de los ciudadanos después de casi treinta años desde las transiciones democráticas, se hacen cada día más presentes.
Una democracia de calidad demanda que los ciudadanos exijan no solamente mayores derechos, pero también cuentas a sus gobernantes, que participen activamente en la definición e implementación de políticas, y que ejerzan plenamente sus derechos.
Mayor participación y mayores derechos resultan en un desarrollo más pleno, más equitativo y más inclusivo de los países.
Creo que se ha hecho un enorme esfuerzo en esto. La reforma del Estado, no solamente con el sentido de hacerlo más democrático, pero también más eficiente, ha sido un objetivo de todos nuestros gobiernos en los últimos años.
En el proceso actual de asentamiento democrático, la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas, y el intercambio de buenas prácticas son principios que se han venido añadiendo a la idea que nos podemos hacer de democracia, al forjar marcos normativos conducentes a una mejor gestión pública, a una mejor gobernabilidad democrática.
Si queremos producir las reformas necesarias exigidas por la realidad actual, es indispensable optar por el camino de la política. En cierto sentido, el gobierno abierto se encuentra revindicando el rol del Estado en atender los desafíos de sus ciudadanos, y estos últimos se conciben como uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del sistema político.
Estamos asistiendo al surgimiento de una sociedad en la que la relación y la posibilidad de compartir forman parte intrínseca de la comunicación, y no es un mero resultado de esta última, o un subproducto comunicativo. Los dos elementos clave son la creciente subjetividad o individualización de los actores (que no forzosamente desemboca en el individualismo), y la enorme facilidad de comunicación que generan las TIC.
En ese contexto se da una gran demanda de autonomía (que va más allá del esquema libertad- control tradicional de la sociedad moderna), surgen mercados alternativos, aparecen nuevas redes y agregados sociales, y emergen nuevas culturas que hacen de la diferencia su valor añadido.
En la perspectiva tradicional, las esferas de las instituciones públicas parten de un concepto de libertad y de participación muy vinculado a la libertad de voto y al ejercicio del mismo, mientras el control se relaciona con el cumplimiento de unas leyes emanadas de esa voluntad popular, expresada con el mecanismo representativo. En el nuevo contexto social que estamos describiendo, la libertad se basa en una idea de intercambio que parte de la reciprocidad.
Economista*
