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Los trabajadores están defendiendo Ucrania, pero el Estado ucraniano no defiende los derechos de los trabajadores

Malgorzata Kulbaczewska-Figat

A la sombra de la guerra, el gobierno ucraniano está impulsando reformas laborales que se habían planeado durante más de dos décadas, pero que, por diversas razones, nunca llegaron a concretarse. Y estas no son las reformas por las que luchaban los sindicatos. Quizás el término “contrarreformas” sería más adecuado: si el mercado laboral ucraniano no era un espacio favorable para los trabajadores mucho antes de la guerra, ahora se desestabilizará aún más, se desregulará y se adaptará aún más a las expectativas de los empleadores.

En marzo, el parlamento votó y el presidente Volodymyr Zelensky firmó el proyecto de ley 2136, «ley sobre relaciones laborales en condiciones de guerra». Oficialmente, la ley es una medida temporal que busca ayudar a aquellas empresas que se vieron fuertemente afectadas por el conflicto y no pueden seguir operando en la escala anterior. Sin embargo, la ayuda del Estado no consiste en subsidios, préstamos o tasas impositivas preferenciales. El estado ucraniano parece sugerir que no tiene recursos para ninguna de estas medidas. En cambio, da a los empresarios mano libre para explotar a los trabajadores.

El proyecto de ley 2136 otorga al empleador el derecho de “suspender el contrato de trabajo”. Significa que el trabajador no es ni despedido, ni pagado. Además, el proyecto de ley da a los empleadores la oportunidad de no pagar por el trabajo que ya se ha hecho. Bastará con que digan que por hechos de guerra no pudieron pagar a tiempo. No hay ninguna institución que pueda obligarlos a pagar – explica Vitaliy Dudin, experto en derecho laboral y uno de los líderes de la organización de izquierda ucraniana Sotsialny Rukh (Movimiento Social). Y esto no es todo: el empleador ahora también tiene derecho a renunciar a cualquier convenio colectivo que existiera en el lugar de trabajo. No se necesita justificación.

Para Dudin, las conclusiones son obvias: «en una situación crítica, el estado ucraniano está dando prioridad a los intereses empresariales, no a los de los trabajadores».

Los trabajadores son la mayoría de la sociedad, como en cualquier sociedad, pero no tienen una representación significativa en la vida política. El nombre del partido de Volodymyr Zelensky, Servidor del Pueblo, suena como una amarga ironía. No es la primera vez que los “servidores” abogan por políticas neoliberales extremas, exigen más desregulación y no prestan atención a la situación catastrófica del pueblo trabajador.

Antes de la invasión rusa, millones de trabajadores ucranianos emigraron a países de la UE (y no solo), sabiendo muy bien que incluso los más pobres de ellos, Bulgaria y Rumania, ofrecían ingresos significativamente mejores a un trabajador medio que su país de origen. La vecina Polonia fue una opción favorita. Geográficamente cerca y excelentemente conectado con Ucrania por carreteras y ferrocarriles, con un idioma bastante fácil de aprender para los hablantes de ucraniano y ruso, ya tenía una comunidad de trabajadores ucranianos de 2-3 millones en 2019. Mientras que algunos de ellos trabajaban en Polonia durante un par de meses y luego volvían a vivir con sus familias en Ucrania, otros comenzaron a quedarse de forma permanente. Incluso si Polonia tiene sus propios problemas serios con los derechos de los trabajadores, apenas hay comparación con Ucrania.

«Los activistas polacos y europeos luchan para mejorar las condiciones de trabajo, mientras que nosotros luchamos por obtener las garantías más básicas» – me dice Vitaliy Dudin. «Los bajos salarios prácticamente están estrangulando nuestra economía. Además, entre el 20 y el 30 por ciento de los trabajadores ucranianos están empleados ‘extraoficialmente'».

Incluso trabajar en una empresa estatal, en un sector crítico de la economía, no garantiza un salario estable que permita una vida digna. Como señala Dudin, uno de los grupos profesionales que regularmente se enfrenta a retrasos en los pagos son los mineros del carbón. Es su trabajo, duro e inseguro, el que asegura el sector energético ucraniano. Sin embargo, hubo un momento antes de la guerra cuando el estado les debía más de 4 mil millones de grivnas ucranianas, unos 136 millones de dólares en salarios impagos.

Los mineros organizaban regularmente acciones de protesta espontáneas, incluida la medida más desesperada: una protesta ilegal. Una gran acción de protesta de este tipo tuvo lugar en 2020 en Kryvy Rih, el centro de la minería de hierro, de importancia transnacional. Un grupo de trabajadores de KZRK, una antigua planta estatal que consta de cuatro minas de hierro y más fábricas asociadas, pasó más de un mes dentro de las minas, exigiendo un aumento salarial. Antes de la acción, sus salarios ni siquiera alcanzaban los 1.000 euros. Sus compañeros de trabajo y familiares, que realizaban una protesta simultánea en la ciudad, hicieron una pancarta que decía “La dignidad comienza a partir de 1.000 euros”. Una clara referencia a los eventos de Euromaydan, llamada la «Revolución de la Dignidad» en Ucrania, y una pregunta: ¿podemos realmente hablar de dignidad nacional si la gente está tan mal pagada por su arduo trabajo?

Para los legisladores ucranianos, aparentemente, no hay contradicción.

Después de presentar el proyecto de ley 2136, pasaron a trabajar en el proyecto de ley 5371. Y aunque muchos trabajadores consideraron que el zakon 2136 era una medida dura pero indispensable, el proyecto de ley 5371 no tiene nada que ver con la guerra en curso.

Fue redactado hace dos años por Office of Simple Decisions and Results, una ONG fundada por Mikheil Saakashvili, con participación de USAID y una patronal, para asesorar al gobierno ucraniano en materia de legislación. La idea clave del proyecto de ley es introducir la máxima flexibilidad y desregulación para las pequeñas y medianas empresas (hasta 250 empleados). Según el proyecto, las condiciones de trabajo y remuneración de cada empleado estarían determinadas por su contrato individual de trabajo. Un contrato que el empresario podrá rescindir de forma simplificada.

«Los empleadores podrán escribir todo en estos contratos» – dice Vitaliy Dudin. «Pueden, por ejemplo, asegurar su derecho a llamar a un empleado para trabajar en un día libre. También pueden incluir causas de despido inmediato y no me quiero imaginar qué más incluirán. ¿Una mirada hostil? ¿Una violación del código de vestimenta? Porque no, con el proyecto de ley 5371 todo es posible».

Este experto en derecho laboral espera que las grandes empresas se dividan artificialmente en entidades más pequeñas de 250 personas para que incluso los empleadores más grandes y fuertes puedan utilizar la máxima flexibilidad. No tiene dudas de que las empresas ucranianas aprovechan todas las oportunidades para fortalecer su posición. «Con estas leyes se destruye el equilibrio entre patrones y trabajadores», resume, y agrega que antes de la guerra tampoco había equilibrio. No sólo por la lógica misma de las relaciones capitalistas trabajo/capital, en las que los trabajadores son siempre el lado más débil. También por el hecho de que no existe una institución estatal en Ucrania dedicada en particular a la defensa de los derechos de los trabajadores. Las cuestiones del mercado laboral son del área del Ministerio de Economía, y se supone que el mismo ministerio aboga por el ‘espíritu empresarial’ y los derechos de los empleadores.

Sotsialny Rukh ha creado una lista negra de empleadores ucranianos que ya hicieron uso de las opciones del proyecto de ley 2136: contratos de trabajo suspendidos, despidos o renuncia a una parte del convenio colectivo. Entre ellos se encuentra ArcelorMittal Kryvyy Rih, otro gigante siderúrgico. Los activistas están elaborando la lista negra, utilizando la información publicada en los medios y/o proveniente de los propios trabajadores. Y están bastante seguros de que la lista está incompleta.

Lo que los sindicatos no pueden hacer ahora son protestas callejeras o huelgas; esto también se incluyó en el proyecto de ley 2136. Para detener el proyecto de ley 5371, están publicando llamamientos a los legisladores ucranianos, señalando que esta legislación podría poner en peligro las ambiciones europeas del estado. Después de todo, Europa, incluso después de sus propias contrarreformas en diferentes estados afectados por el pensamiento neoliberal, ni siquiera está cerca de la desregulación que propugnan los políticos ucranianos. El proyecto de ley 5371 contradice la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por no hablar de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

¿Este tipo de argumentación salvará a los trabajadores ucranianos de una mayor degradación? Pronto lo sabremos, ya que la mayoría parlamentaria está presionando para votar el proyecto de ley 5371 lo antes posible. Vitaliy Dudin no tiene dudas cuando le pregunto qué tipo de leyes laborales deberían haberse votado en su lugar. «Los trabajadores deben tener derecho a dejar de trabajar cuando la empresa les deba el salario que les corresponde. También necesitamos protección contra la discriminación, el mobbing, una mejor protección de los activistas sindicales. Además, la legislación ucraniana permite que los sindicatos participen en la gestión de la empresa. Lo hemos olvidado y debemos luchar para que esta disposición se ponga en práctica. No estoy en contra, en principio, de un apoyo estatal a las empresas. Y sí, hay empresas que efectivamente fueron destruidas y no pueden continuar sin la ayuda del estado».

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