Guillermo Knochenhauer
…Detrás del ritmo de crecimiento de Tabasco siguieron Oaxaca, que creció 12.6% en el periodo de referencia beneficiado por el Corredor Interoceánico, y Quintana Roo, con 7.8% de crecimiento atribuible al Tren Maya y las inversiones hoteleras. Chiapas está 6.7% arriba del nivel que tenía a fines de 2019, aunque en ese caso tienen mayor impacto las remesas, que pasaron de 500 millones de dólares en el primer semestre del 2019 a 2,000 millones en el mismo periodo del 2023.
Un factor clave de una política orientada a la distribución del ingreso es la estructura fiscal. En México, las empresas deben pagar, en términos generales, un 30% por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), 16% de IVA por adquisiciones de bienes o servicios y otro 10% en Participación de los trabajadores en las Utilidades (PTU).
Durante su campaña presidencial, López Obrador reiteró que al menos durante los primeros tres años de su gobierno no crearía nuevos impuestos ni elevaría la tasa de los existentes. Pasados esos tres primeros años, tampoco se emprendió la considerada por muchos, indispensable reforma fiscal en México.
La acción fiscal emprendida ha sido el cobro de adeudos en impuestos a grandes contribuyentes y la prohibición, por ley, de su condonación; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) elaboró el Plan Maestro 2022 de Grandes Contribuyentes, considerados como tales aquellos que declaran ingresos por más de 1,500 millones de pesos al año; en ese padrón figuran 11 mil 028 empresas. El objetivo del plan es, por supuesto, incrementar la recaudación de ese padrón de causantes mediante una mejor fiscalización, que ya se venía practicando; durante el trienio 2019, 2020 y 2021 se recaudó un total de 541 mil 682 millones de pesos, mientras que en todo el sexenio anterior se cobraron 630 mil 784 millones de pesos.
No obstante, la importancia de estas medidas fiscales y contra lo que harían pensar las puntuales alusiones presidenciales a abusos de grupos empresariales, el Panorama Social 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostiene que los milmillonarios mexicanos -los grandes contribuyentes- incrementaron su patrimonio 11 por ciento entre 2019 y 2021, mientras la pobreza y la pobreza extrema también crecieron.
Protagonismo del Estado
Alcanzar la justicia social fue el gran reto de la Revolución Mexicana hecha gobierno y lo sigue siendo en este Siglo XXI; hoy más que nunca, en la pobreza y las desigualdades interactúan algunos de los mayores problemas de México, desde la violencia en sus diversas manifestaciones -intrafamiliar y social-, el estancamiento desde hace cuarenta años de la movilidad ascendente de las clases sociales y el descrédito del gobierno y sus instituciones.
La democracia formal, sin adjetivos, despojada de sustancia social, ha perdido seguidores interesados ante la manifiesta incapacidad del Estado para ofrecerle a la sociedad certezas básicas frente a la proliferación de la violencia, de la corrupción, de los bajos ingresos familiares y de abusos reconocibles por todos.
Hay que recordar que desde el sexenio de Miguel de la Madrid el PRI, el PAN y el PRD perdían votos en cada elección que transcurría, un indicador claro de que habían dejado de representar e inspirar confianza a millones de personas y de que la política tenía poco que ver con los intereses sociales mayoritarios.
A fin de restablecer capacidades perdidas del gobierno, dividido en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la actual administración estableció, entre otras medidas, tres a destacar: un nuevo modelo de comunicación, un distanciamiento más formal que real con el poder económico, y promovió reformas legales e institucionales, algunas controversiales.
Empecemos con el modelo de comunicación social instaurado personalmente por el presidente López Obrador para establecer una identificación discursiva con los sectores tradicionalmente carentes de influencia política, para quienes el gobierno era cosa ajena; entre esos sectores, la aceptación o popularidad del presidente es muy alta y al parecer corresponde al sentimiento de representación de sectores populares que lo experimentan por primera vez, y encuentran en el presidente a quien encarna una serie de anhelos, propuestas y características morales que lo hacen creíble.
La aceptación popular del presidente eleva el promedio general por encima del 60 por ciento. El contrapunto de esa representación es que depende sustancialmente de la personalidad de López Obrador, no de un sistema institucional, lo que la hace frágil y que, para la continuidad del proyecto, en caso de que llegue Claudia Sheinbaum a ocupar la presidencia de la República, las bases de apoyo a AMLO no serán transferibles y ella tendrá que construir sus propios vínculos de representación, o quedar como rehén de grupos que las tengan.
Acentúa la condición de fragilidad del poder político del régimen, el vilipendio reiterado por López Obrador desde las “mañaneras” a sectores sociales clave para la gobernanza política, como lo son el empresariado (que en su inmensa mayoría pertenece a las clases medias del país) y aquellos trabajadores y empleados que en su mayoría se perciben como integrantes de esas clases medias y que, con todo derecho, reclaman no estar representadas en el discurso y las acciones del poder público.
Además de su propia experiencia de clases vilipendiadas como “escaladoras, arribistas y oportunistas”, y castigadas con la caída de sus ingresos desde la pandemia, los sectores medios tienen como fuente de información y opinión crítica a los medios de comunicación masiva, impresos, radiofónicos y televisivos cuyos intereses también fueron afectados en los presupuestos dedicados a publicidad y propaganda del gobierno; con muy pocas excepciones, la mayoría de esos medios se ha convertido en una pertinaz oposición -sin aportar elementos de reflexión útiles- a todo lo que propone y hace el gobierno.
El presidente ha confiado en las “benditas” -así les llama- redes sociales, pero es cada vez más claro que su creciente protagonismo es totalmente independiente de lo que convenga o perjudique al gobierno.
Una segunda línea de acción de AMLO para recuperar márgenes de acción política del poder público ha perseguido un mejor equilibrio del balance de poder entre el gobierno (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales), y los grandes intereses económicos que desde el mercado han ejercido una influencia excesiva en las políticas públicas durante décadas.
Con el propósito -independiente de otros- de dejar establecido el alcance del poder del gobierno, se han realizado acciones puntuales en el ámbito de poder de los grandes capitales; la primera con la que el nuevo gobierno quiso dejar establecido “quien manda”, fue la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de una consulta popular orientada a rechazar el proyecto como un plan de negocios abusivo; también es verdad que era técnicamente desaconsejable construirlo en el vaso de Texcoco.
Además, se confrontó al oligopolio que participaba en la compra de medicamentos para el sector público para centralizar las compras, lo que ocasionó desorden administrativo durante un año y desabasto de diversos medicamentos; también se forzó la renegociación de contratos que se consideraron leoninos para el país, y que muy probablemente lo eran, como los gasoductos y la administración privada de reclusorios.
Aunque es muy pronto para hacer una evaluación sobre el impacto que esas medidas haya tenido en el poder económico y retracción política de los grupos afectados, hay que decir que los mayores capitales de México tienen sus mayores intereses en áreas como banca, telecomunicaciones y medios masivos de comunicación.
La tercera línea seguida para ampliar márgenes de acción del sector público ha consistido en promover reformas legales, así como la modificación de la dinámica y funciones de diversas instituciones, entre las que destaca el caso de las fuerzas armadas del país.
En el apogeo del poder presidencial al contar con mayoría calificada en el Congreso, el presidente promovió la reforma de más de 55 artículos de la Constitución en diversas materias, entre las que figuran las relativas a la consulta popular, a la revocación de mandato, la eliminación del fuero presidencial y la de las partidas secretas, las cuales generaron polémica en torno al argumento de que hacen vulnerable al poder ejecutivo.
Lo más inquietante, sin embargo, es lo tocante al orden institucional en el que se les han transferido al Ejército y a la Armada responsabilidades y recursos que están fuera de su naturaleza y misión. Se les ha encargado la seguridad pública y patrullajes militares en las calles, tareas con lo que esas instituciones han manifestado incomodidad y, en compensación, al Ejército se le han asignado proyectos de ingeniería civil con inmensos presupuestos, mientras que la Secretaría de Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, sino que también hace las funciones administrativas.
Es cada vez más evidente que al fortalecimiento económico de las fuerzas armadas va correspondiendo un acrecentamiento de su peso político; el Ejército va adquiriendo un poder que no tenía, mientras que el de las autoridades civiles se ha fragmentado por la corrupción vinculada a la delincuencia organizada.
Reflexión final
El problema socioeconómico de México es la pobreza y las desigualdades y, aunque la dirección de las acciones en favor de mejorar las condiciones laborales, asistir con programas de apoyo a la población de muy bajos ingresos y promover el desarrollo regional ha sido acertada, de lo que se ha logrado importan las tendencias establecidas y considerar que su consolidación significaría una profunda actualización del pacto social, un nuevo orden de institucionalización de los conflictos para que tengan solución.
El propósito de mejorar la distribución del ingreso para abatir pobreza y desigualdades requiere nada menos que un nuevo consenso social, mayores márgenes de acción del poder público y consecuentemente, un nuevo orden de libertades democráticas más amplias con nuevos equilibrios de fuerzas económico-políticas.
