México: ¿Elecciones en la “nueva normalidad”?
Edgar Sánchez
En medio de la convergencia de la crisis sanitaria y de la crisis económica que en todo el mundo se desarrolla con motivo de la pandemia, entramos en México a las elecciones intermedias del 2021. Son múltiples las contradicciones y tensiones en esta experiencia que se pretende realizar como si todo estuviera igual, normal, o como se dice, con una “nueva normalidad”.
Pero como parte de la crisis multidimensional que vivimos en el caso mexicano seguimos arrastrando la crisis del propio sistema político y de partidos. La elección presidencial de 2018 pudo dar la impresión de solución a la crisis del sistema político electoral que se arrastraba con mayor fuerza durante el sexenio de Peña por la falta de credibilidad de las instituciones político electorales y por tanto de los partidos. Pero el resultado electoral -el reconocimiento de AMLO como Presidente- no fue la solución a la crisis del sistema político y de partidos. Más bien el reconocimiento del triunfo de AMLO fue consecuencia de esa crisis.
El INE y los partidos quisieron mostrar el resultado del 2018 como prueba de la vitalidad y compromiso democrático del sistema político electoral. Pero no es cierto. La crisis y falta de legitimidad de partidos e instituciones se mantuvo y fue la crisis lo que les obligó al reconocimiento del resultado presidencial. No es casualidad que, desde el inicio del nuevo gobierno, AMLO contantemente ha estado en conflicto con el INE, sin poder transformarlo y señalándolo como la estructura que siempre justificó los fraudes y trampas electorales.
Las expectativas fallidas en los procesos legislativos
Paradójicamente, el reconocimiento de AMLO como Presidente (y la mayoría de Morena en el Congreso) les otorgó a los ojos de algunos sectores una imagen de cierta relegitimación de los procesos electorales, parlamentarios y de vida de partidos. Diversos movimientos, incluso movimientos sociales en lucha, se crearon ilusiones con la acción parlamentaria y legislativa de los diputados y senadores, especialmente con motivo de la conformación de una nueva mayoría que supuestamente revertiría todos los agravios al pueblo y la sociedad realizados por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Esa relegitimación relativa también se vio alimentada, en otro terreno, por el hecho de que se trataba de la primera legislatura paritaria. El importante avance en términos de la representación de mujeres en el Congreso en las elecciones del 2018, ha sido resultado de muchos años de luchas del movimiento amplio de mujeres y del feminismo que poco a poco se fue traduciendo en reformas legales que obligaban a los partidos (aunque no estuvieran de acuerdo) a postular mujeres en sus candidaturas.
La expectativa y relativa legitimación del trabajo legislativo estimuló el cabildeo con las y los congresistas, así como la búsqueda de acuerdos y reformas legales favorables a los movimientos sociales y sus muchas veces añejas demandas. Varias veces la nueva mayoría recurrió al expediente de “parlamento abierto” para escuchar las demandas y supuestamente influir desde el movimiento en las reformas legales a aprobar. El resultado fue frustrante porque la orientación del nuevo gobierno que derrotó al PRIAN y en consecuencia su mayoría legislativa no es resultado de esas luchas, ni es consecuentemente antineoliberal como frecuentemente declara el Presidente.
Como hemos señalado en otras ocasiones, el nuevo gobierno pese a su discurso de supuestamente acabar con el neoliberalismo, mantiene las principales líneas del neoliberalismo como son los megaproyectos, tipo el llamado Tren Maya, el PIM (Plan Integral Morelos), el transítsmico, los proyectos extractivistas, al mismo tiempo que en seguridad pública continúa los procesos de militarización previos, como lo muestra la creación de la Guardia Nacional y el papel central de las fuerzas armadas, especialmente el ejército, en la política gubernamental (recuérdese la defensa total del General Cienfuegos). La crisis humanitaria, reflejada en miles de desaparecidos, ejecutados y el feminicidio rampante, se mantiene también. Y no se trata simplemente de una inercia de violencia previa de los anteriores gobiernos, sino también de la actitud y el enfoque al respecto del gobierno. Ejemplo de ello es la negativa del propio Presidente a reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, según “sus propios datos”. El movimiento feminista ha mantenido su lucha contra los datos reales de violencia y muerte contra las mujeres que niega el Presidente. Esta combinación de discurso antineoliberal y megaproyectos neoliberales, similar al de gobiernos latinoamericanos llamados progresistas en el ciclo anterior, es lo que nos ha llevado a calificar a este gobierno como de progresismo tardío cuando ya no tiene la ventaja de los precios del petróleo para financiar programas sociales, sino solamente la austeridad con la cobertura de la lucha contra la corrupción (ver las resoluciones del CC del PRT en la revista La Internacional 1 y 2). Y a todo ese desastre, en el 2020 hubo que agregar la crisis combinada sanitaria y económica con los terribles saldos no solo de desempleo y parálisis económica, sino de vidas y contagios, básicamente entre la clase trabajadora y las mujeres sometidas, en el confinamiento, a la crisis de reproducción social y cuidados.
Los primeros en sufrir la frustración sobre las ilusiones y expectativas no sólo en el nuevo gobierno sino en la nueva mayoría legislativa fueron organizaciones sociales, relevantemente campesinas, que habían hecho compromiso de voto por Morena y que no solo no obtuvieron candidaturas en el proceso de 2018, sino que ya instalado el nuevo gobierno encontraron el rechazo a sus demandas. Con el argumento neoliberal de que las organizaciones sociales, colectivas, eran instrumentos de la corrupción y que los beneficios sociales debían individualizarse han sufrido la negativa a negociar con ellas y más bien esta ofensiva destructora de las organizaciones colectivas. La aplicación del neoliberal plan de austeridad, denominado austeridad republicana, también justificada en la lucha contra la corrupción, ha significado recortes presupuestales en programas sociales no solo en salud y educación, sino en cultura, programas contra la violencia a las mujeres, búsqueda de desaparecidos y otros más descalificados como corruptos. La cancelación, en esa lógica, de todo tipo de fideicomisos ha llevado incluso al incumplimiento de reclamos históricos como el pago de la deuda con los braceros. Caso relevante ha sido el que la política de austeridad ha afectado principalmente a los programas sociales y políticas públicas enfocados a defender la vida, los derechos y las libertades de las mujeres, pero no sólo por estricta aplicación de la política económica neoliberal de austeridad, sino porque la Presidencia abandera una visión conservadora que se resiste a reconocer la gravedad de la violencia y desigualdad de las mujeres y niñas, como ha explicado Alicia Mendoza (ponencia en la Escuela de Cuadros del PRT “Austeridad y conservadurismo de la 4T contra las mujeres y las niñas”) que demuestra que “en total se redujo el presupuesto de 26 programas de apoyo a las mujeres, lo cual representó un recorte de 69% de los recursos respecto al año anterior”
El recurso del llamado parlamento abierto ha sido señalado en la III conferencia nacional de la Nueva Central de Trabajadores (el 23 de enero de 2021) como maniobra en que supuestamente se escucha a diversos movimientos sociales, pero donde los legisladores no toman en cuenta las propuestas. Igual con recursos como la de las iniciativas populares que no son tomadas en cuenta como la del derecho humano a la energía. Importantes demandas sindicales, como la eliminación del outsourcing se encuentra detenida por la oposición de las cámaras patronales y empresariales. Mientras las demandas de la clase trabajadora se frenan, aquellas de la burguesía encuentran siempre apoyo o incluso a sus propios representantes en las cámaras y el gobierno. Han sido notorios incluso los conflictos entre sectores del gabinete por temas ambientales, como el uso del glisofato, el fracking, los intereses de Monsanto y aquellos que tienen que ver con la privatización del agua como los de Constellation Brands en Mexicali o el agua en Chihuahua y la decisión del Presidente de correr a todo el equipo de Conagua, manteniendo solamente a su actual Titular. Abiertamente, Víctor Toledo, anterior titular de SEMARNAT señaló a los representantes de esos intereses empresariales desde la cabeza que era el Jefe del Gabinete, Alfonso Romo y las oscilaciones e indefiniciones del Presidente.
Debido a la relativa legitimación de la actividad legislativa y partidaria que significó contradictoriamente el triunfo de AMLO en 2018, no deja de sorprender que pese al resultado frustrante para los movimientos sociales en estos casi tres años, ahora haya nuevamente muchos que estén buscando, con infundadas ilusiones, candidaturas en Morena y los otros partidos del gobierno.
