II PARTE
Román Munguía Huato
Teuchitlán: Barbarie social, desapariciones forzadas y narcoviolencia en un Estado “fallido”.
La barbarie reaparece, pero esta vez ella es engendrada
en el propio seno de la civilización y es parte integrante de ella.
Es una barbarie leprosa, la barbarie como la lepra de la civilización
Karl Marx. Manuscritos económico filosóficos
El Estado no busca porque si buscara se encontraría a sí mismo
Madre buscadora
La tierra ensangrentada ya no debe ser el presente ni el futuro abominable dominado por el crimen organizado y cómplices enquistados en los malos gobiernos en turno
Las Abejas de Acteal
A los padres y madres de los desaparecidos y a las Madres buscadoras
A la memoria de mi sobrina Iza Cristina Munguía Gastélum, desaparecida
Un gatopardismo mexicano: «cambiar todo para que nada cambie» …
¿Cómo explicar este encadenamiento de escándalos por el crimen de lesa humanidad que se prolongaron durante años?; años donde hubo un supuesto cambio político democrático “antineoliberal” para acabar con la Mafia del poder (expresidentes del PRI y del PAN), según decía la Cuarta Transformación emprendida por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), iniciado el 1 de diciembre de 2018 y concluido el 30 de septiembre de 2024. Pero la Mafia del poder sigue caminando muy campante.
Ahora, lo acontecido en Teuchitlán estalla en escándalo nacional y mundial durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es muy cierto que la escalada de violencia social y narcoviolencia desatada durante el gobierno panista ultraconservador y neoliberal de Felipe Calderón inicia cuando éste declaró la “guerra a los cárteles del narcotráfico” en diciembre de 2006. El siguiente gobierno priísta de Enrique Peña Nieto no declaró ninguna “guerra” al narco, pero estableció alianzas políticas con los cárteles lo que provocó la desaparición y matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue un crimen de Estado que se trató de ocultar con la llamada Verdad histórica inventada por el gobierno de Peña Nieto donde la versión oficial establecía que una banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos los secuestró y ordenó su asesinato. Según esa versión, sus cuerpos fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula, vecino al de Iguala, en el mismo estado. Esta mentira gubernamental fue desechada por el gobierno de López Obrador quien, sin embargo, a pesar de haber prometido el esclarecimiento de los hechos trágicos, nunca avanzó en nada en la investigación que involucraba a mandos militares y no hizo justicia para los padres y madres de los 43 estudiantes. El expediente sigue abierto y la justicia sigue en espera.
López Obrador mencionó en diferentes momentos de su gobierno, que el tema de la desaparición de personas era una prioridad y que se contaría con todos los recursos necesarios para atenderlo. ¿Cuánto de estos propósitos cumplió y qué resultados entregó? Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNL) el 1 de diciembre de 2018 se contabilizaban 53,296 personas, mientras que en junio de 2024 se reportan poco más de 115 mil, lo que significa que a lo largo del sexenio anterior se sumaron más de 61 mil personas desaparecidas. Por tanto, el presidente no logró detener el incremento, pues la mayor cantidad de desapariciones forzadas sucedió durante el gobierno de López Obrador y la violencia social y narcoviolencia se exacerbaron con la política pasiva y fatal de Abrazos y no balazos, dejando el campo totalmente abierto a las actividades delictivas de los poderosísimos cárteles del narco; entre ellos, uno de los principales grupos del crimen organizado como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En 2020 se identificaron 150 grupos activos de narcos en México operando en 32 estados de la República. En México existen varios cárteles de narcotráfico, entre ellos el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel Independiente de Acapulco, Cártel de Guerreros Unidos, Cártel de Caborca, Cártel Nueva Plaza. Los capos más conocidos son, entre otros, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG; Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, del Cártel de Sinaloa, Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Antrax”, del Cártel de Sinaloa.
Durante la administración de AMLO desapareció, en promedio, una persona cada hora en el país. En el gobierno de Felipe Calderón, cuando inició la militarización de la seguridad pública, ocurrieron 0.49 desapariciones por hora, y en el de su sucesor, Enrique Peña Nieto, fueron 0.64. % del total. Al 27 de enero de 2025 la cifra de personas desaparecidas llegó a 121,651, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). El número de personas desaparecidas día con día en México no deja de crecer y se ha convertido en un lacerante problema. Las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad como política de Estado. En cuanto al número de asesinatos 82 personas fueron asesinadas cada día, el país cierra 2024 con 30 mil 57 homicidios. Con Sheinbaum, los asesinatos suben en sus primeros meses de gobierno. En los últimos tres meses de 2024, que representan la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia el número de homicidios se incrementó tres por ciento, en relación con el mismo periodo de 2023. En todo el País, no hay ningún rincón geográfico donde no haya habido un hecho sangriento vinculado al narco.
En 2010, AMLO expresó su inconformidad por el uso del Ejército para suplir las incapacidades de gobiernos civiles y ante la posible entrada de una reforma para otorgar al ejército más facultades en el combate de la delincuencia habló de una “fallida estrategia de seguridad” emprendida por la administración de Felipe Calderón. López Obrador lanzó el expreso llamado a regresar al Ejército a los cuarteles; esto, tras defender que el cuerpo militar “no debe utilizarse para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”. “No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad (…) No podemos aceptar a un gobierno militarista”, aseveraba el 26 de abril del 2010. Siendo ya presidente, AMLO hizo todo lo contrario y empezó a militarizar al País. Antes que intentar resolver la “fallida estrategia de seguridad”, promesa de retórica vana, continuó con la política de Calderón manteniendo a las tropas castrenses fuera de los cuarteles y, más aún, elevando el presupuesto destinado al Ejército y a ejercer tareas administrativas que no le competen. La inseguridad y la violencia social creció desmedidamente con todo y la militarización. Es muy cierto que México no padece de ninguna dictadura militar ni guerra civil, pero hay tal cantidad de cientos de miles asesinatos y desapariciones que parece que las hubiera. Es tal la inseguridad ciudadana que ni la policía municipal, estatal, ni la guardia nacional ni el Ejército logran establecer un clima de tranquilidad social. El propio Ejército ha incurrido en hechos violentos asesinando a jóvenes, aunque para AMLO es el Ejército del pueblo: “El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, a la libertad, a la justicia, a la democracia y a la patria”. Por supuesto, para el expresidente el Ejército no fue el responsable de la matanza estudiantil y popular de 1968 y de otras posteriores. Cuando AMLO recordó en 2023 la matanza de Tlatelolco, justificó el crimen del Ejército: “Recibió órdenes de Díaz Ordaz”. En la Matanza de Tlatelolco, más de 300 estudiantes murieron en una masacre del Ejército y su grupo paramilitar Batallón Olimpia contra una manifestación pacífica, que ocurrió 10 días antes de los Juegos Olímpicos de 1968.
El proceso de militarización del País con López Obrador fue muy cuestionado interna y externamente. Por ejemplo, en el 2022 la ONU instó al gobierno mexicano a “abandonar de inmediato” la militarización de la seguridad pública. El comité de expertos independientes que visitó el país para documentar la situación de las desapariciones forzadas consideró que la estrategia para combatir la delincuencia ha sido “insuficiente e inadecuada” para la protección de los derechos humanos. En tal sentido, el gobierno de AMLO fue mucho peor que el de Felipe Calderón, pues a pesar de toda la militarización con la creación de la Guardia Nacional y mayor presencia del Ejército la hiperviolencia social no se detuvo y el desgarramiento del tejido social fue trágico. De las casi 480 mil personas asesinadas y los casi 130 mil desaparecidos durante este primer cuarto de siglo, la mayor parte aconteció con el gobierno de Morena. Es como si una pequeña ciudad de medio millón de mexicanos hubiese sido exterminada por una hecatombe.
La Cuarta Transformación –que quiere compararse con profundos cambios históricos como la Revolución de Independencia (1810), la Reforma liberal (1857) y la Revolución democrática de 1910– es una quimera política propagandística demagógica meramente reducida a un cambio formal de naturaleza gatopardista para que todo siga funcionando igual que antes. En tal sentido, Morena es una prolongación del PRI con un nuevo ropaje bonapartista–populista.
