Román Munguía Huato
Teuchitlán: Barbarie social, desapariciones forzadas y narcoviolencia en un Estado “fallido”.
La barbarie reaparece, pero esta vez ella es engendrada
en el propio seno de la civilización y es parte integrante de ella.
Es una barbarie leprosa, la barbarie como la lepra de la civilización
Karl Marx. Manuscritos económico filosóficos
El Estado no busca porque si buscara se encontraría a sí mismo
Madre buscadora
La tierra ensangrentada ya no debe ser el presente ni el futuro abominable dominado por el crimen organizado y cómplices enquistados en los malos gobiernos en turno
Las Abejas de Acteal
A los padres y madres de los desaparecidos y a las Madres buscadoras
A la memoria de mi sobrina Iza Cristina Munguía Gastélum, desaparecida
Un lumpendesarrollo social y un Estado fallido
A partir del llamado modelo de desarrollo estabilizador emergente de finales de los años 40 e inicios de los 50, cuyo agotamiento se da a mediados de los años 60 y principios de los 70, a finales de los años ochenta se impone el modelo neoliberal que a la fecha tiene consecuencias catastróficas. La globalización económica para una nueva dinámica de acumulación capitalista, también trajo consigo la presencia en México de capitales locales involucrados en el trasiego mercantil de los estupefacientes. La historia de la mafia del narcotráfico nacional se remonta a principios de los años 30, se desarrolla con la Segunda Guerra Mundial y se consolida tres décadas después. Precisamente con la imposición del neoliberalismo, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se abre una expansión capitalista al mercado del narcotráfico. Ello dará lugar a un proceso social, económico y político que podemos caracterizar, siguiendo a André Gunder Frank, como lumpendesarrollo.
El lumpendesarrollo significa una profunda deshumanización de las estructuras sociales bajo formas políticas muy degradadas, corrompidas y con una alta violencia social. Si el capitalismo es una máquina trituradora social, especialmente de la fuerza de trabajo, el lumpendesarrollo ha perfeccionado esta máquina para hacerla más eficaz y rápida. Ha sido muy eficaz para aplastar los derechos humanos y cavar más honda la crisis civilizatoria. En tal sentido, el lumpendesarrollo mexicano es una profunda crisis humanitaria de proporciones jamás vistas, derivadas de un capitalismo salvaje y su creciente desigualdad social. El capitalismo salvaje actualmente existente tiene su mayor expresión, precisamente, con la hiperviolencia social, que incluye a la narcoviolencia y su estela pavorosa de asesinados y desaparecidos. Dentro del marco del lumpendesarrollo cabe la consideración de un concepto político sujeto a diversas interpretaciones como es del Estado fallido.
El concepto de Estado fallido es útil para explicar cómo el mayor poder político de una Nación es ineficaz o inepto en muchas de sus funciones institucionales fundamentales, entre otras, el de garantizar la seguridad ciudadana, brindar protección a la población civil contra los altos niveles de criminalidad y delincuencia organizada. En la incapacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para controlar los altos niveles de terrorismo y la violencia del crimen organizado de los cárteles mafiosos narcotraficantes. Este concepto –en su sentido teórico weberiano, muy limitado para explicar la realidad del Estado capitalista– también significa la pérdida de control físico del territorio, o la debilidad del “monopolio en el uso legítimo de la fuerza”, pero desconociendo la naturaleza clasista y sus funciones esenciales como la de instrumento represor a favor del capital. Como sea, lo cierto es que un Estado fallido es ineficaz para tener control relativo sobre el territorio, permitiendo o tolerando el accionar de grupos armados –bandas del crimen organizado armados hasta los dientes o grupos paramilitares bajo órdenes de poderes fácticos– que desafían la autoridad del Estado y también cediendo las decisiones civiles al poder militar en la política de seguridad pública como es, precisamente, el caso de México.
El Estado fallido ha venido sucediendo en las últimas décadas, especialmente a partir del régimen de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador. Por supuesto, el concepto no es muy claro ni preciso porque el Estado, incluido el de naturaleza neoliberal, no deja de cumplir con sus funciones esenciales como instrumento de control, represión y dominación sobre la clase proletaria. En ese sentido, la hiperviolencia social imperante en México es el ejemplo de una profunda crisis política de un régimen gubernamental incapaz absolutamente de establecer la seguridad pública. Eso sucede en todo el territorio nacional, con todo y Guardia Nacional y Ejército en las calles. Poco importa que el monopolio del uso de la fuerza sea legítimo o no. El monopolio de la fuerza se emplea de manera clasista a favor de los intereses del capital. El hecho es que el Estado tiene una naturaleza de clase capitalista, establecer las condiciones políticas para la reproducción de la acumulación de capital, así diga el gobierno demagógicamente: “¡primero los pobres!”, tal como lo repetía incansablemente López Obrador. En su gobierno los ricos se hicieron más ricos. El mismo AMLO decía como los empresarios se han beneficiado con su gobierno: “Estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables; estamos en contra de la corrupción”, declaró grandilocuente en un video en el 2020.
El Estado mexicano también es fallido porque a pesar de todo el conjunto de instituciones y legislación respecto a la terrible crisis humanitaria de los desaparecidos ésta sigue creciendo. El Estado ha creado leyes y organismos relativos al problema de las desapariciones: En el 2017 se expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, de la cual deriva la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y, a su vez, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD). El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) también es organismo gubernamental. Casi toda esta estructura jurídica y operativa se replicó en todas las entidades federativas. En México también hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), una instancia del gobierno federal y su Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Más aún, en el caso de Teuchitlán el papel de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal de Jalisco, no solamente hubo descoordinación entre ellas sino también omisiones o “negligencias” de total ineptitud respecto al protocolo operativo. Las madres buscadoras fueron ignoradas en la investigación del caso.
¿Cuál es el balance general de todo este andamiaje gubernamental? Los resultados son casi nulos pues todo se ha manejado bajo criterios burocráticos y políticos que impiden el apoyo a los familiares de los desaparecidos y la búsqueda de sus seres queridos. El gravísimo problema de los y las desaparecidas es una desquiciante cuestión social pero fundamentalmente es un problema político porque el Estado no ha querido ni ha podido dar respuesta satisfactoria. La seguridad ciudadana no es ninguna prioridad como política pública dentro de un proyecto desarrollista capitalista en el cual los megadesarrollos de infraestructura o equipamiento están en función de los intereses del capital.
Solamente con el escándalo de Teuchitlán la presidenta Sheinbaum se apresuró a actualizar la legislación sobre los desaparecidos, pero esta iniciativa es un maquillaje jurídico para aparentar que algo se está haciendo ante la profunda crisis humanitaria que está desnudando políticamente la incapacidad del gobierno de la 4T para resolver el problema y haciendo perder legitimidad y credibilidad a un gobierno con apoyo popular. Las Madres buscadoras desestiman los arreglos jurídicos de Sheinbaum y exigen ser incluidas y que se indague el sexenio de AMLO. Además, los expertos en búsqueda de desaparecidos y de derechos humanos consideran que “no son ideas nuevas, sino pendientes” las medidas de la presidenta Sheinbaum tras el caso Jalisco.
A la fecha, la presidenta no quiere escuchar ni ver a las madres buscadoras de los desaparecidos. No las ha tomado en cuenta en sus iniciativas para modificar las leyes respectivas. La presidenta está empeñada en defender a su antecesor, tratando de ocultar su irresponsabilidad política. Según ella “los crímenes de lesa humanidad ya no existen en el país”, pero la realidad indica todo lo contrario. Es cierto, como ha dicho, que antes la práctica de la desaparición forzada de personas la hacía el Estado –el terrorismo de Estado, el Ejército y paramilitares– y que ahora solamente los perpetra el crimen organizado; pero se le olvida decir que el terrorismo del crimen organizado lo hace ante la pasividad y la “indiferencia” del propio Estado. “La verdad debe prevalecer siempre en mi Gobierno, no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca desde el Gobierno”, aseveró Sheinbaum. Sin duda, es una buena intención, pero también podría ser que se empieza a fabricar una nueva “verdad histórica” intentando deslindar al Estado.
¿A dónde los desaparecidos?
La mayoría de los desaparecidos van a las fosas clandestinas, que son decenas de miles: México es una fosa clandestina. José Reveles, uno de los mejores periodistas de investigación sobre las mafias del narco y los desaparecidos escribe en su libro Levantones, narcofosas y falsos positivos (2011) que las fosas clandestinas están por doquier: “Los más escandalosos cementerios clandestinos de todos los tiempos en México… aparecieron a partir de 2011 en Durango y San Fernando, Tamaulipas”. México es el país de los desaparecidos, dice Reveles. En el Prólogo, Edgardo Buscaglia escribe: “Ningún ideal u objetivo histórico puede justificar la carnicería humana que ha estado causando la ausencia de una estrategia estatal de desarrollo social y político para fomentar, en general. La prosperidad de las presentes y futuras generaciones de mexicanos y, en particular, para desarticular los andamiajes de los grupos criminales”.
Todos los colectivos de familiares buscadores de los desaparecidos han realizado una labor incansable por encontrar a sus seres queridos, quienes han sido objeto de indiferencia, en general, por los organismos gubernamentales. De hecho, estos grupos han sido quienes han realizado el trabajo que les corresponde por obligación al propio Estado. La infamia del poder gubernamental es tan grande como toda la superficie que puedan tener las fosas clandestinas.
Muchas de las madres buscadoras han sido asesinadas por sicarios narcos con el propósito de amedrentar todo intento de búsqueda. A la fecha no existen cifras oficiales de la cantidad de fosas clandestinas; se menciona casi 3 mil fosas al 2023, pero según otros datos la cantidad se duplica. Una asignatura pendiente para el actual gobierno federal es crear un registro fiable de las narcofosas. México entero es un territorio del dolor y del horror.
¿Qué alternativa a la crisis de los y las desaparecidas?
Lo primero que deberíamos hacer es mostrar toda nuestra solidaridad posible con la lucha que realizan las Madres buscadoras por encontrar a sus hijos e hijas desaparecidas. Ello pasa por exigir un cambio efectivo al Estado en su política a la crisis a este problema, lo que implica también un cambio drástico a la política sobre la seguridad ciudadana. No obstante, la profunda crisis de inseguridad pública es principalmente un problema político, por ende, la respuesta debe ser de orden político, lo cual significa que debemos trastocar profundamente las estructuras del poder político dominante y empezar a construir organizadamente una alternativa democrática radical desde abajo; es decir, desde la base social del pueblo plebeyo constituido por los trabajadores del campo y las ciudades. Se trata de ir generando una solidaridad humanitaria con base a la fórmula de un gobierno obrero, campesino y popular. Solamente un gobierno con orientación clasista proletaria podrá ir resolviendo los grandes problemas nacionales que manifiesta una barbarie social inherente a un capitalismo salvaje. Se requiere de un programa de transición hacia una nueva sociedad regida políticamente por principios rectores socialistas democráticos autogestionarios.
