I PARTE
Michael Roberts
Trump ve a los Estados Unidos como una gran corporación capitalista de la que es el director ejecutivo. Al igual que hizo cuando era el jefe del programa de televisión, The Apprentice, cree que está dirigiendo una empresa y, por lo tanto, puede emplear y despedir a la gente a voluntad. Tiene una junta directiva que asesora y/o cumple sus órdenes (los oligarcas estadounidenses y los ex presentadores de televisión). Pero las instituciones del estado son un obstáculo. Por lo tanto, el Congreso, los tribunales, los gobiernos estatales, etc. deben ser ignorados y/o obligados a llevar a cabo las instrucciones del CEO.
Como buen capitalista (sic), Trump quiere liberar a EEUU sociedad anónima de cualquier restricción para obtener ganancias. Para Trump, la empresa y sus accionistas, el único objetivo son las ganancias, no las necesidades de la sociedad en general, ni salarios más altos para los empleados de la empresa de Trump. Eso significa recortar cualquier gasto superfluo para mitigar el calentamiento global y evitar daños al medio ambiente. La empresa estadounidense debería obtener más ganancias y no preocuparse por tales «externalidades».
Como agente inmobiliario, Trump cree que la forma de aumentar las ganancias de su empresa es hacer acuerdos para adquirir otras empresas o llegar a acuerdos sobre precios y costes para garantizar las máximas ganancias para su empresa. Como cualquier granempresa, Trump no quiere que ningún competidor gane cuota de mercado a su costa. Así que quiere aumentar los costes de las corporaciones nacionales rivales, como Europa, Canadá y China. Lo está haciendo aumentando los aranceles a sus exportaciones. También está tratando de conseguir que otras empresas menos poderosas lleguen a acuerdos comerciales en los que acepten más bienes y servicios de corporaciones estadounidenses (empresas de salud, alimentos transgénicos, etc., por ejemplo, el Reino Unido). Y su objetivo es aumentar las inversiones de las empresas estadounidense en sectores rentables como la producción de combustibles fósiles (Alaska, fracking, perforación), tecnología patentada (Nvidia, AI) y, sobre todo, en bienes raíces (Groenlandia, Panamá, Canadá, Gaza).
Cualquier empresa quiere pagar menos impuestos sobre sus ingresos y ganancias, y Trump tiene como objetivo lograrlo para su empresa estadounidense. Así que Trump y su «asesor» Musk han utilizado una bola de demolición contra los departamentos gubernamentales, sus empleados y cualquier gasto en servicios públicos (incluso defensa) para «ahorrar dinero», para que Trump pueda reducir costes, es decir, reducir los impuestos sobre las ganancias corporativas y las personas súper ricas bien pagadas que se sientan en su junta empresarial de EEUU SA y ejecutan sus órdenes ejecutivas.
Pero no son solo los impuestos y los costes del gobierno los que deben ser recortados. La empresa EEUU SA debe liberarse de «pequeñas» regulaciones sobre actividades comerciales como: reglas de seguridad y condiciones de trabajo en la producción; leyes anticorrupción y leyes contra medidas comerciales desleales; protección del consumidor contra estafas y robos; y controles sobre especulación financiera y activos peligrosos como bitcoin y criptomonedas. No debería haber restricciones para la empresa estadounidense de Trump para hacer lo que quiera. La desregulación es clave para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande (MAGA).
Trump ha ordenado que el Departamento de Justicia abandone todos los procedimientos en curso bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (una legislación contra el soborno y prácticas contables destinada a mantener la integridad de las transacciones comerciales), durante 180 días. Trump tiene como objetivo eliminar diez regulaciones por cada nueva regulación existente para «desatar la prosperidad a través de la desregulación». Ha despedido al jefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y ha ordenado a todos los empleados que «cesen toda actividad de supervisión y examen». El CFPB se creó a raíz de la crisis financiera de 2007-08 y tiene como tarea redactar y hacer cumplir las normas aplicables a las empresas de servicios financieros y a los bancos, priorizando la protección del consumidor en las operaciones de crédito.
Trump quiere más tokens especulativos, más proyectos cripto (como los iniciados por sus hijos) y ha comenzado su propia mememoneda. Los cambios recién propuestos en la regulación contable harían mucho más fácil a los bancos y los administradores de activos mantener tokens cripto, una medida que acerca este activo altamente volátil al corazón del sistema financiero.
Sin embargo, solo han pasado dos años desde que Estados Unidos estuvo al borde de su crisis más grave de quiebras bancarias desde la tormenta financiera de 2008. Un puñado de bancos regionales, algunos del tamaño de los prestamistas más grandes de Europa, se topó con sus límites, incluido Silicon Valley Bank, cuya desaparición estuvo a punto de desencadenar una crisis en toda regla. El accidente de SVB tuvo varias causas inmediatas. Sus tenencias de bonos se estaban desmoronando en valor a medida que las tasas de interés de EEUU aumentaban. Con solo unos pocos golpes de tecla en una aplicación app, la base de clientes tecnológicos asustados e interconectados del banco retiró los depósitos a un ritmo insostenible, dejando a los multimillonarios pidiendo a gritos asistencia federal. Esta desregulación es «un gran error y será peligrosa», dijo Ken Wilcox, quien fue director ejecutivo de SVB durante una década hasta 2011. «Sin buenos reguladores bancarios, los bancos enloquecerán», dijo a la publicación hermana del FT, The Banker.
El mantra de la desregulación de Trump para su empresa estadounidense está teniendo eco entre los ejecutivos de la UE y el Reino Unido. La UE y el Reino Unido ya han abandonado los nuevos requisitos bancarios para el capital internacional acordados en Basilea III, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos. El ex jefe del BCE y banquero de Goldman Sachs, Mario Draghi, está pidiendo ahora el fin de las regulaciones operadas por los estados miembros de la UE, que según él «son mucho más perjudiciales para el crecimiento que cualquier arancel que pueda imponer los Estados Unidos, y sus efectos nocivos están aumentando con el tiempo. La UE ha permitido que la regulación alcance a la parte más innovadora de los servicios, la digital, obstaculizando el crecimiento de las empresas tecnológicas europeas y evitando que la economía desbloquee grandes ganancias de productividad».
En el Reino Unido, la canciller (ministra de finanzas) Rachel Reeves pidió que los reguladores financieros «derriben las barreras regulatorias» que frenan el crecimiento económico, lo que sugiere que la regulación posterior al colapso financiero ha «ido demasiado lejos». ¡El presidente del organismo regulador del mercado de valores del Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados, ¡ha sido reemplazado por el ex jefe del Reino Unido de Amazon! El defensor del pueblo para las finanzas del Reino Unido también ha dimitido recientemente, debido a los enfrentamientos sobre el enfoque pro-empresas del gobierno. Reeves quiere una auditoría completa de los 130 reguladores de Gran Bretaña para saber si algunos deberían ser disueltos. Reeves dijo a una serie de importantes banqueros que «durante demasiado tiempo, hemos regulado el riesgo en lugar del crecimiento, y por eso estamos trabajando con los reguladores para entender cómo una reforma general puede impulsar el crecimiento económico». Eso significa que la desregulación y la asunción de riesgos están a la orden del día.
El Pacto Verde de la UE, políticas supuestamente destinadas a descarbonizar la economía, se están dilatando para competir con la empresa estadounidense de Trump. El comisionado responsable de la UE, Teresa Ribera, ya ha «pospuesto» una ley contra la deforestación por un año. Ahora quiere reducir el número de pequeñas y medianas empresas afectadas por las regulaciones ambientales existentes y reducir los requisitos de presentación de informes, ahorrando así aparentemente el 20% del coste de la regulación. Bruselas ha estimado el coste de cumplir con las normas de la UE en 150 mil millones de euros al año, una cantidad que quiere recortar en 37,5 mil millones de euros para 2029. «Lo que tenemos que evitar es usar la palabra simplificación para significar desregulación», dijo Ribera. «Creo que la simplificación puede ser muy necesaria… para ver cómo podemos hacer las cosas más fáciles». Pero como dice Heather Grabbe, principal consejero del grupo de expertos económicos Bruegel, estos cambios propuestos «parecen ir mucho más allá de la simplificación, lo que facilitaría la presentación de informes, y parecen estar alejándose de la transparencia, que es lo que los inversores han estado pidiendo».
En cuanto a controlar la producción de combustibles fósiles, olvídelo. Karen McKee, directora del departamento de soluciones de productos de ExxonMobil, importante empresa petrolera y gaseista, declaró al FT que las inversiones futuras en Europa dependerían de la claridad regulatoria de Bruselas. «Lo que realmente estamos buscando ahora es acción» y que Bruselas reforme su regulación «bien intencionada» y permita que la industria innove, dijo. «La competitividad es el foco en este momento porque estamos simplemente en una crisis. Estamos logrando la descarbonización en Europa a través de la desindustrialización», se quejó McKee. Aparentemente, el fracaso del capital europeo para invertir y crecer se debe a las regulaciones sobre la producción de combustibles fósiles y a que impiden que las corporaciones puedan competir…
