Roger Heli Díaz Guillén
El patrimonio cultural tutelado por el derecho mexicano como propiedad colectiva de los pueblos desde el 2021 se sustenta en el patrimonio natural y biocultural como fuente y espacio de vida y saberes originarios, que representa desde tiempo inmemorial un legado de nuestros primeros padres que habitaron los territorios; el cual hoy ante los efectos de la vida diaria identificados como cambio climático y calentamiento global cada vez más ciudadanos asumimos la conciencia de su conservación, protección y cuidado, delimitando las responsabilidades humanas y gubernamentales y/o institucionales.
En esta idea subyace el planteamiento de reconocer el liderazgo de nuestro país en el mundo en materia de áreas naturales protegidas que se minimiza con la preocupación de muchos mexicanos por el tratamiento histórico a la protección y sostenibilidad de la naturaleza y territorio protegido, destacando la recomendación 26/2016 que la CNDH dirigió a la SEMARNAT y la CONANP “sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos”, que después de casi 4 años poco se ha atendido, pero SI incrementado la carencia de estos instrumentos normativos en 103 áreas naturales protegidas, a lo que se suma la falta de actualización de 118 programas de manejo que rebasan por años y décadas la falta de su actualización que ordena la ley.
Esta realidad ha sido expuesta en prensa buscando promover su atención mediante la construcción de procesos sociales, normativos y legales con intervención de los responsables: Gobierno, Sociedad Civil, Sociedad Científica, Academias y; los Pueblos dueños del territorio donde se localizan las áreas naturales protegidas federales; NO para cuestionar a las autoridades responsables ya que se ha probado que el problema deviene desde hace un siglo, cuya carencia de Programas de Manejo y actualización se ha incrementado en los últimos 24 años; por ello el análisis de una realidad básica para la vida como es el medio ambiente invita a la conciencia y voluntad política de reconocer los hechos, derechos y obligaciones que esta realidad involucra, buscando la convergencia de intereses mediante acuerdos y/o pactos donde no existen responsables y si actores con interés de su atención con intervención social y consulta pública para evitar daños irreversibles como el sufrido por el parque nacional Cañón del Sumidero.
Esta perspectiva se basa en los Derechos de la Naturaleza motivados en la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que considera la responsabilidad de promover el Bienestar social basado en los beneficios que nos proporciona la Naturaleza como un derecho humano fundado en Derechos de la Naturaleza necesarios para la sobrevivencia y existencia.
La atención considera un programa nacional que requiere mejora del presupuesto de la política ambiental autorizado para el 2024 mediante acuerdo de ampliación ´presupuestal; al reconocerse que ante la necesidad expuesta el presupuesto autorizado resulta insuficiente para trabajos de consulta, investigación, topografía, inventarios, acuerdos y/o pactos con los pueblos y propietarios del territorio protegido como área natural y; construcción colegiada de programas de manejo, que sin lugar a dudas se traducirá en corresponsabilidad para su sostenibilidad con intervención social. La Naturaleza podrá sobrevivir sin nosotros, pero NOSOTROS SIN ELLA NO.
