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Plaza Cívica

Fernando Núñez De La Garza Evia

Uno de los problemas históricos del país es la concentración de la economía y la riqueza. Lo vemos con los muchos monopolios y oligopolios con los que seguimos cargando, trayendo como consecuencia que solo dos hombres –Carlos Slim y Germán Larrea– posean más riqueza que la mitad de la población de toda América Latina. Sin embargo, existe un fenómeno asimismo histórico que pudiese resultar aún peor, donde la clase política resulta su autora: el patrimonialismo. En este sexenio, lo seguimos viendo a todo galope.

De acuerdo al gran sociólogo alemán Max Weber, el patrimonialismo es una forma de dominación política, donde el poder lo ejerce un soberano de manera arbitraria, haciendo imposible distinguir entre patrimonio privado y público. El soberano utiliza todos los recursos económicos del Estado para otorgar favores e imponer su voluntad. No era corrupción porque, como bien afirmó el politólogo americano Samuel P. Huntington, “la corrupción requiere algún reconocimiento de la diferencia entre el rol público y el interés privado”. Pensemos en los emperadores chinos, los sultanes islámicos o los reyes y reinas europeas del medioevo, los cuales nunca dejaban su rol público.

La modernización cambió todo eso. La llegada del capitalismo a naciones otrora atrasadas produjo riqueza económica, el nacimiento de las clases burguesas y el advenimiento de la democracia, estableciendo estrictos controles en materia de transparencia y rendición de cuentas. El caso de ciertas naciones de Asia del Este es emblemático en este sentido. Durante la segunda mitad del siglo XX muchos dictadores de esa región del mundo sabían que la única manera de modernizarse era atrayendo inversiones privadas extranjeras, porque solo así podrían desarrollar sus industrias nacionales y obtener los impuestos necesarios para invertir en la construcción del país. Con el paso del tiempo, llegó orgánicamente la democracia. Si el dictador de Corea del Sur Park Geun-hye (1963 – 1979) recibió honores de Estado en su funeral, su hija, la presidenta Park Geun-hye (2013 – 2017), fue expulsada del cargo bajo cargos de corrupción, sirviendo varios años en prisión.

La historia no puede ser más diferente con lo que actualmente sucede en México. El presidente de la República enaltece la economía del trapiche, le pide al sector empresarial “buscar ganancias razonables” y hace alarde de no tener dinero. Más aún, durante gran parte de su vida ha vivido del presupuesto público: no como un funcionario público de carrera, sino como un político haciendo giras interminables pagadas… por el contribuyente mexicano. Y, por si fuera poco, como presidente de la República organiza una marcha masiva para atemperar su ego, afectado por una manifestación nacida orgánicamente de la sociedad mexicana, con un costo calculado en mil quinientos millones de pesos pagados… por el contribuyente mexicano.

Podríamos agregar más, como los 350 mil millones de pesos que pagaremos por la cancelación a capricho del NAIM, o los costos exorbitantes que tendrán los elefantes blancos llamados Tren Maya, Dos Bocas y AIFA. Tenemos un presidente que condena las fuentes de riqueza, que ha pagado pocos impuestos en su vida, que ataca los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y que mucho se ha gastado a su antojo del erario mexicano. El presidente no distingue entre su dinero y el del país. Es el patrimonialismo recorriendo México, eso sí, en avión comercial.

@FernandoNGE

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