Plaza Cívica
Fernando Núñez De La Garza Evia
Hay una nueva intentona autoritaria en el país. Sin embargo, en esta ocasión no proviene de Palacio Nacional, sino desde la máxima sede de la representación popular, la Cámara de Diputados. Lo anterior resulta lamentable, no solamente ante los cambios propuestos, sino ante la casi unanimidad partidista en la tentativa autoritaria. El futuro de la oposición luce cada vez más sombrío.
Las tensiones entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Cámara de Diputados no son propias de México, ya que suceden en muchas democracias del mundo. En el centro del debate se encuentra la pregunta de si el Poder Judicial debe hacer política pública, facultad que en principio se encuentra reservada al Poder Legislativo. Que el Poder Judicial la haga se observa, por ejemplo, cuando se hace una interpretación extensiva del texto legal para legalizar la marihuana, permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y obligar a los partidos políticos a cumplir con cuotas de género y de minorías. Asimismo, los partidos políticos le quieren quitar al Tribunal Electoral la facultad de dirimir disputas a su interior, algo que sí lo permite la legislación y que, de removerlo, dejaría al militante indefenso frente a sus élites partidistas.
Los orígenes de la abierta hostilidad contra el Tribunal Electoral son turbios. Mario Delgado de Morena, quiso prorrogar su mandato violando sus propios estatutos partidistas. El Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó su reelección y, como había en puerta un proyecto del Tribunal Electoral para hacer efectiva la invalidación, los principales partidos políticos –el PAN incluido– impulsaron una reforma que le ponía al Tribunal Electoral un bozal en la boca. Lo increíble es que el PAN se haya unido a ellos.
La oposición política hizo caso omiso a ciertos principios básicos, las marchas ciudadanas y su popularidad electoral. Pasó por alto principios elementales porque la reforma es abiertamente antidemocrática al interferir en la independencia del Poder Judicial. Desoyeron las marchas porque el creciente descontento de las clases medias mexicanas con el presidente López Obrador tuvo su origen, precisamente, en la intentona antidemocrática de interferir con un instituto electoral, en ese caso el INE. E ignoraron su popularidad bajo su propio riesgo porque los partidos políticos de oposición se encuentran por los suelos: solo el 11.6% del electorado mexicano votaría por el PRI, y 13% por el PAN (fuente: Mitofsky). Únicamente Movimiento Ciudadano objetó desde un inicio la reforma.
Los partidos de oposición finalmente metieron reversa. Pero fue gracias a la presión de sus propios militantes partidistas, de aquellos que querían dejar sin medios de impugnación electoral. Era una oportunidad de oro para diferenciarse del autoritarismo del presidente de la República, pero hicieron todo lo contrario: se amalgamaron. Cada vez, más insalvables.
@FernandoNGE
