Por la Conciencia
Dr. Roger Heli Díaz Guillén
El próximo primero de junio del 2025 el pueblo de México está convocado a participar en la vida democrática, en una elección sin precedente en la historia de nuestro país como es el proceso electoral extraordinario del poder judicial federal, donde se elegirá a 881 cargos entre jueces, magistrados y ministros en toda la república mexicana, de lo que 38 cargos (23 jueces y 15 magistrados) corresponden a Chiapas según los juzgados por materia del derecho existentes; aunque Claudia Rodríguez Sánchez, vocal de la junta local ejecutiva del INE en el Estado explicó un número menor de jueces y magistrados a elegir.
Precisa la Vocal que son 8 magistrados de distrito que se elegirán cuando existen cinco colegiados de circuito (apelación, del trabajo, administrativo, penal y civil, correspondiendo su integración por tres magistrados cada uno que sumarían quince y no ocho magistrados a elegir como ha sido informado; a menos que exista reforma sobre la integración de los colegiados de distrito. Así mismo se informó que son once jueces de distrito a elegir, siete para Juzgados en Tuxtla Gutiérrez y cuatro para Tapachula; omitiendo referir la elección de doce jueces más de asuntos laborales (3), mercantil (1), penal (2) y sistema penal acusatorio (6) existentes en Cintalapa y Tapachula; siendo sugerente que el INE en Chiapas confirme y/o precise la información del número real de cargos a elegir mediante el voto, circunscripción y materia del derecho.
La boletas electorales están organizadas por colores según el cargo que correspondan y por materia del derecho: penal, civil, laboral, de amparo y administrativa; invitando a los poco más de cuatro millones de electores chiapanecos a identificar el perfil de los candidatos, que en lo personal al leer el nombre de los cuarenta y cuatro aspirantes para jueces de distrito, hombres y mujeres, no encontré nombre de juristas aspirantes conocidos en la vida política y pública, excepto al Dr. Placido Morales que es un hombre con experiencia en el derecho del trabajo, que tiene el compromiso moral de aportar a Chiapas en la justicia como Magistrado; siendo de beneplácito identificar en las aspirantes a Juezas de distrito de amparo y juicios federales a la Dra. Belén Ángel Estrada.
La Dra. Belén Ángel Estrada es una mujer profesional de quien tengo muchas y buenas referencias y experiencias de trabajo, destacando su honorabilidad, honestidad, formación, compromiso social y disposición siempre al dialogo sabiendo escuchar. Se formó inicialmente en el trabajo social en la Procuraduría Agraria con sujetos de derecho agrario en la lucha por la tierra y su regularización; desarrollando su formación en la carrera juridicial en la rama administrativa; siendo oportuno dar públicamente mi voto de confianza a su candidatura en boleta AMARILLA, invitando a votar por una mujer que tiene mucho que aportar a la justicia con perspectiva de género, inclusión y respeto a los derechos humanos bajo el principio pro-persona.
La impartición de la justicia federal no es tema de puestos y cargos administrativos y políticos, sino un tema de responsabilidades de debido ejercicio y respecto a los derechos humanos individuales y colectivos y convencionalidad; por lo que los votantes tenemos que asumir criterios para elegir a los mejores profesionales del derecho constitucional, siendo un parámetro el vincular a los aspirantes por ramas donde tengan mayor experiencia, ya sea en lo penal, civil, administrativo, laboral y amparo, destacando que en el derecho administrativo se atienden los asuntos agrarios e indígenas; aunque en estricto sentido el derecho administrativo atiende la regulación de las actividades del Estado por lo que en la boletas electorales de forma incluyente debió destacar el derecho agrario y el derecho indígena que se identifican como derecho social.
En este orden la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un tema sustantivo en la próxima elección, donde participan mujeres y hombres que no son políticos, exdiputados o exsenadores; la gran mayoría poco conocidos por la opinión pública, aunque existen candidatos que esta columna periodística identifica su trabajo y aportan visiones para mejorar la actuación y autoridad moral de esta institución suprema del poder judicial federal; siendo oportuno plantear la importancia de prever como criterio, el que la SCJN cuente con especialistas para atender temas agrarios y temas de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que como sectores sociales, ocupan poco más de la mitad del territorio nacional.
Con esta idea el poder ejecutivo propuso las candidaturas del Dr. Luis Rafael Hernández Palacios Mirón y el Mtro. Hugo Aguilar Ortiz que aparecen en la boleta con el número 50 y 34, respectivamente, quienes los agraristas e indigenistas los identificamos y sabemos de su trabajo y formación profesional que avalan sus candidatura; el primero de ellos se ha desempeñado como magistrado del tribunal superior agrario y procurador agrario y; el segundo citado, su trabajo profesional se ha centrado en la atención, asesoría y acompañamiento de pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Oaxaca, desempeñándose como responsable de los derechos indígenas en los últimos seis años en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, responsable del proceso de elaboración y consulta de la nueva ley general de derechos indígenas y afromexicanos próxima a publicarse.
Propone el Dr. Luis Rafael Hernández Palacios Mirón una justicia cercana a la sociedad donde la autonomía e independencia del poder judicial y división de poderes es una función jurisdiccional que debe fundar su actuación en el principio pro persona, proponiendo cercanía con los justiciables, con los sectores vulnerables, con el pueblo, proponiendo aplicar la convencionalidad para la interpretación de los derechos humanos y fortalecer la facultad de atracción de forma casuística temática como labor positiva y objetiva de la impartición de justicia. Propone que la SCJN debe atender a los sectores sociales olvidados y excluidos de la justicia, principalmente la población campesina e indígena.
Por su parte el Mtro. Hugo Aguilar Ortiz destaca que las resoluciones como verdades legales muchas veces no corresponden a la realidad de los hecho y derechos, por ello debe acercarse la justicia a la realidad para que las sentencias sean fuente de unidad y paz social y no nuevas etapas de conflictividad; proponiendo que en los derechos indígenas la justicia no debe basarse en la simple aplicación de la ley, debemos incorporar la visión colectiva de los pueblos, porque solo así lograremos una justicia real con efectos transformadores en la vida de todos. Debemos asumir una actitud abierta para aprender del otro, su especificidad, contexto y su realidad, para que las resoluciones no solo estén sustentadas en simples razonamientos formales, sino sustentados en enfoques multidisciplinario atendiendo la cosmovisión indígena.
