Razones
Jorge Fernández Menéndez
El llamado Plan B de reforma electoral presentado ayer en el congreso, no mejora en nada nuestro sistema electoral, pero sirve para establecer condiciones favorables para que los virtuales precandidatos de Morena hagan campaña sin ser molestados.
Se quitan sanciones por actos anticipados de campaña, se impide que se pueda anular una candidatura por violaciones a la ley, desaparece la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encarga de esas sanciones. Además, le reduce más de tres mil millones de pesos al INE, pero no le toca ni un centavo a los partidos. Les permite a los funcionarios que son precandidatos hacer campaña, pero no quita ninguno de los candados legales que se crearon, por presiones precisamente del entonces candidato derrotado en el 2006, López Obrador, para que no se pueda hacer verdadero proselitismo, en forma abierta, para esos y cualquier otro precandidato, de quien así lo desee usando sus recursos. No se tocan los tiempos de los que gozan el gobierno y los partidos en radio y televisión.
En síntesis, se impulsa una reforma que tendrá contratiempos constitucionales pero que, además, sólo resulta en beneficio del propio gobierno y de sus aspirantes. Al momento de escribir estas líneas el debate continuaba en la cámara de diputados.
Resulta vergonzoso que se apruebe este llamado Plan B sin discusión previa, en fast track, sin pasar por comisiones, sin que la mayoría de los diputados siquiera conozcan de qué se trata lo que están votando. Es un retroceso legislativo y democrático de décadas. Insisto, es vergonzoso, a ver si como ha dicho Ricardo Monreal, en el senado no pasará sin discutirse y tampoco si viola la constitución. A ver.
Violencia
La violencia sigue sin respetar geografías. Ahora fue en Baja California y Sonora donde enfrentamientos entre grupos criminales dejaron por lo menos 10 muertos, luego de una larga persecución que cruzó los dos estados. Para las autoridades locales se trata de disputas entre bandas ligadas, ambas, al cártel de Sinaloa, un grupo cercano al Mayo Zambada y la otra a los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos. Es un hecho, sobre todo ahora que quedaron relativamente libres los espacios que se disputaban los Chapitos con la organización de Caro Quintero (aunque sus sucesores siguen operando).
No es la primera vez que en Sonora y Baja California grupos que pertenecen, nominalmente, todos ellos, al cártel de Sinaloa se enfrentan por el control de territorios y zonas de operación, sobre todo desde el estallido del tráfico de fentanilo. Entre los grupos de los Chapitos y los del Mayo se han dado muchos enfrentamientos en toda esa zona, en el Triángulo Dorado y también en la frontera sur. Los propios grupos que se disputan con lujo de violencia Zacatecas, están subdivididos a su vez, más allá de la lucha del CJNG y CDS. Algo similar ocurre con el CJNG en Colima y Jalisco.
Michoacán también está muy disputada y era un territorio difícil para el cártel de Sinaloa, pero desde que incursionó el Cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente, sus rivales se fusionaron en Cárteles Unidos (el nombre de Pueblos Unidos es una suerte de marca de uso público, pero son en realidad los sucesores de la Familia Michoacana, o ahora Nueva Familia Michoacana) y por esa vía, apoyando a Cárteles Unidos, se ha metido el de Sinaloa: este grupo ha crecido también en zonas del estado de México, Guerrero, Morelos y esa lucha se prolonga hasta Guanajuato.
El CJNG muestra, como decíamos, divisiones inernas, en Colima y Jalisco. Una vez que se cruza a Nayarit casi todo es tierra del Mayo Zambada y sus a veces confrontados aliados: parte de Nayarit, Sinaloa, Sonora (a pesar de la dura disputa en Sonora con otros grupos como los del Chapo Isidro, los rescoldos de los Beltrán Leyva y los sucesores de Caro Quintero), Baja California y Baja California Sur, son suyos. También Durango, Coahuila y parte de Chihuahua, así como Zacatecas, en disputa.
El CJNG, tiene el centro y los litorales del Caribe y el Golfo. La organización del Mencho, Nemesio Oseguera, tiene la fuerte presencia en Quintana Roo y en la frontera con Belice, enormemente porosa también. Nadie parece tener un control real de Yucatán y habrá que ver qué sucede ahora con Campeche, donde ha aumentado la violencia e inseguridad en el último año. Ya desde el sur de Veracruz, la presencia del CJNG es una constante que penetra en el centro del país, por Guanajuato y San Luis Potosí (donde quiere conectar la Tierra Caliente michoacana, Puebla y Tlaxcala) con este corredor.
Política y justicia
La judicialización de la política es una realidad. Ayer la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de cárcel acusada de corrupción. Se la procesó, junto con otros exfuncionarios, por haber malversado unos mil millones de dólares durante su presidencia. Al mismo tiempo un tribunal de Nueva York declaró culpable a la Organización Trump, que encabeza el ex mandatario, de un enorme fraude fiscal. Y Trump todavía tiene abiertos varios otros procesos en su contra. Y otro presidente, el de Perú, Pedro Castillo, se enfrenta a un nuevo juicio político que lo podría destituir antes de que la próxima semana el presidente López Obrador viaje a Perú para darle posesión de la presidencia de la Alianza del Pacífico, cuya reunión fue suspendida hace unos días en México, precisamente porque Castillo no puede salir de su país.
