Razones
Jorge Fernández Menéndez
La explosión, la tarde de este domingo, de un coche bomba frente a la comandancia policial de Ojocaliente en Zacatecas, dejó diez personas heridas (dos de ellas policías municipales), 17 viviendas destruidas y varios vehículos dañados. El ataque es el cuarto atentado con coche bomba de los tres últimos años.
En Celaya, Guanajuato, en junio de 2023, elementos de la Guardia Nacional acudieron a revisar un vehículo abandonado que supuestamente tenía cuerpos en su interior; al aproximarse, el automóvil fue detonado vía remota, cobrando la vida de un agente y dejando a varios heridos.
Meses después, en octubre del 2024, ya en la administración Sheinbaum, en Acámbaro y Jerécuaro, también en Guanajuato, dos coches bomba estallaron de forma casi simultánea. El primero detonó afuera de la Secretaría de Seguridad de Acámbaro, lesionando a tres policías, mientras que el segundo provocó severos daños materiales en el centro de Jerécuaro.
En diciembre del año pasado en Coahuayana, Michoacán un carro bomba estalló frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria. El atentado dejó cinco personas muertas y 12 heridas, convirtiéndose en uno de los ataques más letales de este tipo en décadas.
En México se han registrado al menos 20 atentados con coches bomba desde 1994, un método que grupos de la delincuencia organizada y células radicales han utilizado para amedrentar a corporaciones de seguridad o facciones rivales y desde la llegada de López Obrador al gobierno en diciembre de 2018 el uso de coches bomba se ha incrementado constantemente. En la mayoría de los casos ocurridos en los últimos años la autoría de esos atentados ha sido asumida o atribuida al CJNG.
Estas acciones deben ser calificadas como lo que son: actos terroristas. Viendo los daños provocados, los costos humanos, no hay que tener miedo a las palabras, esto tiene un nombre y se llama terrorismo. Y en el futuro si no se lo asume de esta forma el fenómeno crecerá.
Según nuestro código penal el terrorismo se describe legalmente como un delito que consiste en realizar actos violentos contra personas, bienes o servicios, con el fin de generar alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular. Estos atentados cumplen con todas las condiciones para ser calificados como actos de terrorismo, similares a los que hemos visto en otras partes del mundo.
Las autoridades tienen miedo de aceptarlo porque le darían la razón a Estados Unidos y porque calificar a los grupos del crimen organizado como terroristas tendría implicaciones legales y políticas muy amplias, incluyendo para quienes sean sus cómplices o beneficiarios.
Según nuestras leyes puede ser procesado por terrorismo todo aquel que, según el artículo 139 del código penal, “acuerda o prepara un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional, incluso sin que el resultado se consume”. Se prevén agravantes cuando el delito “se comete contra un inmueble de acceso público, cuando se daña la economía nacional o cuando se priva de la libertad a alguien como rehén”, lo que incrementa las penas previstas. Incluso el artículo 139 Bis sanciona a quien encubre a un terrorista teniendo conocimiento de su identidad o de sus actividades, e incluso se sanciona la simple amenaza de cometer el delito de terrorismo descrito en el primer párrafo del 139. Estas figuras amplían la protección penal más allá del acto terrorista consumado, abarcando tanto su preparación como su entorno de apoyo.
No es verdad que el crimen organizado no tiene objetivos políticos. Como todo grupo de poder los tiene y su existencia sólo se puede explicar por su capacidad de influir e infiltrar el poder político, económico, social. Viene un año electoral y la tentación de actuar en forma violenta en los estados que tendrán comicios, como Zacatecas, será cada vez mayor.
El cónclave
Ya le llaman, popularmente, el cónclave: una comida que se convirtió en cena entre Andy López Beltrán, su hermano Gonzalo (al que llaman Bobby), Daniel Assaf que era el jefe de seguridad de López Obrador y que ahora es un repentino y muy próspero exfuncionario, íntimamente relacionado en los negocios con Andy y Bobby, y otros dos conocidos empresarios. Estuvieron durante horas en un restaurante de lujo en la ciudad de México, en medio de la crisis de la carta de Andy contra Trump y del regreso y la nueva licencia de Rocha Moya. Fue el pasado 24 de agosto.
No se escondieron: pidieron botellas de vino italiano que en ese restaurante se venden a 24 mil pesos cada una, llegaron en seis camionetas Suburban blindadas con un fuerte resguardo de seguridad, terminaron dejándoles en restaurante solo para ellos.
Mientras tanto, siguen apareciendo datos de empresas relacionadas con Andy, con Adán Augusto López, con Amilcar Olán y con el contrabando de combustible. Pero la FGR sigue sin llamar siquiera a declarar a los involucrados en las denuncias de ese delito, como el ex secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda.
Dicen que no lo pueden encontrar. Un consejo: pregunten en la secretaría de Marina, porque los ex secretarios no pueden pasar a retiro, se mantienen en activo y deben informar de sus movimeintos al titular de la dependencia del que son, formalmente, asesores. Ahí seguramente pueden encontrar al almirante Ojeda. O vayan al penthouse de Cancún en donde vive.
