Razones
Jorge Fernández Menéndez
El hackeo de millones de documentos de los servidores de la Defensa Nacional, así como los que se han producido anteriormente en muchas dependencias federales, incluyendo el Banco de México, pueden ser interpretados de muchas formas, pero sin duda demuestran que no entendemos que la confrontación, algunos la llaman guerra, del presente y el futuro es cibernética.
Así se ha paralizado en Estados Unidos el flujo de energía eléctrica en toda la costa este, se intervino abiertamente en las elecciones de ese país, se trató de manipular las urnas electrónicas, en más de una ocasión se dejó sin energía a Irán para poder realizar operaciones en ese país, se manipulan industrias, empresas, se roban información y patentes.
Cuando el presidente López Obrador milita activamente por la libertad de Julián Assange o se defiende Edward Snowden, se suele olvidar que esos casos no fueron simples actos de libertad de prensa. Assange tenía derecho, como lo tiene Carlos Loret, de divulgar esa información, pero en el caso de Snowden estamos ante un agente de la CIA y la NSA que robó de sus servidores información confidencial y que aparentemente trabaja con Rusia, país donde vive y que le dio la nacionalidad semanas atrás.
Lo que hizo Assange, a través de Wikileaks fue tomar la información que le filtró un operador de sistemas del área de inteligencia del ejército estadounidense, Bradley Manning (que posteriormente, decidió cambiar de sexo y tomó el nombre de Chelsea, y hoy está en libertad) y difundirlo, según fuentes estadounidenses, en acuerdo con servicios de países confrontados con EU.
El ejército de los Estados Unidos acusó a Manning de haber entregado a Wikileaks cientos de miles de materiales secretos, incluyendo un famoso video en el que se observa cómo, desde un helicóptero estadounidense, se mata a un grupo de supuestos miembros de grupos armados en Irak y entre los que se encontraban dos periodistas de la agencia Reuters, lo mismo que numerosos documentos de las guerras de Afganistán e Irak. Pero, fueron más allá, además se filtraron cientos de miles de cables del departamento de Estado, de carácter diplomático. Algunos de esos cables, refieren comentarios y opiniones privadas o secretas de diplomáticos estadounidenses al departamento de Estado, sobre muchos países del mundo, incluyendo México.
Pero lo importante es que se usaron esos cables, y ahí sí está la responsabilidad de Assange, para realizar parte de la campaña negra contra Hillary Clinton, lo que se refrendó con la filtración, también de Wikileaks, en 2016, de correos electrónicos obtenidos de servidores del Partido Demócrata y de la cuenta personal de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton, entonces candidata a la presidencia de los demócratas. WikiLeaks publicó un total de 44 mil correos electrónicos y 17 mil archivos que fueron buena parte de la campaña de Trump contra Clinton. Por eso, entre las acusaciones en contra de Assange, está la de haber participado en la campaña de desinformación que llevaron a Trump a la presidencia.
En nuestro caso, la facilidad con que son penetrados sistemas, algunos de ámbitos tan delicados como la Sedena y antes el Banco de México y muchos otros, demuestran que no se ha invertido ni en capital humano ni en recursos materiales para preservar la información y la invulnerabilidad de esos sistemas. Quien pueda penetrar los sistemas financieros o de defensa, puede intervenir en la infraestructura, la seguridad, la economía: es un tema en el más amplio sentido del término de seguridad nacional.
Cuando asumió el poder, en diciembre del 2018, el presidente López Obrador dijo que en dos años no habría renovación de sistemas y compra de equipos porque aseguró que ese era un negocio de los políticos. Puede ser que alguno de ellos lo haya sido, otros no. Lo que se hizo por ejemplo con la construcción de Plataforma México fue notable. Pero lo cierto es que en los dos primeros años prácticamente no hubo inversión en el ámbito de ciberseguridad.
Hoy esa inversión es el 40 por ciento, en el gobierno federal, de la que se hacía en 2018. Se prometió un incremento de la inversión del 60 por ciento en ciberseguridad para este 2022 pero aún no se ha ejercido. El presupuesto en Sedena para ello ha sido en este año de cuatro millones de pesos. Cualquiera de nuestros grandes bancos, gasta miles de millones al año para preservar sus sistemas de ciberseguridad, lo mismo la mayoría de las grandes empresas. El gobierno federal ha decidido que la ciberseguridad es un gasto superfluo.
¿Qué se pudo haber perdido más allá de los informes sobre la salud presidencial? Mucho, desde información de inteligencia hasta de seguridad pública, interior y nacional, datos personales de todo tipo de funcionarios, comunicaciones e intercambios con otras instituciones militares, nacionales e internacionales, y mucho más.
Cuando se producen este tipo de filtraciones, todas las instituciones de seguridad del mundo, todos los gobiernos aplican estrictas medidas de reparación y realizan investigaciones en profundidad, para saber si fue un hackeo o si fue, quizás más grave aún por lo que implica, como ocurrió con Bradley o Snowden en Estados Unidos, un robo interno de información. El gobierno federal se da el lujo de decir que una filtración de esta magnitud “no será investigada porque al pueblo no le gusta eso de investigar”.
