Razones
Jorge Fernández Menéndez
El fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, nunca tendría que haber ocupado esa responsabilidad. Estaba impedido para ello por la sencilla razón de que era parte interesada en el caso, que había sido parte del movimiento de apoyo a los padres e incluso participó en algunas diligencias en el 2014 y después fue el secretario ejecutivo del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que desde 2015 vienen insistiendo, sin pruebas, en la participación militar en el caso y por ello tuvieron profundas diferencias con las autoridades de procuración de justicia durante la investigación.
Por supuesto, el señor Gómez Trejo estaba y está en todo su derecho de tener una posición definida ante el crimen de la noche de Iguala, de participar en el GIEI e incluso en las diligencias ministeriales de entonces, pero lo que no podía era ser, al mismo tiempo, un fiscal imparcial en este caso. Tampoco lo era, desde el día uno, el subsecretario Alejandro Encinas, un político respetable, pero que lleva consigo una fuerte carga ideológica en el tema, que desde que ocurrieron los hechos suscribió la tesis del crimen de Estado y de que en ello había participado el ejército. Lo mismo pensaba Gómez Trejo, designado por Encinas, y a partir de esas convicciones se comenzó a construir el actual capítulo de las investigaciones.
El martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López se encontró en graves problemas en su comparecencia en el senado porque afirmó, al mismo tiempo, que el de Iguala era un crimen de Estado, pero que el ejército no estaba involucrado en él, salvo algunos elementos. Fuera del dato duro de que no hay pruebas de la participación de esos elementos militares en esos hechos, si se tratara de un crimen de Estado tenemos que hablar de un crimen organizado por las instituciones del Estado, desde el presidente de la república hasta sus brazos ejecutores. Pensar que desde los altos niveles del ejército se puede ejecutar un crimen de Estado sin que se enteren los más altos mandos es absurdo. Si no es así, no estamos ante un crimen de Estado.
Lo más grave es que no hay más elementos para afirmarlo que las declaraciones de un delincuente confeso, que acepta ser un jefe de plaza, de Iguala, nada menos de un cártel, Guerreros Unidos y que sabe los nombres completos, conoce y describe a todo tipo de altos funcionarios del gobierno federal y estatal, al mismo tiempo que dice que nunca los vio ni estuvo en reuniones con ellos. Es un dicho de oídas con base en oídas. Un testimonio que a todas luces parece construido. Otro día ahondaremos en el tema.
La pregunta es porqué tuvo que renunciar Gómez Trejo. Presentó su renuncia, luego de generar mayores filtraciones de información desde la fiscalía, porque, dijo, tenía diferencia con la FGR, ya que le habían rechazado órdenes de aprehensión. En realidad, con la base pericial con que se presentaron esas acusaciones, lo increíble es que se hayan otorgado algunas órdenes de aprehensión. Ayer el ex procurador Jesús Murillo Karam recibió un amparo definitivo en el caso, y si no hay nada nuevo, más temprano que tarde tendría que quedar en libertad. El día que se le giró la prisión preventiva, el propio juez regaño a los fiscales, que dependían de asuntos internos de la FGR, porque ni siquiera conocían bien el caso.
En la gestión de Gómez Trejo fueron notables diversas fallas administrativas y penales, porque no subsanó errores o vacíos de averiguaciones de la anterior PGR permitiendo la liberación de detenidos.
Cuando Encinas se quejó de que fueron liberados 120 personajes vinculados al tema Iguala, lo que no dice es que los mismos terminaron en libertad porque la fiscalía especial no presentó nuevas pruebas contra ellos no ahondó en las investigaciones porque lo que quería no era a los sicarios en la cárcel sino a militares y políticos.
La mayoría de los sicarios quedó en libertad porque cinco años después de los hechos argumentaron que habían sido torturados, aunque en la mayoría de los casos no había denuncias siquiera de golpes y tanto tiempo después no era comprobable. Un juez solicitó que se les realizara el protocolo de Estambul (un estudio internacionalmente aceptado para determinar si una persona pudo haber sido objeto de tortura), a los que muchos ya habían sido sometidos por la PGR, y pidió que fuera a través de expertos independientes. La fiscalía especial dejó pasar los tiempos sin realizarlos. Y así fue como un tribunal colegiado, como explicó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar ordenó su liberación.
Pero no parece que hubiera sido un simple error, porque la fiscalía especial utilizó esa liberación de sicarios confesos y policías que participaron en el crimen de Iguala aquel 26 de septiembre, para cooptarlos como testigos protegidos, y ellos cambiaron sus declaraciones involucrando a personajes políticos y militares. Así fue como Gildardo López Astudillo (convertido en el testigo protegido Juan) se transformó en testigo protegido y quedó en libertad, como otros que estuvieron directamente involucrados en el crimen e incluso fueron ejecutores del mismo.
Sus declaraciones, que no estaban respaldadas en pruebas, se convirtieron en filtraciones a medios para consolidar una historia, la del crimen de Estado, que no tiene más cimientos que las mismas. Sobre eso se construyó también el informe Encinas. Y una construcción sin cimientos, sobre todo si quiere llegar tan alto, todos sabemos que más temprano que tarde termina derrumbándose.
