Razones
Jorge Fernández Menéndez
Según, los documentos oficiales dados a concoer en los primeros días de 2019, cuando apenas comenzaba la administración López Obrador, “la política migratoria del Gobierno de México (2018-2024) se constituye sobre la base del respeto pleno de los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género”. En esos mismos días se declaró una política de fronteras abiertas que generó una avalancha migratoria que se dirigió hacia nuestra frontera norte con todo el apoyo del gobierno federal. Nada de eso duró demasiado, ni las palabras, ni los propósitos ni las políticas.
La administración Trump endureció sus posiciones y asumamos la versión sobre lo sucedido del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, o la del canciller Marcelo Ebrard, lo cierto es que se decidió dar una vuelta de 180 gradops en la política migratoria, se fortalecieron los controles para los ingresos al país, se deportó a cientos de miles, millones de personas en realidad, se desplazaron a las fronteras 27 mil guardias nacionales y soldados y se dejó durante los años de Trump aparcada la agenda bilateral con el único tema central de la migración.
Pronto se fue colando otro tema: el fentanilo. Y más pronto aún las agencias de inteligencia y seguridad deben haber descubierto que ambos van de la mano, porque desde aquellos lejanos años de 2018-19, ha sido el crimen organziado el que ha tomado el control de los flujos migratorios.
Desde que asumió Joe Biden, la política migratoria a ambos lados de la frontera ha sufrido todo tipo de vaivenes. En la Casa Blanca se pasó de las buenas intenciones y las declaraciones de apertura a una política más restrictiva en algunos capítulos que la de Trump. Si en la campaña electoral el candidato Biden se asombraba de que con el Título 42 no se permitiera a la gente solicitar asilo en territorio estadoundiense, ahora se ha institucionalziado la imposibilidad de hacerlo si no se ha pedido antes asilo en un tercer país y por una aplicación en la que cada vez es más difícil conseguir una cita.
Por vía aplicación se dice que se dan, a nivel global, unas mil citas diariamente aunque en realidad, los medios estadoundienses estiman que son poco más de 700 y cuando se conceden las citas, el lugar designado puede estar a más de dos mil 500 kilómetros de distancia, con un agregado, dicen también en la prensa estadounidense, para concertar la cita se necesita hacer un escaneo del rostro y por alguna razón las personas de piel más oscura tienen mayores dificultades en lograr que la aplicación lo logre. Según fuentes gubernamentales ese problema se ha solucionado.
El gobierno de México ha jugado con el tema migratorio: se ha endurecido o aligerado de acuerdo a la coyuntura por la que pase la relación. Estábamos hasta hace unos días en un periodo en el cual se dejaba pasar a todo mundo, pero desde el viernes y en forma repentina no sólo se enviaron más soldados y guardias a la frontera (aquí no se informó el número, pero según fuentes de Estados Unidos serían unos 26 mil elementos los movilizados). Además, se cortaron los permisos de tránsito para los migrantes y se cerraron las 33 estaciones migratorias que existían en el país, usando como coartada el incendio sufrido en Juárez que ocasionó 40 muertos.
En otras palabras, coincidiendo con el fin del Título 42 y la entrada en vigor del llamado Título 8 en Estados Unidos que rechaza automáticamente a cualquier pesonas que pida asilo sin haber solicitado y obtenido cita en un tercer país, México prácticamente ordenó cerrar fronteras para este tipo de migración, cerró las estaciones donde se resguardaba (y en muchas ocasiones se detenía) a los migrantes, se dejó de dar el permiso de tránsito que evitaba que un migrante sin papeles pudiera ser detenido y extraditado, y se incrementaron las extradiciones.
Otra vuelta de tuerca notable, para poner la política migratoria nacional en conjunción con la aprobada por la Casa Blanca.
El apoyo que eso significa para el presidente Biden en momentos en que es golpeado en forma constante y cotidiana por el tema migratorio, es enorme, sobre todo si se extiende en el tiempo. Para México, implica pagar un costo político importante, no sólo por el cierre relativo de fronteras, sino y sobre todo porque se deja sin apoyo alguno, de cualquier tipo, a los hombres, mujeres y niños que traten de llegar a la Unión Americana, si es que no son deportados primero por México. Los acuerdos a los que han llegado ambos países en este sentido no han sido públicos, pero queda claro cuál es la dirección y las líneas principles que han tomado.
El problema es que con lo migratorio no alcanzará para estabilizar la relación, sobre todo por el tema del fentanilo. Las muertes por sobredosis siguen aumentando, actualmente son unos 200 muertos al día, la enorme mayoría de ellos por fentanilo o su combinación con otras drogas. Y en la medida en que Estados Unidos, por el conflicto que mantiene con China no puede frenar el envío de los precursores desde ese país, tendrá que concentrarse en los países que lo industrializan y convierten en pastillas o polvo para su consumo ilegal. Y ninguno es más importante en ese sentido que México.
La pinza migración-fentanilo puede atenazar al gobierno mexicano y, por otra parte, es una amenaza para el estadounidense.
