Razones
Jorge Fernández Menéndez
Hasta el viernes pasado en el gobierno federal minimizaban lo que estaba ocurriendo en el IMSS y en el movimiento de sus trabajadores, personal médico y sanitario y se insistía en que eran sólo un grupo de disidentes en un universo de 490 mil trabajadores. Ese mismo día, el movimiento se había extendido a 18 estados y comenzaban a sumarse en apoyo al movimiento, otros grupos sindicales y sociales.
La demanda trasciende en mucho lo sindical, pero se expresa a través de la inconformidad manifiesta con la actual dirigencia encabezada por el diputado federal de Morena, Rafael Olivos. Durante décadas, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social fue una de las piezas mejor aceitadas del viejo sistema corporativo: disciplinado, bien negociado, siempre del lado del poder en turno. Lo que estamos viendo desde finales de septiembre es otra cosa. No es una disidencia marginal ni una provocación opositora. Es una base trabajadora conformada por enfermeras, médicos, laboratoristas, administrativos, jubilados, que desconoce a su dirigencia, que salió a las calles en por lo menos siete estados (el movimiento ya se ha extendido a 18) y lleva su reclamo hasta Gobernación y las oficinas centrales del Instituto, pero también se moviliza y recibe apoyos de diversos sectores sociales.
El detonante fue el aumento salarial. La dirigencia de Rafael Olivos pactó con el IMSS un incremento directo de 2.9 por ciento, presentado como parte de un paquete de 8.55 que sumaría aportaciones a la cuenta individual por la cláusula 157, además de un complemento salarial. Pero para quienes cobran una quincena que cada día alcanza para menos, la cuenta es más simple: el aumento al sueldo base es menor a tres puntos. La base pide diez. Y tiene memoria: en 2024 el incremento acordado fue de 8 por ciento.
Pero reducir esto a un pleito de porcentaje salarial sería un error. El 1 de octubre, después de horas de marcha desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, trabajadores derribaron una puerta de la sede sindical en la Condesa. Esa imagen de los trabajadores del Seguro forzando la entrada de su propio sindicato, resume la crisis: no tienen interlocución con quien, en teoría, los representa. Por eso la demanda central no es sólo dinero, sino un Congreso Nacional Extraordinario y la salida de Olivos.
Hay un dato que explica mejor que cualquier otro el fondo del conflicto. Entre las exigencias está derogar la parte de los estatutos que impide a los agremiados hablar de los problemas de los hospitales, de la escasez de insumos y de sus condiciones de trabajo. Dicho de otra forma: el convenio firmado por el sindicato funciona también como una ley mordaza. Y lo que se busca callar es justamente lo que el gobierno niega.
Porque el gran tema es el desabasto de medicinas e insumos. En marzo, en la mañanera, se informó que el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar tenían en promedio más de 97 por ciento de abasto de medicamentos. Ayer se volvió a decir lo mismo. Pero los trabajadores que marcharon en Durango, Querétaro, Morelos o la Ciudad de México exigieron el abasto de medicamentos e insumos en el mismo pliego que el aumento salarial. Son ellos quienes tienen que explicarle al paciente renal o al oncológico que no hay medicinas, que el tratamiento se retrasa. Ese 97 por ciento no se reconoce en ninguna sala de espera. Y el condicionante de prohibirles hablar de ese tema detonó aún más la protesta.
Hace cinco meses, en mayo, el propio Olivos, al instalar con el director del IMSS, Zoé Robledo, un grupo de trabajo IMSS-sindicato, señalaba la dotación oportuna de insumos y medicamentos como un área de oportunidad. Hoy su base lo acusa de no haber hecho nada al respecto, ni con eso ni con el salario.
La respuesta oficial ha sido lamentable. Después de un mes de movilizaciones, Gobernación abrió, apenas el 8 de octubre, una mesa con representantes de las 37 delegaciones; un grupo se levantó, denunció que habían sido retenidos y terminó movilizándose en Reforma, donde se instaló un plantón frente a las oficinas centrales del Instituto. Gobernación, en lugar de negociar, pidió no afectar vialidades. La presidenta Sheinbaum anunció una gira de casi tres meses por los hospitales del IMSS-Bienestar en 24 estados. Puede ser útil, pero el conflicto es con los trabajadores, los que todavía sostienen buena parte de un sistema de salud que quedó destrozado luego de los López, Obrador y Gatell.
El gobierno enfrenta un dilema. Sostener a Olivos significa defender a una dirigencia que perdió a sus bases, exactamente el tipo de sindicalismo que la reforma laboral de 2019, con el voto libre, personal y secreto, prometía dejar atrás. Abandonarlo implica abrir un congreso extraordinario sin control en uno de los sindicatos más sensibles del Estado, nadie tiene mayor cantidad de empleados, y aceptar una negociación salarial que superará el marco de austeridad obligada del gobierno.
Lo peor es apostar al desgaste: esperar a que las marchas se agoten, a que los automovilistas se harten de los bloqueos y a que todo vuelva a la actual “normalidad”. El problema es precisamente esa normalidad: hospitales sin insumos, personal agotado, un sindicato que no representa a sus trabajadores y una autoridad que mide el abasto de medicinas e insumos en porcentajes que nadie en una clínica reconoce. Cuando quienes sostienen el sistema de salud dicen públicamente que no pueden más, hay que escucharlos porque los pacientes se han hartado ya de reclamar.
