Razones
Jorge Fernández Menéndez
La muerte de 50 migrantes en la caja de un tráiler en la periferia de San Antonio, en Texas, no es ni un hecho aislado ni un problema que origina exclusivamente la política racista de migración que impera en muchos ámbitos de la Unión Americana, comenzando por el gobierno de Texas. Es un síntoma más de un problema estructural, de un fenómeno social explotado por el crimen organizado que opera a ambos lados de la frontera y que no puede ser ignorado.
El tráiler en cuestión, que viajó desde México, tiene que haber pasado varios controles de seguridad, además de los fronterizos, donde, además, en ambos lados de la frontera se cuenta con scaners para poder revisar los transportes sin exhibir la carga. Unas 26 millas, unos 40 kilómetros ingresando a territorio estadounidense, en la carretera entre Laredo y San Antonio, hay otro puesto de control fronterizo más exhaustivo aún. Ese tráiler con su carga de decenas de personas tiene que haber cruzado todos esos controles. Imposible hacerlo sin un manto protector alimentado por la corrupción.
De los más de 70 ocupantes, unos 19 están aún sin identificar, pero entre los fallecidos, 22 son mexicanos, siete guatemaltecos y dos de hondureños. Que la gran mayoría sean compatriotas demuestra, una vez más, que el flujo migrante, desde 2019, no es ni remotamente sólo centroamericano, sino que son cada vez más los mexicanos que están intentando cruzar la frontera. La mayoría de los detenidos por la patrulla fronteriza son paisanos, casi la mitad del total. Eso implica, también, que la pobreza y la falta de oportunidades han crecido en el país. No siempre fue así, desde 2010 hasta el 2018, esos flujos migratorios disminuyeron significativamente, tanto que incluso en algunos años fue negativo, fueron más los mexicanos que regresaron a nuestro país que los que trataron de dejarlo. Hoy son cientos de miles los que intentan ingresar a la Unión Americana como sea.
El presidente López Obrador pidió nuevamente respeto a nuestros migrantes en Estados Unidos y dijo que trataría el tema el 12 de julio cuando se reúna con Joe Biden en Washington. Tiene razón y tiene derecho a exigirlo, pero el reclamo se debilita cuando en México los migrantes, los nuestros y los que provienen de otros países, terminan siendo tratados, literalmente, como reses por los criminales que organizan sus traslados para tratar de ingresarlos ilegalmente a la Unión Americana.
Lo ocurrido en San Antonio no puede separarse, por ejemplo, de lo sucedido en diciembre, en Chiapa de Corzo, Chiapas, donde en un accidente perdieron la vida 55 personas y más de un centenar quedaron heridos, en un camión en el que viajaban cerca de 200 personas, hombres, mujeres, niños, hacinados en la caja de un tráiler con solo unos hoyos en el techo para que pudieran respirar en un viaje proyectado de centenares de kilómetros. Antes de aquel accidente, como en éste de San Antonio, habían pasado, por lo menos, por tres garitas de control, es imposible que nadie los hubiera detectado, que nadie hubiera visto nada y hay varios viajes similares cada día, desde el sur hacia la frontera norte y casi nunca son detectados.
No nos engañemos, hace tiempo que éste dejó de ser un negocio de polleros. No se puede montar un negocio de tráfico de personas de esta magnitud, movilizando miles de personas cotidianamente, sin complicidades en los ámbitos municipal, estatal y federal, en México y en Estados Unidos. Mientras se pone la atención pública y política en las caravanas de migrantes en las que una bola de vivales hacen caminar a unos cientos que quieren llegar trabajosamente a la frontera norte, el verdadero tráfico se realiza en tráilers, camiones y autobuses, casi siempre en condiciones inhumanas, en trayectos en los que los traficantes hacen lujo de violencia, pero también de impunidad.
Los que manejan el tráfico de personas en México son las redes del crimen organizado que han encontrado en ese delito un enorme filón económico, que a la vez les permite consolidar y extender sus redes de tráfico de drogas y de muchos otros productos.
Les permite extender y generalizar la extorsión de la que son objeto los migrantes y sus familiares en sus países de origen y en Estados Unidos; acceder a personas que, coaccionadas o no, trasladen drogas al otro lado de la frontera; a través de esos migrantes se hacen, obligados o no, de sicarios u operadores. Los migrantes se convierten en ocasiones, demasiadas, en una suerte de mano de obra casi esclava en sus largos recorridos hacia la frontera norte, donde al final pueden quedarse estancados y en situación altamente precaria durante meses. En muchas oportunidades de esas redes los criminales obtienen mujeres y niños para las redes de prostitución. Las agresiones y violaciones son, también, una constante.
En Chiapas, al inicio del sexenio, operaban dos grupos relacionados con cárteles criminales, hoy hay por lo menos cinco y varios otros grupos armados, algunos relacionados con la guerrilla, otros con caciques locales, que están con un pie en la política y otro en el crimen organizado y todos los días se construyeron nuevas redes. La corrupción que ya existía no hizo más que extenderse y generalizarse. El negocio de la migración ilegal que ya era muy lucrativo se potenció geométricamente.
La muerte de medio centenar de migrantes en San Antonio es terrible, pero no es más que un síntoma de un cáncer que nace en la frontera sur y que, ahora confirmamos, cruzó la frontera hasta hace metástasis en la Unión Americana.
