Razones
Jorge Fernández Menéndez
Es un proceso incómodo. La fecha programada es el 8 de marzo de 2027. Ese día tendría que comenzar el juicio contra Rafael Caro Quintero en la corte de Nueva York, un narcotraficante histórico de México y uno de los sujetos más pedidos por la justicia estadounidense. El proceso se debate entre la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial que evite el juicio, hasta la demanda política y de agencias estadounidenses de convertir el mismo en un procedimiento ejemplar, que sería también un proceso contra la narcopolítica en México.
La audiencia de ayer duró apenas 15 minutos. Rafael Caro Quintero no dijo una palabra y volvió a su celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. La comparecencia, ante el juez federal Frederic Block, en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, terminó sin un acuerdo de culpabilidad, aunque ambas partes mantienen abiertas las negociaciones para evitar un juicio.
El juez Block consideró que el caso es “complejo para fines de un juicio rápido” y citó a la fiscalía y la defensa a una nueva audiencia el 20 de noviembre. En el sistema de justicia federal estadounidense, “declarar complejo” un juicio es una decisión procesal, que suspende los plazos de la ley para un juicio rápido y da margen a las partes para negociar.
En marzo de 2025 la fiscal Saritha Komatireddy confirmó, con decenas de agentes de la DEA en la sala, que la pena capital seguía sobre la mesa. El cargo principal es dirigir una empresa criminal continua, pero la principal acusación subyacente es el asesinato en la tortura del agente de la DEA Enrique Camarena (el primer agente de la DEA asesinato por narcotraficantes desde la creación de la agencia antidrogas) e implica como mínimo una cadena perpetua con posibilidad de pena de muerte. En agosto de 2025 el Departamento de Justicia anunció que no buscaría la pena de muerte, pero entonces disminuyó los espacios de negociación: si ya no se negocia la vida, y solo está en negociación la forma en que se aplicará la cadena perpetua, la negociación se mueve en límites demasiado estrechos.
El tema no sólo es si se va o no a juicio, sino si se lleva a ese proceso la historia criminal de los últimos 40 años en México. Caro Quintero es el último protagonista vivo, con capacidad de hablar, del secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena en febrero de 1985. Es el hombre que sabe quién estuvo en la casa de la calle Lope de Vega durante la tortura, quién hizo las llamadas, quién le permitió salir en aquellos días del aeropuerto de Guadalajara rumbo a Costa Rica, y qué funcionarios, policías y militares mexicanos eran sus cómplices. Y la historia de Caro llega hasta hoy con la creación, luego de su liberación, en 2013, del cártel de Caborca.
Caro Quintero estuvo preso 28 años en México, pero siempre se negó su extradición, hasta que fue liberado en 2013 por una decisión judicial inexplicable, estuvo nueve años prófugo, y fue recapturado en Choix, Sinaloa, en julio de 2022, en un operativo que costó la vida de 14 marinos, muertos supuestamente en un accidente de aviación. Nada de eso está en los cuatro cargos de la fiscalía de Nueva York, aunque esos cargos se están ampliando, según se anunció ayer. De esos 40 años, Caro Quintero debería hablar públicamente si se va a juicio. Un acuerdo de culpabilidad con cooperación en Estados Unidos no es una confesión abstracta: es un intercambio. El acusado entrega información verificable, la fiscalía la usa para judicializar otros casos, y el juez la toma en cuenta al sentenciar. Lo que la fiscalía quiere escuchar tiene que ver con 1985 y abarca hasta el presente: las redes criminales y de protección, los pactos de la década que estuvo libre, los políticos que lo protegieron, la participación o no de políticos y funcionarios, comenzando por Manuel Bartlett, en la muerte de Camarena. La DEA, lleva 41 años esperando el testimonio de lo ocurrido en 1985. Seguramente todo eso lo saben, pero con el testimonio toda esa información se puede judicializar.
La fiscalía pidió ayer, y el juez Block lo autorizó, que los nombres, domicilios y lugares de trabajo del jurado del hipotético juicio que tendría que comenzar en marzo próximo, no se revelen ni a las partes ni a sus abogados, con traslado diario de los jurados por alguaciles. La fiscalía adelantó desde 2025 que presentará las grabaciones de los interrogatorios y la tortura a Camarena que son tan explícitas como terribles.
Caro Quintero fue uno de los 92 narcotraficantes que la administración Sheinbaum entregó, sin extradición formal, bajo la figura de la expulsión, a Estados Unidos. Fue una decisión política, al inicio del gobierno de Trump. Buena parte de esos expulsados se han convertido en colaboradores de la justicia estadounidense. En el caso Caro Quintero, si hay un acuerdo, como ocurrió con el Mayo Zambada, los nombres de la narcopolítica quedarán en expedientes sellados, pero el departamento de Justicia tendrá toda esa información, para usarla discrecionalmente en otros casos o en las negociaciones políticas del propio gobierno estadounidense. Si hay juicio, saldrán a la luz en marzo de 2027, frente a un jurado anónimo, con 41 años de retraso, pero con una vigencia incuestionable.
