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Razones

Acapulco y el desafío criminal
 
Jorge Fernández Menéndez

Hace unos días se publicaba un estudio internacional que decía que por lo menos 20 grupos criminales se están disputando Guerrero, a partir de que se desmembró a finales del gobierno de Felipe Calderón el cártel de los Beltrán Leyva. Nadie sabe la cifra exacta porque esos grupos, fragmentados, se dividen y enfrentan entre sí, a su vez, con pasmosa facilidad, pero lo cierto es que los mismos giraron durante los años post Beltrán Leyva, en torno a los Rojos y los Guerreros Unidos, hoy ambos también debilitados.
Uno de los principales factores de violencia en el estado y el puerto, es la llamada policía comunitaria de la UPOEG, una organziación ligada a los grupos criminales. Según publicó ayer nuestro colega Héctor de Mauleón, actúan como brazo armado de Los Rusos, una célula delictiva que hoy encabeza Orlando Rodríguez Soriano, El Ruso, jefe de plaza en Acapulco bajo las órdenes de José Gil Caro Quintero, alias El Pelo Chino: un sobrino de Rafael Caro Quintero, el jefe del llamado Cártel de Caborca, por quien la DEA ofrece 20 millones de dóalres de recompensa y quien, agreguemos nosotros, está tratando de quedarse con los territorios que alguna vez fueron de los Beltrán Leyva y por eso está en una durísima disputa, entre otros, con los llamados Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán.
El Pelo Chino, según Héctor, estuvo recluido en el penal de Puente Grande entre 2005 y 2016 y tras su liberación, comenzó a operar para la organización de su tío y se volvió el hombre fuerte de ese grupo en Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
De acuerdo con la Vocería de Coordinación para la Construcción de la Paz, los bloqueos del sábado pasado en Acapulco respondieron al decomiso de tres armas largas y 100 mil pesos a un grupo de policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), hecho ocurrido un día antes en una casa de seguridad en la comunidad de Alto de Ventura en el municipio de San Marcos.
En un comunicado oficial, se informó que autoridades militares acudieron al municipio de San Marcos, en la Costa Chica del estado, para atender una denuncia ciudadana que reportó a un grupo de personas que portaban armas largas. Ese día unos 150 civiles armados llegaron al lugar y al observar que los militares resguardaban la casa de seguridad, empezaron agredirlos con piedras y palos dejando un saldo de dos elementos heridos en la cabeza.
Lo cierto es que, convocados por la UPOEG, este fin de semana el crimen organizado se apoderó nuevamente de Acapulco.  Supuestos comerciantes, pobladores y choferes del servicio público de transporte realizaron por lo menos 12 bloqueos viales de manera simultánea, porque exigían que los elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, que están en el puerto para realizar tareas de seguridad y vigilancia, abandonen Acapulco.
Se trata, por una parte, de base social de la delincuencia, por la otra de personas amenazadas. Recordemos la multitud de agresiones que han sufrido vendedores, comerciantes, restauranteros en el puerto. Hace poco los delincuentes quemaron el mercado central porque algunos se opusieron a pagar las extorsiones.
El bloqueo del fin de semana ocurrió poco después de las tres de la tarde. Cientos de chóferes estacionaron sus unidades en diferentes puntos de la ciudad con la intención de bloquear la circulación de los automovilistas, provocando un severo congestionamiento vehicular en calles y avenidas del puerto. Los que iban a pie llevaban pancartas con las leyendas “Fuera el Ejército”, “Fuera la Marina” y “Fuera la Policía Estatal”; quienes iban a bordo de sus unidades pusieron mantas en los cofres y parrillas.
Los bloqueos alcanzaron la zona turística del puerto, llegaron hasta la caseta de peaje de la autopista del Sol, la que se ubica en el punto conocido como La Venta, también la zona de hospitales, el ayuntamiento, los túneles de acceso a Acapulco y la carretera hacia el balneario de Pie de la Cuesta, entre otros puntos. En algunos de ellos, incluso, quemaron llantas.
Se está convirtiendo en norma: grupos criminales empoderados buscando amedrentar a las fuerzas armadas. Lo vimos hace unos días donde elementos de la Guardia Nacional eran perseguidos por delincuentes en Nueva Italia, Michoacán. Paradójicamente ese empoderamiento en ocasiones se fomenta desde las más altas esferas del poder.
Tras la persecución en Michoacán el presidente López Obrador declaró en su conferencia mañanera que no sólo se cuida a los militares, sino “también cuidamos a los miembros de las bandas, son seres humanos.” Ayer lo volvió a repetir, e insistió en que no fue un error, que es lo que realmente piensa y cree. Habrá que guardar esa declaración para el futuro, junto con la admisión de que fue él mismo, el presidente López Obrador, quien ordenó cuando el culiacanazo, la liberación de Ovidio Guzmán.
Los seres humanos a los que defiende el presidente han matado en Acapulco a 150 personas, sólo en los primeros cuatro meses de 2022. Después de esa ola de asesinatos y así como de desapariciones y extorsiones, llegaron a Acapulco, desde el pasado 10 de mayo, 600 elementos militares, para resguardar el puerto. Pero los grupos criminales ante la pasividad de las autoridades locales siguen actúan con impunidad, como lo hicieron el sábado.

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