Razones
Jorge Fernández Menéndez
Mañana se cumplen seis meses de que la fiscalía del sur de Nueva York pidió la detención con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros ocho funcionarios del gobierno de Sinaloa, acusados de haber protegido y participado de las actividades del cártel de Sinaloa, en particular de la facción de los Chapitos.
Del lado mexicano, la línea ha sido consistente: no hay pruebas. Lo dijo la presidenta Sheinbaum al día siguiente de la acusación; lo repitió la Consejería Jurídica al tratar de distinguir, en forma confusa e ignorante, entre una solicitud de detención provisional y una solicitud formal de extradición; lo planteó la cancillería en una nota diplomática, y lo formalizó la FGR en julio, cuando el fiscal David Boone de la Garza aseguró que no había elementos “que alcancen el estándar probatorio mínimo de la ley mexicana”. Ese día agregó un dato que no es menor: la FGR no está investigando delitos financieros. Es decir, no está siguiendo el dinero, que es precisamente lo que sostiene la acusación en Nueva York.
No importan las pruebas: Rocha Moya e Inzunza tienen fuero (lo mantiene uno porque solo ha solicitado licencia y el otro lo exhibe en el senado), llegaron al poder con todo el respaldo de López Obrador, y su traslado a un tribunal en Nueva York sería para el partido en el poder el equivalente a abrir una caja de Pandora que nadie quiere abrir en el oficialismo.
La acusación no es el pedido de una “oficina” de Nueva York, como se intentó presentar en la mañanera. Es parte de la misma causa en la que se procesa a Los Chapitos, ante la misma jueza, Katherine Polk Failla. Sostiene que Los Chapitos ayudaron a Rocha a ganar la elección de 2021 con robo de boletas y con el secuestro y la intimidación de opositores; que antes y después de los comicios hubo reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán; que, en una de ellas, custodiada por sicarios con ametralladoras, Rocha e Inzunza pactaron que el cártel tendría el control de la Policía Estatal y hasta de las juntas de aguas. Y que el entonces secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, les entregó una lista con nombres y domicilios de los adversarios del candidato. Todo eso ha sido exhibido en México y en Estados Unidos. No hay pruebas porque no se investiga y porque no se toman, siquiera, declaraciones a los involucrados.
Nada de esto es nuevo. Fue denunciado desde la elección de Rocha Moya en 2021. Desde agosto de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada escribió que fue a una reunión con Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén en la que él fue secuestrado y Cuén asesinado, las pruebas estaban ahí. Las denuncias de víctimas de la elección de 2021 ante la FGR siguen sin moverse.
Pero algo ha cambiado en estos seis meses. De los diez acusados, dos decidieron entregarse. El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, que fue secretario de Seguridad Pública de Rocha, cruzó por Nogales el 11 de mayo y se puso en manos de los alguaciles estadounidenses. Se declaró no culpable, la jueza calificó de abundante la evidencia en su contra y en agosto la audiencia de seguimiento se pospuso sin fecha, porque existía ya una negociación entre las partes para lograr un acuerdo de colaboración. El 11 de agosto dejó la prisión de Brooklyn y no ha sido reingresado a ningún otro penal federal. Ya colaboró.
El caso de Díaz Vega es todavía más evidente. En mayo se informó que se había entregado desde Europa, tras enviar abogados a negociar. Desde entonces no aparece en los registros de prisiones ni ha tenido audiencia de presentación de cargos. Pero la información que tenemos es que el exsecretario y hombre de confianza de Rocha está en Estados Unidos, a donde se le ha unido toda su familia y está colaborando con la fiscalía del sur de Nueva York.
Hace seis meses cuando presentó las acusaciones el entonces fiscal Jay Clayton (hoy el hombre más importante de la inteligencia estadounidense) dijo que no importaba el cargo y que irían por todos esos funcionarios. Todd Blanche, el fiscal general interino, adelantó que vendrán más acusaciones y aseguró que las alimentan los capos trasladados desde México. Terry Cole, administrador de la DEA, dijo ante el Senado que el caso Rocha es apenas el comienzo, y en agosto pasado dijo que tienen identificados a otros funcionarios de alto nivel ligados a grupos narcoterroristas. Para Palacio Nacional “son declaraciones desafortunadas”. En realidad, parecen ser parte de una estrategia muy bien definida que va de la mano con los procesos judiciales que se le sigue a los narcotraficantes procesados en Estados Unidos. Hoy por cierto habrá, si no hay cambios, una nueva audiencia de uno de esos criminales que está colaborando con la justicia, nada menos que Ovidio Guzmán López.
Mientras tanto, Rocha pidió licencia, y ahí sigue, en su casa. Inzunza desapareció cuatro meses, volvió al Senado como independiente, apenas ayer le quitaron la presidencia de la comisión de asuntos legislativos porque, formalmente, dejó de ser miembro de la bancada de Morena, de hecho, sigue siéndolo. Ambos conservan el fuero. La solicitud de desafuero presentada en abril no ha prosperado. En Sinaloa, mientras tanto, en estos seis meses ha habido mil asesinatos y 600 desapariciones. Pero no hay pruebas.
Estas no van a llegar por una nota diplomática: más tarde o más temprano se presentarán en un tribunal de Nueva York, en voz de testigos que fueron cómplices y colaboradores cercanos de Rocha e Inzunza. Cuando eso ocurra, la pregunta ya no será si había pruebas, sino por qué en México se negaron a buscarlas, comenzando por las denuncias que están en los medios desde el 2021 y, luego de la caída de Zambada, en los propios expedientes de la FGR.
